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Opinión

  • | 2013/11/16 00:00

    Santa cruzada contra la oposición

    En Colombia se comienza a configurar un peligroso patrón de persecución gubernamental contra líderes y organizaciones políticas.

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Mientras en La Habana anuncian que pactaron una “apertura democrática” que garantizará la conversión en partido político de las FARC, el sagrado ejercicio de la oposición y el derecho a gobernar a responsables de crímenes de guerra, graves violaciones a los derechos humanos, narcotráfico y todo tipo de atrocidades, en Colombia se comienza a configurar un peligroso patrón de persecución gubernamental contra líderes y organizaciones políticas.

En julio pasado, en medio de la crisis del Catatumbo, el Gobierno acusó al senador del Polo Democrático Jorge Robledo de estar detrás del paro y el propio presidente dijo tener “información precisa de un senador de la República que se muestra como defensor de los campesinos y de la protesta social”. Indicó que ese congresista “lo que quiere es violencia” y “aparece directamente vinculado a los que fomentan y hacen violencia”, es decir, a las FARC, pues, según el ministro de la Defensa, ese grupo había “infiltrado el paro”. 

Tamaña sindicación graduó a Robledo a la misma altura de Timochenko, sin aportar, hasta la fecha, una sola prueba que demuestre que el senador estaba en efecto participando en la estrategia de combinar movilización y criminalidad que terminó por tomarse el paro. El Gobierno no presentó la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, deber que tenía si en realidad pudiera comprobar tan graves acusaciones. Por otro lado, la información “precisa” y creíble para un presidente sólo podría provenir de organismos de inteligencia, para lo cual al menos el parlamentario debería haber sido objeto de seguimiento y observación, desconociendo los límites legales que impiden que tales actividades se lleven a cabo sobre dirigentes políticos en virtud de ejercer la oposición.

Ahora el ministro de Agricultura divulga una grabación con el fin de consolidar la narrativa que vincula a Robledo con criminales; cuando organizar, participar, promover y alentar la movilización popular y los paros es política pura en la democracia, no un acto clandestino ni ilegal. Pero lo más grave es que el senador denuncia que la conversación corresponde a una reunión en su oficina y que por lo tanto hay dos opciones: o instalaron micrófonos en ella o uno de los asistentes, presumiblemente miembro de un organismo de inteligencia, se hizo pasar por trabajador con el objeto de grabarlo. Cualquiera que sea el evento, no deja de ser muy grave y un atentado contra la oposición. En últimas, independientemente del origen de la grabación clandestina, no es válido que el presidente Santos utilice conversaciones privadas para hostigar a un opositor.

Segundo. Frente a la oposición del Centro Democrático y de Álvaro Uribe la situación no es menos delicada. Los partidos de la coalición de gobierno controlan por completo el Consejo Nacional Electoral y no dudaron en utilizarlo para violar el derecho de esa colectividad a escoger libremente el nombre y el logosímbolo que quiera, con el fin de dificultar la identificación del movimiento por parte de los sufragantes. La decisión está en contra de antecedentes en los que sí se permitió en el tarjetón la imagen o el apellido de una persona, inclusive bajo orden judicial. ¿Cómo se explica que el organismo que debe velar por la integridad de las elecciones y la equidad en la competencia política niegue ese derecho? Es claro que por encima de la Constitución sólo les sirve lo que obstaculice la participación política de los opositores.

A eso se debe agregar la uniformidad de lenguaje entre Santos y las FARC al referirse a los críticos del proceso de paz. La hostilidad del presidente y del sector político que lo acompaña no se queda en calificativos de buitres, partidarios de la guerra o enemigos de la paz, sino que llegó al extremo de justificar o comprender el asesinato. El expresidente Ernesto Samper, uno de los bastiones del Gobierno, llegó a escribir en twitter: “Entiendo el interés de FARC por hacerle daño a Uribe, pero no entiendo que lo tengan también contra el fiscal, que ha sido solidario con la paz”.

Finalmente, de tal patrón de conducta contra la oposición hace parte el rechazo de Santos a la Ley de Garantías. Esta norma busca asegurar la transparencia y “la igualdad de condiciones para los candidatos presidenciales”. A Santos no le gusta, la considera “absurda”. A pesar de haber jurado cumplir la Constitución y la ley, le parece un fetichismo y hará hasta lo imposible para obviarla. 

Todo lo anterior anuncia que no hay garantías para los actores en democracia. No las hay del Gobierno y no las hay de la Organización Nacional Electoral. Pero se desviven para dárselas al precio que sea a quienes se han dedicado a conseguir una “apertura democrática” con masacres como la de los 11 diputados del valle y los nueve concejales de Rivera. Es el talante democrático de Santos. 

@RafaGuarin

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