Nubarrones en el horizonte

Me refiero a una eventual pérdida del grado de inversión de la deuda pública; a la posibilidad de que la Corte Penal Internacional abra una investigación contra nacionales colombianos; y a que padezcamos una súbita avalancha de refugiados desde Venezuela. Vale la pena examinar el estado de estos riesgos.

Para los lectores no familiarizados con temas económicos, conviene recordar que los gobiernos suelen emitir deuda para financiar aquella porción del gasto público para la cual sus ingresos propios no son suficientes en un horizonte predeterminado. Como Colombia hace parte del selecto club de países que jamás han dejado de cumplir a tiempo sus obligaciones, siempre se ha podido financiar en los mercados de capitales a tasas inferiores a las que otros países pagan.

Medir la capacidad del Estado para honrar sus deudas en los términos estipulados es la tarea de las empresas calificadoras de deuda. Los ejercicios que con regularidad realizan, determinan si comprar los papeles de un país cualquiera puede hacerse sin asumir riesgos excesivos, al igual que la tasa básica a la que les es posible colocar sus títulos tomando los del Tesoro de los Estados Unidos como referencia. Si un país pierde el “grado de inversión”, los efectos suelen ser funestos: menor acceso y costos mayores del crédito externo, depreciación de la moneda nacional, alza en la tasa de interés. En últimas, caída del crecimiento económico y deterioro del empleo.

Lo anterior adquiere importancia en el contexto del reciente comunicado de Fitch Raitigs, en el que se lee que “La calidad crediticia de Colombia podría ser presionada si el crecimiento fuese menor que el esperado y déficits fiscales mayores mermaran los esfuerzos para estabilizar y reducir gradualmente la carga de deuda del gobierno”: Les traduzco: “¡Pilas! si se descachan en la relación deuda a PIB, tendrán problemas”.

Toca, pues, bajar el gasto como lo ha anunciado el Ministro Cárdenas. Esa apremiante necesidad explica que el Presidente haya devuelto al Congreso las leyes de reducción de semanas en el sistema estatal para que las mujeres accedan al beneficio pensional, y la tasa de cotización de los pensionados para la salud. Al incumplir, forzado por las circunstancias, sus promesas electorales, pagará un costo político alto. No tiene alternativa.

La Corte Penal Internacional puede abrir procesos contra nacionales de cualquier país miembro si sus autoridades judiciales, por las razones que fuere, omiten oportunamente juzgar a los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad.

Aunque desde junio de 2014 tenemos “tarjeta amarilla”, los mensajes que llegan de La Haya vienen subiendo de intensidad.

En el reporte emitido por la Fiscalía en noviembre pasado se afirma que en Colombia se pueden haber cometido delitos sobre los cuales la Corte tendría competencia, aunque se reconoce que la Justicia ha proferido un número significativo de sentencias; del lado opuesto señala que en la terrible saga de los “falsos positivos” la responsabilidad solo ha recaído en militares de bajo y mediano rango; un velado reclamo por la falta de responsables de mayor jerarquía.

Allí puede leerse que “La Fiscalía no ha adoptado una posición específica o final respecto de la Jurisdicción Especial para La Paz”, la cual solo se fijaría cuando sea definitiva su configuración jurídica. Admite que los objetivos que ella cumpliría son concordantes con las obligaciones asumidas por Colombia como suscriptor del Tratado de Roma, que es, como se recordará, el instrumento que dio nacimiento a la Corte. Sin embargo, anota que “el cumplimiento de estos objetivos no dependerá únicamente de los procedimientos y condiciones establecidos en el Acuerdo, sino también de la efectividad de las restricciones a la libertad impuestas sobre los individuos, cuya naturaleza aún debe precisarse claramente”. Tomen nota señores congresistas y ministros.

A pesar de la comprensible cautela de la Corte, puede conjeturarse que le preocupa también la elegibilidad política de los responsables de graves delitos antes de que cumplan sus condenas, la naturaleza de las penas, las modalidades de la responsabilidad por línea de mando y, por supuesto, la eficacia del complejo aparato judicial pactado en el Acuerdo Final. La no extradición de los farianos es asunto que, en algún momento, surgirá.

La JEP es un verdadero “talón de Aquiles”. Para que pueda funcionar se requieren dos leyes, todavía pendientes de trámite; se vaticina que habrá serias dificultades para su aprobación. Tres sentencias de la Corte Constitucional pero solo para una de ellas se ha iniciado el proceso. La compleja logística que se inicia con el nombramiento de sus magistrados, tarea que no ha culminado. Entre tanto, los jueces que serían sustituidos, al parecer, han bajado la guardia por un motivo poderoso.

¿Para qué esforzarse en resolver asuntos que la flamante nueva jurisdicción podría anular? La tacha de impunidad es difícil de negar...

El último tema es este. El elevado y creciente número de refugiados venezolanos que huyen del paraíso “Castrochavista”.

Ese flujo en cualquier momento se puede convertir en una avalancha. Infortunadamente, el margen de acción de nuestras autoridades, más allá de militarizar la frontera, que agravaría el problema humanitario, es reducido.

No obstante, es posible que el reciente viaje del presidente a Cuba obedezca a motivos más importantes que facilitar el comercio bilateral (éste servidor negoció, años atrás, un tratado con las autoridades cubanas suficiente para propiciar el objetivo que ahora se presenta como novedoso). Tal vez la verdad sea que está en un negocio diferente: explorar la posibilidad de que Cuba conceda asilo a Maduro y a los integrantes de su círculo cercano si deciden abandonar el poder.

Nuestro Nobel de Paz está en buena posición para intentar un acuerdo de ese tipo. Cuenta con la confianza de Raúl Castro y puede que los gringos respalden su gestión. Maduro, que en este momento lo considera su “nuevo mejor enemigo”, quizás valore una gestión que le permitiría irse con cierto decoro y, de paso, con vida. Puede que a Santos le “suene la flauta” y resuelva uno de los mayores problemas de nuestro país en el momento actual. Apostemos por su éxito.