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Opinión

  • | 2009/05/14 00:00

    Pena de muerte y derecho a la paz

    Uribe les da la razón a las Farc de que al Presidente no le conviene la paz, cuando se atraviesa en la liberación de Moncayo.

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Esperar diez, veinte, treinta días o más pareciera no ser mucho en comparación con once años. Eso es lo que lleva Pablo Emilio Moncayo esperando su libertad. Era de que el gobierno se hubiera dispuesto a facilitar el proceso de liberación unilateral de las Farc pero, por lo contrario, se ha empeñado en obstaculizarla. Primero, prohibiendo la participación de la senadora Piedad Córdoba y de Colombianas y Colombianos por la Paz y, segundo, ordenando operativos militares que han puesto en peligro la vida, seguridad e integridad del cautivo.

Varios de los secuestrados que fueron liberados recientemente dijeron que al Presidente Uribe no le conviene la paz, que cada vez que hay un hecho violento de las Farc sube su popularidad. La actitud del Presidente frente al anuncio de liberación de Pablo Emilio parece confirmar lo anterior.

A pesar de que a Piedad Córdoba, como a ningún ciudadano, se le puede prohibir actuar en favor de la paz y la liberación de secuestrados, ni circular libremente por el territorio colombiano, pues la paz y la libertad son derechos fundamentales, es recomendable que busque el permiso del Ejecutivo por razones de seguridad – no frente a la guerrilla – sino frente al propio Ejército colombiano.

¡Qué tristeza decir lo anterior! pero es que después de que el gobierno la tildara a Córdoba, de manera abiertamente ilegal, como integrante de las Farc, el Ejército bien puede sentirse autorizado para “darle de baja”. Es que si varios de sus miembros consideran legítimo matar civiles para reportarlos como guerrilleros, también podrían matar a quienes su comandante califica de terroristas. En Colombia el principio de distinción entre civiles y guerrilleros no se respeta como tampoco la prohibición constitucional de la pena de muerte.

Antes de dejar su cargo, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en respuesta a un derecho de petición, conscientemente omitió responder la pregunta sobre la fundamentación legal de las bajas, bombardeos o ataques del Ejército en contra de la guerrilla - bajo el supuesto de que no hay conflicto armado ni está estipulada la pena de muerte-. Prefirió asumir el riesgo de una tutela, por la omisión de respuesta a un derecho de petición, que reconocer la verdad sobre la fáctica instauración de la pena de muerte.

Quizá todo este tiempo que demore la entrega de Pablo Emilio Moncayo permita hacer reflexionar al gobierno y a los ilustres congresistas, hoy bajo la orientación del mayor experto en paramilitarismo, sobre la necesidad de reformar la Constitución, no sólo en lo referente a la reelección presidencial, sino también en lo que tiene que ver con la pena de muerte y la derogatoria del artículo 22, que establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Sin duda, el citado artículo se atraviesa en la Seguridad Democrática. Al igual que el 11, que prohíbe la pena de muerte y señala que el derecho a la vida es inviolable, no se respeta. Pero de todas maneras ambos están allí, estorbando. La Jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencias C-048/01; C-370/06 y T-102/93) es clara en señalar que la paz es fundamento del Estado colombiano, valor esencial que debe irradiar la actuación de las autoridades y los ciudadanos y que en su carácter multifacético es, además, un derecho con doble connotación: Por una parte es un derecho colectivo, de aquellos de la tercera generación, y un derecho subjetivo fundamental del ciudadano que, como tal, lleva implícito un deber.

Es que la facultad de actuación de Colombianas y Colombianos por la Paz más que un derecho es un deber, así lo señala la Corte cuando relaciona el mencionado artículo 22 con el 95, que consagra el principio de solidaridad, según el cual, los ciudadanos deben responder con acciones humanitarias en situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas y propender al logro y mantenimiento de la paz.

Según la Constitución Política, los principios de derecho internacional que propugnan por la resolución pacífica de conflictos y la excepcionalidad del uso de la fuerza son aplicables internamente. Este y mucho más es el verdadero concepto de paz que trajo la Carta, definida como una “Constitución para la Paz”.

El preámbulo de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, de la cual Colombia es parte, señala: “puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deber erigirse los baluartes de la Paz”. Siendo este precepto uno de los pilares de la Educación para la Paz, quizá a Uribe también le convenga todo un replanteamiento en materia educativa y cultural.

Habrá que ver si es coherente con la política de Seguridad Democrática que, de acuerdo con los postulados internacionales de “Educación para la Paz”, a los estudiantes colombianos se les enseñe, desde pequeños, que los conflictos deben resolverse por vías pacíficas, sin uso de la fuerza y sin armas. De otra manera, ¿cómo se les puede explicar que el Presidente Uribe considera guerrilleros a los del “cuentico de la paz” y a los que “viven hablando de derechos humanos”? Habrá que reformar también la Constitución para poder “matar la culebra que sigue viva”, por decirlo en los términos ecológicos del gobierno.


*Caterina Heyck Puyana es experta en asuntos de paz.
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