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Opinión

  • | 2014/08/17 00:00

    Incredulidad institucional llevó a periodista a la muerte

    En el país está haciendo carrera una actitud hacia las personas en riesgo muy perversa: no creerles a unos cuantos cuando denuncian nuevas amenazas. Valoraciones del peligro son asimétricas.

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La incredulidad de varias instituciones regionales y nacionales impidió que se protegiera de manera adecuada y eficiente al periodista Luis Carlos Cervantes, asesinado hace varios días en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, una región en la que las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidos también como ‘Urabeños’ y ‘Clan Úsuga’ lograron a sangre y fuego la hegemonía armada ilegal.

A Cervantes no le creyeron cuando llegó a Medellín el pasado 23 de julio a tocar las puertas de varias instituciones para evitar que le retiraran su esquema de seguridad, compuesto por una camioneta blindada y dos escoltas, luego de recibir amenazas dos días antes que lo conminaban a salir del pueblo. De nada sirvieron las gestiones, pues su protección le fue suprimida.

Esas nuevas amenazas reportadas por el periodista se sumaban a las que recibió desde que le hicieron llegar la primera por allá en agosto de 2011, luego de reseñar para Teleantioquia Noticias un “carrusel de alcaldes” que venía ocurriendo en Tarazá, luego de que detuvieran al mandatario titular para que respondiera por varios delitos. Las intimidaciones fueron tantas en dos años que se consideró como el periodista más amenazado del país en el 2012.

La incredulidad institucional quedó consignada en el comunicado que difundió la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “La Oficina urge a la Unidad de Nacional de Protección a  darle mayor atención y credibilidad a las amenazas que reciben las personas en riesgo”. 

En el boletín de Naciones Unidas se detalla el acompañamiento que le prestó a Cervantes en la capital antioqueña para que fuera atendido y protegido, sin lograr su propósito. Pese al lamentable desenlace, ese texto, leído entre líneas, genera varias preguntas cuyas respuestas indican que la responsabilidad por la muerte del periodista es compartida.

A instancias de esta agencia multilateral el periodista fue recibido por la Procuraduría Regional de Antioquia que, de inmediato, remitió un oficio a la Unidad Nacional de Protección (UNP), solicitando la valoración de los nuevos hechos de seguridad que lo afectaban. ¿Cuándo llegó ese mensaje a la dependencia estatal? ¿Qué valoración se hizo del mismo? ¿Qué respuesta se le dio al organismo de control y, sobre todo, cuándo se la dieron? 

El comunicado también reseña que el mismo día que a Cervantes le retiraron el esquema de seguridad, el pasado 24 de julio, la Oficina de Naciones Unidas en Medellín “informó a la Gobernación de Antioquia sobre la situación de riesgo del periodista”. Sin embargo, Naciones Unidas no agrega más detalles de esa llamada. ¿Con quién se comunicaron en la Gobernación? ¿Qué trámite le dieron al pedido urgente? ¿Qué le contestaron? Alguien tendrá que aclarar eso en algún momento.

Un día después de la llamada a la Gobernación, el boletín asegura que Naciones Unidas le “solicitó a la UNP en Antioquia, vía telefónica, que le garantizara la seguridad a Cervantes mientras se valoraban las nuevas amenazas”. En respuesta le recomendaron al periodista que “debía iniciar una nueva solicitud de protección”, un absurdo pedido burocrático que revela no solo que no creyeron en las nuevas amenazas, sino la falta de conocimiento del conflicto armado que vive la región del Bajo Cauca antioqueño y de cómo operan los grupos armados ilegales. Ante esa respuesta me queda la duda de la idoneidad de los funcionarios regionales de la UNP para abordar situaciones críticas. 

No obstante, el periodista, a instancias de Naciones Unidas, adelantó el trámite nuevamente de su solicitud por mecanismos de emergencia, pero de nada sirvió, pues aquellos que lo amenazaron no olvidan tan fácilmente como creen los burócratas detrás de sus cómodos escritorios.

A esa cadena de infortunios hay que sumarle lo que a mi juicio fue el errático enfoque metodológico de investigación que aplicó la UNP para valorar la situación de riesgo que corría Cervantes en el Bajo Cauca antioqueño. En entrevista para El Colombiano, el director de esa entidad estatal, Andrés Villamizar, aseguró que el analista que hizo el estudio de riesgo “entrevistó a toda la institucionalidad de Tarazá: comandante de Policía, Sijín, Personería Municipal, Secretaría de Gobierno, otros colegas periodistas, inclusive el párroco”.

Sería muy interesante que se hicieran públicas las preguntas que el analista de la UNP le hizo a ese grupo de personalidades locales con el fin de establecer si son pertinentes y suficientes para concluir, tal como lo hizo Villamizar, que sobre Cervantes no recaía “ningún riesgo derivado de su actividad periodística” y enfatizar que “todo indica que no es un crimen cometido a raíz de su ejercicio periodístico".

Pensando en esas respuestas, me gustaría que la UNP le explicara al país cada cuánto amenazan a famosos periodistas que trabajan en Bogotá para que les mantenga esquemas de protección que constan de seis, ocho, diez y hasta quince escoltas, y de vehículos blindados; también es bueno saber desde cuándo están amenazados, quién los amenazó, por qué y qué metodologías aplican para que esas amenazas sí sean creíbles. 

Las conclusiones de Villamizar en el caso de Cervantes reflejan que no se valoró el contexto de conflicto armado que impera en el Bajo Cauca, donde no solo hay un actor hegemónico, ‘Los Urabeños’, sino una débil institucionalidad local que por épocas ha padecido la sospecha de estar cooptada por las estructuras armadas ilegales, sobre todo en el municipio de Tarazá, donde residía Cervantes. Y no es una afirmación sin fundamento, las evidencias, en el pasado, han sido claras y las consigné en una columna publicada el 2 de agosto de 2011 en este mismo espacio titulada “"99,9 por ciento Gaitanista": Policía de Tarazá”.

Se equivocó la UNP en su lectura del caso, no tengo la menor duda. Bajo el control armado ilegal que viven los pobladores de Tarazá, dudo mucho que les permita hablar con sinceridad sobre el periodista Cervantes y, en general, sobre lo que padecen allí. Y enfatizo periodista porque él lo era, así digan que en su emisora sólo ponía música. Era un periodista silenciado, arrinconado, y en la mira todo el tiempo de sus enemigos, que tienen autoridad en ese pueblo. 

Coincido finalmente con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en destacar el pobre papel que jugó la Fiscalía General de la Nación en este caso y la falta de resultados de las investigaciones sobre las amenazas que constantemente recibió Cervantes. Fue incapaz de adelantaron procedimientos eficientes que dieran con los autores de esas intimidaciones. 

Queda claro entonces que no hay un único responsable en la muerte del periodista Luis Carlos Cervantes. Hay una cadena de ineficiencias estatales de la cual se aprovecharon sus enemigos. Muchos son los que tienen que dar explicaciones.

*Periodista y docente universitario.
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