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Opinión

  • | 2017/09/23 10:59

    Si la orden era de arriba, ¿quién estaba arriba?

    Todo parece indicar que la intermediación el Ñoño Elías en la corrupción de Odebrecht, es apenas uno de los peldaños de una escalera que llegaba mucho más arriba.

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Comienzan a aparecer las tiras que van a deshilachar el cuidadoso tejido que se urdió en torno a uno de los actos de corrupción, que se está convirtiendo en el más emblemático de los últimos tiempos: el caso de Odebrecht. No sólo por las instancias tan altas del Estado a las que llegó, sino por la multiplicidad de personajes que directa o indirectamente, conscientes o no, dieron su aval a un proyecto detrás del cual se movieron millones de dólares de manera ilícita.  

El caso comienza con la declaratoria de la “importancia Estratégica del Proyecto Vial ‘Autopista Ruta del Sol’” contenida en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES- identificado con el número 3571 del 9 de marzo de 2009, con el que se da luz verde a uno de los proyectos viales más ambiciosos del país.
Y sigue con la aprobación del documento CONPES, número 3817 que el 2 de octubre de 2014 aprueba la modificación a la declaratoria, incorporando una obra adicional, la vía Ocaña - Gamarra, con el argumento de que “permitirá una mejora sustancial en la conectividad de Cúcuta y Venezuela con el Sector 2 del Proyecto Ruta del Sol y con el Río Magdalena”.

El problema está en que la obra, de aproximadamente 72 km en calzada sencilla y con un ancho promedio de 7 mt., por un valor de 1.2 billones de pesos, fue aprobada violando las normas de contratación estatal y cuyos trámites estuvieron atravesados por el pago de coimas de los contratistas, a favor de terceros.
 
Pues bien. Lo primero que hay que decir es que el acto corrupto comienza a consumarse cuando se hace evidente que, para evitar someterse a una licitación pública, era necesario lograr las autorizaciones que permitieran aprobar la obra mediante otro-sí al contrato vigente y que aseguraran además el flujo de recursos al proyecto.

Y todo eso comenzaba por requerir de las decisiones del Consejo Superior de Política Fiscal –CONFIS-, que autorizaran el aval fiscal para la redistribución de los recursos que financiaran la obra. Luego de las discusiones técnicas y la aprobación de lo que llaman las obligaciones contingentes, era necesario que el mismo CONPES modificara la declaración sobre la importancia estrategia del proyecto que había hecho 5 años atrás sobre la autopista Ruta del Sol 2.

Como se sabe, estos dos consejos deciden cuales son las prioridades del gobierno y cómo se van a desarrollar. Es decir, para dar curso a lo contenido en el Pla de Desarrollo, definen una línea de política y de acciones en el marco del Plan, fijan un cronograma y unas metas, definen los recursos presupuestales y asigna responsabilidades de ejecución a las entidades públicas.

Pero el primer problema de legalidad real aparece en el momento en que se hace evidente que estas decisiones del CONFIS y el CONPES se toman cuando el proyecto ya estaba en marcha, desde el 14 de marzo de 2014. Esto es, desde la fecha en que se firmó el acta de inicio de la “Transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra” entre el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI-, entidad que contrataba la obra, con el representante del consorcio Ruta del Sol 2 (conformado por Odebrecht, Estudios y Proyectos del Sol –Episol- y CAS Constructores), encargados de la construcción de la obra, como lo muestra la investigación de Las 2 Orillas.

Esto significa que el CONFIS, toma su decisión de dar el aval fiscal, casi 10 semanas después de firmada el Acta de inicio de la obra, en tanto que el CONPES modifica la declaración de importancia estratégica del proyecto, seis meses después de iniciada la obra.  

Esa irregularidad fue avalada –con su firma- (repito, no se si de manera consciente o no), por los miembros del CONFIS, integrado por Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, el Consejero Económico de la Presidencia de la República, los Viceministros de Hacienda, los directores de la Dirección General del Tesoro Nacional y Crédito Público y de Impuestos y Aduanas. Y por los que en su momento conformaban el CONPES (Presidente, Vicepresidente y sus Ministros), quienes a la fecha ejercen como Presidente de la República;  Fiscal General de la Nación; candidatos (3) a la Presidencia para el periodo 2018-2022;  candidato a Magistrado del máximo Tribunal de la Jurisdicción Especial de Paz; Presidente del Partido de Gobierno; 4 ministros del despacho; un Director de Departamento Administrativo; un analista de televisión; y dos estudiantes en Nueva York, uno en Boston.   

