Radiografía de la crisis colombiana (I)

“Las peores obras son las que están hechas con las mejores intenciones”. Esta frase, atribuida a Oscar Wilde, podría ser la que mejor sintetiza el esfuerzo de la dirigencia política colombiana por encontrar una salida a la crisis y un camino a un país mejor.  

En los últimos 30 años, Colombia ha tenido una nueva Constitución Política, que ya se ha reformado en más de 50 ocasiones; se han emprendido una decena de reformas para reducir el tamaño del Estado o hacerlo más eficiente; y cada uno de los 7 gobiernos que han pasado desde entonces, ha realizado un sinnúmero de ajustes en las estructuras institucionales sectoriales y territoriales. Sin falta, cada uno ha cambiado la normatividad que regula la organización y prestación de los servicios públicos y la seguridad social; ha modificado el régimen de transferencias de recursos a las regiones; y ha ajustado las finanzas territoriales y la responsabilidad fiscal, para citar solo los más relevantes. Y en las propuestas de los más de treinta candidatos presidenciales, otra vez se proponen más reformas a lo mismo que se ha reformado.  

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En todos los casos se ha tratado de reformas bien intencionadas. Un gobierno tras otro, han justificado sus acciones, argumentando que los cambios que eran necesarios; que los ajustes que no se podían aplazar. 

Quizá uno de los indicadores que mejor revela esa vocación reformadora, se hace visible cuando se encuentra que, desde 1995, cada 18 meses y medio se ha expedido una reforma tributaria en el país. Un record difícil de igualar. Y cuando el gobierno Santos creía que “el panorama fiscal lucía despejado después de la aprobación de la reforma tributaria de 2016 que, gracias sobre todo al incremento de la tarifa general del IVA (de 16% al 19%)”, muy pronto han salido los expertos encendiendo la alarma sobre la necesidad de un nuevo (y drástico) ajuste fiscal en el mediano plazo.

No hay duda. La resistencia del gobierno a meter en cintura los gastos, en particular los manejados por las dirigencias políticas y regionales que le apoyan al gobierno sus proyectos de Ley en el Congreso, así como los problemas de sobre-estimación de los ingresos provenientes, por ejemplo, de la renta petrolera o de la contribución de los ciudadanos que pagan impuestos, han impedido que el problema se resuelva seriamente.    

Los cambios permanentes en las reglas de juego, revelan la profundidad de la crisis política e institucional. El ejercicio de gobierno ha dejado de ser el proceso de conducción política de la sociedad y del Estado, para quedar reducido a la administración de intereses particulares; el poder legislativo ya no es el cuerpo de deliberación y control político que asegura el equilibrio de poderes públicos, sino que se ha convertido en una arena de negociación de intereses e intercambio de favores; y el sistema judicial ya no es el garante del cumplimiento de la Constitución y las leyes y, en cambio, ha sido permeado por intereses corruptos.  

La sociedad ha perdido sus instancias de mediación que hacían visibles sus intereses y se movilizaban políticamente en su defensa. Los partidos políticos ya no representan a nadie, ni hacen valer los compromisos electorales. Apenas logran ser un simulacro de organizaciones político-ideológicas, a través de las que se movilizan intereses burocráticos y electorales. El parlamento, lejos de ser la instancia a través de la cual los ciudadanos eligen sus representantes para legislar por el interés común, controlar el gobierno o castigar los comportamientos corruptos de los altos funcionarios del gobierno, sólo se mueve en función de los pequeños intereses de los que han sido elegidos. 

En este panorama de bloqueos cruzados, los medios de comunicación tampoco se salvan. Ante el vacío político dejado por los gobiernos, los medios han establecido nuevos lazos de relación entre los ciudadanos y el Estado, compensando la erosión de la política y el debilitamiento de las instituciones. En su nueva función, el poder de los medios, se extendió hasta llegar a determinar la agenda de gobierno. O, incluso, definir la intensidad y oportunidad de las decisiones públicas en los asuntos más cruciales del manejo estatal: decidir la conveniencia o no de una ley, o imponer la urgencia de una condena judicial.  

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Y mientras los gobernantes están convencidos que gobernar es estar cubierto por los medios de comunicación, los medios se erigen como los grandes referentes “morales” de la sociedad. Ellos dicen que ley es buena o no; sin fórmula de juicio juzgan y condenan a quienes consideran corruptos. Sin embargo, no son quienes defienden a ultranza el interés público sobre el privado, ni mucho menos buscan salvaguardar las instituciones y la cohesión del Estado o la sociedad.

En medio de la incertidumbre, los tejidos políticos y sociales han explotado en mil pedazos. Militares, congresistas, jueces, periodistas, alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, madres comunitarias, juntas de vecinos, minorías étnicas, asociaciones de padres, para sobrevivir se refugian en sus organizaciones, como única alternativa para evitar desaparecer. 

El mejor ejemplo de la explosión son los gremios y sus formas de organización corporativa, que lejos de ser mecanismos de representación, movilización y defensa institucional de intereses (empresariales o sindicales, de productores o consumidores), se han convertido en pequeños “lobbies” –siempre temerosos- que entran en disputa (con los demás “lobbies”) por los beneficios que emergen de la expedición de normas favorables o de la repartición de recursos que haga el gobierno de turno, del presupuesto y la burocracia pública. 

Es la disputa en que nadie gana. Llegados a este punto, esa lucha entre lobbies es quizá la mejor expresión de la crisis colombiana. Como dice  Castoriadis (1995) “cada uno de los lobbies tiene una porción de poder y con ella es capaz de bloquear cualquier política contraria a sus intereses reales o imaginarios; pero ninguno de ellos tiene una política general y si la tuviera no tiene capacidad para imponerla” (Pág. 17). 

Nadie parece dispuesto a ceder en sus pretensiones. Se muestran  dispuestos al sacrificio, pero en aquellos puntos en los que no se tocan sus propios intereses. Invocan la unidad y la necesidad de defender la primacía de lo público, cuando así les sirve. Pero reniegan de ella cuando se desfavorecen. Es el retrato de la sociedad bloqueada.

En 1970, el sociólogo Michel Crozier publica un ensayo en el que analiza cómo, en las sociedades bloqueadas, los políticos con responsabilidad de gobierno se enfrentan al mismo dilema: enfocar los grandes problemas de manera integral para dar soluciones duraderas o centrarse en unos pocos problemas de alto impacto pero de corta duración marcados por las lógicas electorales. Es evidente, que el optar por la segunda opción, lleva a que las sociedades eludan las grandes transformaciones. Y en su lugar, se vayan por el camino de las soluciones a medias que nunca van a resultar.

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Ese ha sido el camino que ha tomado Colombia. Por eso, resulta equivocado hablar de un país polarizado entre uribistas y santistas. Esa es apenas una de las expresiones que, ocasionalmente, toman las disputas entre intereses que encuentran en uno o en otro, un terreno propicio según  lo útil que le pueda resultar. Bien porque va en su propio beneficio, o bien para bloquear alguna iniciativa que lo desfavorece, en una espiral de nunca acabar. Es el germen del fracaso de las reformas. Todos invocan los grandes cambios, los ajustes necesarios, incluso los emprenden, pero cuando se ponen en marcha, cada quien se vuelca a defender lo suyo. No hay duda, el dramaturgo tenía razón. “Las peores obras son las que están hechas con las mejores intenciones”.