PENA DE MUERTE

El país más violento del mundo tiene ahora al asesino más sádico de la historia: Luis Alfredo
Garavito, la 'Bestia'. Difícil asimilar, aun para los colombianos, que un ser humano sea capaz de convertirse
en semejante _ y atroz_ máquina de la muerte. Que durante los últimos cinco años su mente enferma y
pedófila se haya dedicado a recorrer el país en busca de niños y adolescentes para violarlos, torturarlos y
luego asesinarlos a mansalva. Y cuya macabra estela de terror haya dejado las osamentas descuartizadas
de 140 menores enterradas en distintos rincones del país.Ante hechos como este, y como sucede cada
cierto tiempo en Colombia, la gente clama porque se instaure la pena de muerte para crímenes atroces.
Hace escasos dos años la pedían con igual ímpetu para los secuestradores, pero ya nos estamos
acostumbrando al secuestro (a tal punto que ya se habla de 'secuestro no extorsivo', es decir el que
debe ser tácitamente aceptable por sus fines políticos y no económicos). Y antes la pedían para los
guerrilleros. Pero la implantación de la pena de muerte, antes como ahora, sigue siendo una salida
simplista e ingenua para resolver la criminalidad, y distrae la atención sobre los verdaderos problemas que
aquejan a nuestro frágil sistema de justicia.En primer lugar porque la pena de muerte ya existe en Colombia,
y desde hace mucho tiempo. No la aplica el Estado en representación del pueblo, pero la aplican sin que
les tiemble el pulso los paraestados y microestados en representación de las minorías violentas: los
paramilitares, la guerrilla, los carteles de la droga, los escuadrones de la muerte del régimen, las pandillas
juveniles, los 'caciques' de las cárceles, etc. Las razones varían pero los métodos son los mismos:
sentencias de muerte selectivas, organizadas y quirúrgicas, y donde detrás de cada cañón humeante
existió la firme convicción de apretar el gatillo. Puede ser por motivaciones políticas como ocurrió con los
casi 3.500 militantes de la UP asesinados por la extrema derecha; por razones geoestratégicas como las
masacres perpetradas por los paramilitares en la región del Catatumbo; por billete como en las sangrientas
vendettas entre carteles; por conspiraciones fallidas como en el magnicidio de Alvaro Gómez; por simple
sevicia como ocurrió con los cuatro policías acribillados por la guerrilla en las selvas del Vichada. O por puro
asco como ocurre con los grupos de limpieza social que masacran a indigentes y prostitutas porque
consideran que 'contaminan' el paisaje urbano.Y en segundo lugar, porque el Estado no puede combatir la
pena de muerte ilegítima con la pena de muerte legítima. No puede combatir la muerte con la muerte, ni
convertir la justicia en un instrumento de venganza contra los delincuentes que reconozca la ley del 'ojo
por ojo'. Por una razón filosófica y es que el Estado debe ser el garante de la vida y de la dignidad humana y
por tanto no puede decirle a la sociedad que matar es un método válido contra el crimen. Y por una razón
práctica: la falta de la justicia no está en la rigurosidad de la pena sino en la incapacidad del Estado para
investigar, juzgar y condenar a los criminales. El problema en Colombia no está en aplicar la pena de muerte
sino en reducir la impunidad. El primero es un debate del corazón, el segundo de la razón. Según lo ha
mostrado el economista Gary Becker, ganador del premio Nobel de economía, los delincuentes le temen más
a la posibilidad de recibir un castigo que a la severidad de la pena. Por otro lado, la gran mayoría de los
estudios demuestran dos cosas: que los asesinos matan sin pensar en el castigo que puedan recibir y que la
aplicación de la pena de muerte reduce de manera ínfima los índices de criminalidad. Lo que debe preocupar
a los colombianos, a pesar de su justificada indignación, no es matar a la 'Bestia' _este debe purgar sus 60
años en la cárcel_ sino capturar y castigar a los miles de criminales que siguen delinquiendo
campantes, burlándose de la justicia y mimetizándose en un índice de impunidad del 40 por ciento (¿50? ¿60?
¿70?). El objetivo real de la pena de muerte es más sicológico que anticriminal: no es para que se cometan
menos delitos atroces _lo cual no ocurre_ sino para que la sociedad se sienta bien consigo misma. Sirve en
algunos casos para consolar a los parientes de las víctimas porque la muerte del victimario les ayuda a
cicatrizar las heridas. Y, sin duda, crea un ambiente social y político que le permite a la gente sentir que se
hizo justicia. ¿Pero cómo estar tranquilos en Colombia, aun con pena de muerte, a sabiendas de que en cada
esquina hay un Pedro Navajas?