Pequeños mineros agitarán el Bajo Cauca

Desde hace varios días, locales comerciales, ferreterías, compras de oro, talleres y residencias en Caucasia tienen en sus fachadas sendos pendones que anuncian el próximo cese indefinido de actividades mineras, programado para comenzar el 1 de diciembre. “Si se acaba la minería, se acaba la economía. ¡Apóyanos!”, es el eslogan que promueve la Confederación Nacional de Mineros de Colombia para llamar la atención del paro que se avecina.

“Será una manifestación civilizada y democrática”, me dice una de las líderes que promueven esta manifestación. “No queremos violencia”. Su voz es firme y refleja la inconformidad con el Gobierno Nacional por el incumplimiento de algunos compromisos pactados tras la jornada de protesta realizada el pasado 28 de septiembre en esta localidad del Bajo Cauca, que movilizó unos 5 mil pequeños y mediados mineros, y en el que se presentaron enfrentamientos con la fuerza pública.

Me cuenta esta lideresa que días después de desactivada esa protesta, el Ministerio de Minas y Energía convocó a los voceros de la Confederación a una reunión en Bogotá. “Estuvo el ministro Mauricio Cárdenas Santamaría y su equipo de trabajo con varios de nuestros representantes”. Después de más de tres horas de análisis se acordó que, de manera conjunta, se reglamentaría el artículo 107 del Plan Nacional de Desarrollo que se refiere a la implementación de una estrategia “para diferenciar la minería informal de la minería ilegal […] que proteja los mineros informales, garantizando su mínimo vital y el desarrollo de actividades mineras u otras actividades que le garanticen una vida digna”.

Lo que en principio fue satisfacción, con el paso de los días se fue convirtiendo en inquietud, luego en inconformidad y ahora en enojo. “Nos dieron diez días para presentar nuestra propuesta y después de varias reuniones, los mineros hicimos la tarea”, me sigue contando la lideresa. “Cuando llamamos a unos teléfonos que nos habían dado en el Ministerio y a enviar correos a una dirección electrónica para hablar del tema nadie nos contestó”.

Y no sólo no les contestaron sino que en una entrevista dada a un diario regional el ministro Cárdenas Santamaría aseveró que “la minería ilegal se nos puede convertir en la nueva coca. La ilegalidad en el país se nos puede meter por la puerta de la minería y la verdad es que tenemos que frenarla, pues es un negocio muy atractivo y lucrativo”.

Un minero con el que hablé en esta localidad me dijo que ya en la zona las autoridades tienen por lo menos 20 “camabajas” (camiones con tráiler adecuado para transportar maquinaria) para llevarse las retroexcavadoras. Su temor es que no sólo les quitarán las máquinas, los motores y el combustible, sino que les quemarán los campamentos, “como hacen con el narcotráfico”.

En reacción a las palabras del Ministro, la Confederación Nacional de Mineros de Colombia comenzó a divulgar un comunicado en Caucasia en el que consideró que ese tipo de expresiones fomenta la violencia en su contra, “autorizando la destrucción y bombardeos de nuestras minas y materiales de trabajo”, actitud que rechazaron y la calificaron de “tratamiento peligroso y atentatorio de nuestros derechos constitucionales fundamentales a la vida, al trabajo, a la honra y dignidad, impidiéndonos el digno derecho del trabajo”.

Los pequeños y medianos mineros entendieron las frases del alto funcionario como una “declaración de guerra”, pues consideraron que les iban a dar tratamiento de narcotraficantes y en respuesta decidieron el cese indefinido de actividades. La Confederación aspira a movilizar por lo menos 20 mil mineros provenientes de diversos frentes de mina ubicados en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueños, así como del sur de Córdoba y del sur de Bolívar. La orden que tienen es parar trabajos este viernes 25 y comenzar el viaje hacia Caucasia y, de manera paulatina, iniciar la concentración.

La otra inquietud de los mineros, que se siente en cada esquina de la calurosa Caucasia, es la entrada en vigencia de la Ley 1450 de junio de 2011, a través de la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014, y que en su artículo 106 advierte que a partir del 1 de enero de 2012 “se prohíbe en todo el territorio nacional, la utilización de dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos mecánicos en las actividades mineras sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional”.

Asimismo, indica la norma que “las solicitudes que actualmente se encuentren en trámite para legalizar la minería con minidragas […] serán rechazadas de plano por la autoridad minera”. Además, desde el primer día del nuevo año, ”los compradores y comercializadores de minerales sólo podrán adquirir estos productos a los explotadores y comercializadores mineros” registrados en la lista de “los titulares mineros que se encuentren en etapa de explotación y que cuentan con las autorizaciones o licencias ambientales requeridas”.

Los mineros con los que hablé tienen claro que este tipo de políticas favorecen a la gran minería, “a las multinacionales que están en el país”, y afirman que en materia de incentivos tributarios y apoyo financiero están en desventaja, pues las grandes empresas reciben mayores beneficios “y nosotros los artesanales nada”, lo que es paradójico, pues los pequeños mineros generan un encadenamiento económico regional. Así me lo explica un líder de la protesta: “Lo que el minero produce aquí se queda, mientras que las multinacionales se llevan todo para el extranjero”.

¿Y cómo financiarán todo eso? La lideresa me contestó que “todo el mundo se ha metido la mano al bolsillo: mineros, comerciantes, transportadores”. Y ante otra duda mía, esta vez sobre la posibilidad de que haya dinero proveniente de las llamadas ‘bandas criminales emergentes’, a las que se les acusa de estar explotando algunas minas, la mujer me explicó que a todo aquel que aporte se le da un recibo, lo que quiere decir que aquí puede venir cualquiera a hacer una auditoría”.

Y es que justamente uno de los retos que tendrá esta masiva desmovilización es lograr que sus actividades artesanales e informales no sea ligada a la de los grupos armados ilegales, particularmente aquellos surgidos de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

“Nosotros no vamos a tapar el sol con el dedo. En la minera hay criminales”, me dice un minero. “El ministro Cárdenas Santamaría lo sabe. Lo que decimos es que el Estado debe perseguir a los criminales, para eso tiene a la fuerza pública”. Y agrega: “Nosotros somos vacunados por todas las fuerzas. Hay que darle plata tanto a la Policía, al Ejército, a la guerrilla, a los paramilitares y a funcionarios públicos corruptos. Eso no es una mentira. Todo el mundo lo sabe y todo el mundo paga”.

Una vez comience el cese indefinido de actividades, los mineros le presentarán al Gobierno nacional un pliego de peticiones, en el que sobresalen aspectos como la formalización y legalización de la minería de la región; la expedición de leyes mineras concertadas con ellos; capacitación, acompañamiento y reglas claras de carácter minero-ambiental para el ejercicio de esa actividad económica; el aplazamiento de la entrada en vigencia de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que los ilegaliza de manera definitiva y la suspensión inmediata de los operativos de la fuerza pública, entre otros.

“Esa pelea está muy dura pero hay que darla. Es un mal necesario, pero en eso nos puso el Estado”. Ese es el ánimo de quienes estarán desde el 1 de diciembre poniéndole la cara al país para justificar una movilización de esas proporciones. Ese día el gobierno de Juan Manuel Santos enfrentará una nueva protesta social. Habrá que ver cómo responde.

* Periodista y docente universitario