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Opinión

  • | 2016/12/10 18:12

    ¿Qué hacer con la política criminal?

    El caso de crimen atroz cometido contra la niña Yuliana Samboní, ha puesto en evidencia los problemas que vive la política criminal en el país.

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Esto es, no sólo la falta de decisión política para tomar las medidas necesarias para combatir las conductas criminales, sino también la escasa capacidad del Estado para disponer de la infraestructura física y de recursos humanos para atender las necesidades de la población afectada por el delito (como víctima o victimario). El que diariamente se reporte que cada 30 minutos un niño o adolecente afectados por violencia sexual, se constituye en una base muy preocupante. 

Para comenzar hay que decir que el primer y principal vacío estructural de la política criminal en Colombia, está en la ausencia de los componentes de “castigo” y “resocialización” a los individuos que incurren en conductas criminales. Pero ese ya es un lugar común. Ya sabemos que la falta de instalaciones carcelarias adecuadas para que los criminales, además de pagar su pena, puedan emprender un proceso de resocialización, deja sin poder coercitivo a la política criminal. Las cárceles se han convertido en verdaderas universidades del delito. Allí no sólo adquieren sus mayores destrezas, sino que además pueden engrosar ejércitos de delincuentes. Pero digamos que se trata de un problema estructural, frente al que poco se puede hacer en el corto o mediano plazo para corregir los vacíos de la lucha estatal contra el crimen.

Los otros dos componentes, la decisión política y la capacidad institucional, se constituyen, sin duda en las dos grandes deudas tanto del Ministerio de Justicia, como de la Fiscalía General de la Nación. Por una parte, desde hace mucho tiempo el Ministerio dejó de ser una instancia capaz de trazar políticas públicas que combatan efectivamente el crimen. El único papel destacado que tiene, al menos sobre el papel, es el de presidir el Consejo Superior de Política Criminal. Pero hoy no es más un organismo de coordinación institucional, y que en la realidad es más bien nulo su papel como instancia de implementación de la política criminal.

Por otra parte, es la Fiscalía la instancia que ha venido asumiendo la responsabilidad de trazar y poner en marcha las principales líneas de política criminal que se han estructurado hasta el momento. La política de Justicia y Paz, que sirvió de marco al proceso de desmovilización y desarme de los jefes paramilitares,  se convertiría en una de las líneas de política más serios y consistentes, que desde la Fiscalía se impulsaría durante los ocho años del gobierno del entonces Presidente Uribe. Sin embargo, Justicia y Paz absorbió la mayor parte de su capacidad. Y con ocasión de la reforma impulsada por el entonces Fiscal Montealegre, que entre otras cosas crea la Unidad de Análisis y Contexto, le da un alcance investigativo y operacional que ha fortalecido a la Fiscalía. Pero la política criminal sigue siendo una asignatura pendiente.

En la Fiscalía, el verdadero hueco negro de la política criminal, está en la infraestructura física y de atención especialmente a los jóvenes que son victimas especialmente acceso carnal violento o asesinato. 1) Hay un déficit muy grande de investigadores con  la suficiente experiencia y formación como para sacar adelante la investigación judicial y garantizar que los procesos no se caigan por mal manejo de las pruebas; 2)  El apoyo que debe dar medicina legal, por ejemplo en los casos de valoraciones es muy débil, pues ciertos exámenes y pruebas periciales que se deben adelantar y de los que depende el avance del Fiscal en la investigación, no están en capacidad de responder a las crecientes demandas del sistema. Incluso hay casos en que la propia Fiscalía reporta que hay exámenes que se retrasan hasta seis meses o un año;   3)La inestabilidad laboral es muy grande. Los cambios de Fiscales en los procesos, por distintas razones, son muy frecuentes y atentan contra la buena marcha de los procesos, afectando la calidad del proceso judicial; 4) La recurrencia en las practicas dilatorias por parte de los abogados, terminan por alterar el curso que siguen los profesores colombianos; 5) La Fiscalía no tiene sistemas de protección y garantías que  aseguren la vida de sus muchachos o de los testigos de pretenden colaborar con la justicia.

Es probable que en el caso de Yuliana, pueda ser resuelto satisfactoriamente por las autoridades. Se ha demostrado una rapidez que le da confianza a la ciudadanía. Pero se necesita que tanto el ministro como el Fiscal le den un timonazo de fondo a las instituciones que manejan, pues para atender ese problemasolo los 15.237 muchachos (as) que han sido violentados desde enero 1 hasta el pasado Octubre 31,ya se convierten en un verdadero desafío para los próximos 4 años.

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