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Opinión

  • | 2017/02/25 22:30

    La frágil estrategia del enemigo público

    No hay que ser un genio para entender que, por más que la firma brasilera llegara a acuerdos con los directivos de la campaña Santos, el negocio dependía de los que llegaran al gobierno.

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Prieto era el sujeto ideal. Había sido el gerente de la campaña presidencial que ganó. Conocía a todos los funcionarios del alto gobierno y tenía como llegar a ellos. Incluso, se podía suponer cierta ascendencia sobre sus decisiones. Y lo mejor, en sus manos estaba el más atractivo de los bocados: había manejado los dineros de la campaña. Así, nada mejor que, ante el escándalo, poner los reflectores al como se financió la reelección del Presidente. Para los políticos una alarma de cuidado. Para los medios un plato suculento.

Y todos caímos en la trampa. Cuando estalla el escándalo de corrupción de Odebrecht, uno de los primeros capturados, acusado de haber recibido 4.6 millones de dólares, tira el anzuelo. Dice que entregó un millón de dólares a la campaña electoral de Juan Manuel Santos. Un mensaje lo suficientemente fuerte como para que nadie se pregunte que pasó con los US$3.6 millones restantes.

¿Quién dijo miedo? Con la declaración de Bula, el Fiscal General hace tambalear al régimen. Le hace sentir a la Presidencia, hacía dónde se había desplazado el poder. Pero unos días después, que Bula hace llegar una carta al Consejo Electoral, en la que aclara que no le consta que los dineros hubieran entrado a la campaña. La duda ya estaba sembrada. Con la carta aclaratoria, los medios le hacen saber al Fiscal que no está en tierra firme.

Sin embargo, la acusación del millón de dólares, caía como un bálsamo para todos. A los uribistas les calmaba la tormenta de señalamientos por los 6.5 millones recibidos por su viceministro García; a las veintena de congresistas, bajo la lupa de la justicia americana y la Corte Suprema que origina el proceso Odebrecht en Colombia, les da un respiro al quitarles de encima la presión de los medios; y al gobierno, le dejaba el mal menor: los dineros no habían entrado al gobierno, sino a la campaña. Otra vez, el Presidente podía decir que todo fue a sus espaldas!!!

La contradicción de Bula devela una estratagema en marcha. El primer paso consistía en recurrir a la inversión de las acusaciones (la corrupción no está en el gobierno, sino en la campaña), encubrimiento de las responsabilidades (ninguno de los ministros y funcionarios del alto gobierno manejo plata de la campaña) y exposición de pruebas (Bula, no esta seguro de que la plata entró). Artimañas de abogados, como dice Foucault en su ensayo Lo que digo y lo que dicen que digo (1977).

El encubrimiento conducía al segundo paso: era preciso tener un acusado, identificar un culpable. Es cuando aparece Prieto. Y Prieto no es Santos. Es la parte del procedimiento que permite orientar la lucha contra un solo adversario, sobre todo si la lucha se plantea en varios frentes de batalla a la vez. Se trata de amalgamar lo diferente, totalizando las culpas en un acusado.

El tercer paso consiste en exorcizar las culpas, asimilando el enemigo con el peligro. Es el principio que justifica los señalamientos. Pero, identificar al enemigo exige poner en marcha una condena, en el sentido judicial del término: es preciso que el imputado sea condenable y condenado, en un proceso en que no importa la naturaleza de las pruebas, sino la fuerza de quien las esgrime. Ahora Prieto aparece como el urdidor de esta gran corrupción. Como el estratega detrás de todo. Sólo faltaba que el Director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), “mencionara” a Prieto en su declaración ante la Fiscalía. Era la “prueba reina” que lo condenaba.

Pero no hay crimen perfecto. Los estrategas del enemigo público no contaban con dos elementos: 1) A diferencia del 8000, en este proceso en Colombia nadie controla nada. Nadie domina el juego, ni tiene toda la información para saber como mover las cartas. Esta vez, hay un jugador externo con todos los ases en la mano: el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y es el que va a marcar la dureza del juego. Y 2) La perspicacia de los investigadores, así como la contrastación de fechas y versiones en la Fiscalía, han comenzado a sugerir que las reuniones ocurrieron después de que había terminado la campaña, de manera que la estrategia del enemigo público cae rápidamente. Los dineros de Odebrecht, sí entraron al gobierno, pero no a la campaña.

No hay que ser un genio para entender que, por más que la firma brasilera llegara a acuerdos con los directivos de la campaña Santos, el negocio dependía de los que llegaran al gobierno. Y como en Colombia, la debilidad de los partidos y la privatización de la política hacen que quienes dirigen las campañas, no siempre sean los que llegan a gobernar, era evidente que los que entraban al gobierno serían los que definían los términos de las licitaciones; asignaban los recursos para las obras; escogían a la firma que ejecutaría la obra; avalarían los cambios en el contrato; y tomarían las decisiones para movilizar los recursos, de manera que todo funcionara como se requería. Y esas acciones y decisiones sólo dependían del gobierno, quien a través de sus instancias institucionales (Confis, Conpes) aprobarían los ajustes a los contratos. Y allí todo era a “otro precio”. El asunto estaba, entonces, en saber ¿quién en el gobierno recibió el dinero? O por lo menos, ¿qué funcionario tenía la capacidad para asegurar que todo se moviera tal y como a Odebrecht le servía? Porque como va, la estrategia del enemigo público, no va a funcionar.

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