PENA DE MUERTE

El publicado episodio de Luis Carlos Arango, el colombiano destinado a morir en la silla eléctrica en La Florida, constituye posiblemente el mejor caso contemporáneo contra la pena de muerte especialmente si consideramos la burda impropiedad de semejante institución para el medio colombiano donde la justicia, coja y paralítica, ni siquiera llega... La polémica suscitada en nuestro país a raíz de la condena del colombiano ha sido desdibujada por el hecho de que el increíble auge de la inseguridad en los últimos meses ha suscitado una derechización de la opinión pública que no resulta útil, ni ofrece la ecuanimidad necesaria para la resolución filosófica del punto en discusión. Es evidente que la simpatía de la opinión pública hacia el señor Arango no puede confundirse con una solidaridad hacia el crimen atroz cometido, por él o por alguien, en un apartamento de Miami, ni se trata tampoco de un brote de pusilanimidad por parte de una sociedad cobarde, cercada por el crimen, como ha querido presentarse por algunos medios. Se trata más bien del inicio de una justa discusión democrática que demuestra altura y madurez por parte de la opinión: si debe o no establecerse la pena de muerte, en cualquier país en general, y en el nuestro en particular.

La ley del Talión: La reacción automática de la ciudadanía demuestra un claro repudio hacia esta medida extrema, antiquísima como el hombre, generadora de grandes polémicas en favor y en contra, pero que tiende, con el paso de la civilización, a desaparecer en casi todos los países que conservan una estructura democrática avanzada. No solamente los Estados de Derecho han ido restringiendo, o prohibiendo, la aplicación de la pena de muerte, por considerarse un castigo cruel, moralmente debatible, y posiblemente ineficaz, sino que la propia Iglesia Católica se ha pronunciado en contra de esta práctica penal por razones humanitarias y teológicas al propio tiempo: la pena de muerte, por constituir un acto de venganza idéntico al crimen original que aconseja mucho la ley del Talión del Antiguo Testamento que tan lejos está de las concepciones modernas de cualquier Iglesia del Espíritu. Al propio tiempo la Iglesia considera que el hombre debe tener, en todo momento, una posibilidad de salvar su alma, y es esta segunda instancia para una nueva vida la que cercena, de modo fulminante, y sin retorno posible, la práctica de la pena capital.

En el caso de Luis Carlos Arango, los argumentos en contra de su ejecución están en el orden del día. En primer término, se trata de una pena inexistente en Colombia y que vulnera directamente los derechos constitucionales de nuestros conciudadanos, ya que la propia Constitución prohíbe tal castigo. En contra de este argumento se esgrime la teoría del jus loci, y la necesidad de sujetarse a las leyes de cada lugar. Cierto. Pero éstas deben estar limitadas por las conquistas de la civilización. Si un periodista norteamericano, capturado por los Maoríes, y juzgado por el brujo de la tribu, fuere condenado a ser hervido vivo en una caldera de aceite, toda la civilización occidental se levantaría como una sola persona para impedir el predominio, en pleno siglo XX, de los últimos rezagos de la barbarie humana. Algo similar está comenzando a suceder con la pena de muerte: que ya no tiene aceptación universal, riñe con los postulados de nuestra civilización, carece de facetas constructivas y no es eficaz en la lucha contra el crimen. En últimas, la pena de muerte se convierte en prerrogativa inhumana de los más despiadados dictadores o de los profetas iluminados, como el general Ríos Montt. Y está sometida a inaceptables presiones políticas. El gobernador de La Florida, para congraciarse con un electorado derechista y elemental, ha firmado durante su período 51 sentencias de muerte. Una por semana. Esta sola estadística es horripilante.

La utilidad de los principios:
¿Qué la justicia norteamericana es impecable y exacta, se dira? Falso completamente. Los informes periodísticos han demostrado las imperfecciones del proceso contra Arango, que insinúan la posibilidad de su inocencia. ¿Se puede acaso condenar a muerte donde no hay una certidumbre a toda prueba? ¿Debe morir en el cadalso el señor Arango por estar implicado en el tráfico de drogas, o por la inmoralidad de su vida social, o lo que es peor, porque los habitantes de Miami y Bogotá se sienten aterrorizados por el hampa? Factores sicológicos, como éste último, perturban el buen juicio de la sociedad y hacen recomendable que esta carezca de remedios extremos para sus males cotidianos, pues decisiones tan graves como la de quitar la vida a una persona --e institucionalizar el procedimiento-- no pueden estar sujetas a las variaciones temperamentales de la población o a la conveniencia política de los funcionarios electos. Es mejor siempre disponer de principios generales, permanentes, de aplicación universal, que ayuden a guiar la conducta de los hombres y la organización de las sociedades en tiempos de crisis. Este principio general, surgido en forma espontánea entre los colombianos en las últimas semanas, es el repudio de la pena de muerte. El caso de Arango es ilustrativo de las inmensas equivocaciones en que puede incurrir la justicia y resulta, por tanto ilustrativo, pero el debate no es particular, sino general.