La manera cono se ha descubierto el entramado corrupto de este caso, revela cuan débil es el sistema judicial colombiano. Si no es por la acción de la justicia de los Estados Unidos, que abrió un gran proceso contra la acción corruptora de la firma Odebrecht, no se habría sabido nada en absoluto de la corrupción de los contratistas de esta obra.  

Pues bien. Con las primeras declaraciones de los imputados, comienza a tomar forma como se produjo el acto corrupto. Lo primero que hay que decir es que, al suscribir en marzo de 2014 el acta de inicio de la obra de mejoramiento del que sería el tramo Ocaña-Gamarra, el Presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, sabía lo que sucedía. Es decir, que la obra no se entregaría por licitación pública, sino por la incorporación de otro-sí al contrato. Y de allí en adelante, que no tenía el aval fiscal para su arranque. Que tampoco estaban solventadas las discusiones técnicas, ni la aprobación de las obligaciones contingentes por parte de la Dirección de Crédito Público. Y mucho menos contaba con la modificación de la declaración de la importancia estratégica del proyecto Ruta del Sol 2, necesaria para darle vida legal a la obra. Y cuando dio trámite a las aprobaciones en el CONFIS y en el CONPES, lo hizo a sabiendas de la ilegalidad en que se estaba incurriendo. La obra ya estaba en marcha.

Pero para darle la formalidad legal, no sólo se necesitaba que Confis y Conpes aprobaran los cambios. Había un requerimiento más complejo: garantizar que se incorporaran los ajustes que fueran necesarios en la Ley de Presupuesto que se debía aprobar en el Congreso. Y para asegurar que no hubiera contratiempos, los contratistas identifican al personaje cuyo margen de maniobra dentro del gobierno y del Congreso, no dejaba duda: el senador Bernardo Miguel Elias.    

Como lo aceptó en su declaración, Elías fue contactado por el intermediario de los brasileros y acordó que su papel era “ayudar a los de Odebrecht sacar rápido Ocaña-Gamarra para que ellos entregaran rápido los recursos con destino a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos Calderón 2014-2018, reelección, primera y segunda vuelta”. No se trataba sólo de una tarea buscando la reelección de su jefe político. También es claro que, si se garantizaba que entrara el dinero para financiar la campaña Santos salía, era dinero que iba directamente a los barones regionales que manejaban las campañas en las regiones, que habían quedado comprometidos con deudas después de las elecciones presidenciales. Y él ahí tenía un lugar importante y su propio interés por que todo saliera rápido. Y eso puede explicar su eficiente papel de “facilitador” de los ajustes (como dice en su declaración, “a favor de la empresa” entre la ANI y los directivos de Odebrecht).

Pero todo esto solo es el comienzo de un tejido que, al tirar de las puntas comienza a deshilacharse. En medio de una cantidad de declaraciones sobre detalles sobre como se fueron cumpliendo los trámites en el Congreso y quieres hicieron la tarea, hay otros asuntos que comienzan a salir a flote. Y que a pesar de tener una parte inverosímil, si plantea otros interrogantes sobre los que nos deberíamos detener con más cuidado. Como por ejemplo aquel en el que el Ñoño Elías sugiere que Andrade sabría que a él (Elías) le “habían entregado una plata para la campaña pero que a él no le importaba porque esa era la orden de arriba: sacar el otrosí Ocaña-Gamarra”. Aunque parece difícil creer que Andrade supiera que le habían dado dinero a su “facilitador” de relaciones con los brasileros, en todo caso si parece verosímil su preocupación por sacar adelante la “orden de arriba”.

No hay duda que una aprobación del Confis y una posterior del Conpes, no se logran solamente por la intermediación del Ñoño y sus amigos políticos, por más peso electoral que tengan ante la Presidencia de la República. Si había una orden de arriba, ¿quién estaba arriba?

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