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Opinión

  • | 2017/09/27 14:48

    La persecución política a Sergio Fajardo

    Dos cosas son claras hasta el momento en la campaña presidencial colombiana. Por un lado, Sergio Fajardo ha comenzado a subir en todas las encuestas, en cada encuesta aumenta uno o dos puntos. Por otro lado, el uribismo está en segunda vuelta, la pregunta es con quien competirá.

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Dos cosas son claras hasta el momento en la campaña presidencial colombiana. Por un lado, Sergio Fajardo ha comenzado a subir en todas las encuestas, en cada una aumenta uno o dos puntos. Por otro lado, el uribismo está en segunda vuelta, la pregunta es con quién competirá, hasta el momento el rival más cercano es Vargas Lleras, quien tiene un buen capital político, pero con dificultades para crecer y sabe que la única forma de pasar a segunda vuelta es garantizando que no existan coaliciones y demoliendo a los enemigos con todo tipo de estrategias.

Sobre esto último hubo varias coincidencias. La semana pasada en un programa radial Claudia López y Jorge Enrique Vélez, este último presidente de Cambio Radical, tuvieron una fuerte discusión. López acusaba a Cambio Radical de entregar avales a criminales. Vélez increpó a López y mencionó los procesos disciplinarios de Sergio Fajardo, producto de su gestión como gobernador de Antioquia. No debe olvidarse que los procesos son algo relativamente normal cuando alguien fue un servidor público, de hecho, Fajardo cuenta con un portal donde ha publicado históricamente todos los procesos de los cuales ha tenido que responder ante los órganos de control y justicia. Fajardo tiene 130 procesos de los cuales según sus abogados puede dar constancia y pruebas respecto de sus acciones.

No debe olvidarse que Cambio Radical que ha estado en el ojo del huracán durante el último cuatrienio por casos de corrupción, los avales a criminales y la participación política mafiosa. Un día después del debate, comenzó a circular la noticia de que la Contraloría de Antioquia había embargado propiedades a Sergio Fajardo y su exsecretario de Gobierno Santiago Londoño, por un presunto detrimento patrimonial por la construcción de subestaciones de Policía ubicadas en los corregimientos El Tigre, en Vegachí; Labores, en Belmira; Minas, en Amagá; La Cruzada, en Remedios; Fraguas, en Segovia; y la Estación de Policía en Tarazá. Ahora bien, tanto Fajardo como Londoño han presentado las pruebas para defenderse, pues existen los certificados de la Policía que demostrarían que las estaciones lograron construirse a un precio por metro cuadrado mucho más económico al que la Policía Nacional comúnmente construye, lo que iría en contravía del detrimento patrimonial que se alega desde la Contraloría.

El documento de embargo aparece radicado en Medellín el 18 de julio de 2017. El auto no fue notificado luego de haber sido expedido por la Contraloría en julio, ni en el mes siguiente. Si bien el documento salió de la Contraloría, no estaba en los radicados de seguimiento del proceso. Se trató de un documento guardado estratégicamente para ser utilizado de forma política.

Sergio Zuluaga es una ficha clara y un contralor de bolsillo de Cambio Radical. En la asamblea se dice que el gobernador Pérez reunió en el piso doce a los diputados de la coalición y les dijo por quién votar, habría sugerido que no vendrían buenos tiempos para Fajardo y sus funcionarios. Posteriormente, Zuluaga quedó electo, lo cual sorprendió porque ocupaba el puesto 19 entre los 20 candidatos finalistas y su puntaje era de 61, cuando otros aspirantes tenían registros superiores a 90 puntos totales en la calificación de sus hojas de vida y su experiencia. Zuluaga ganó con 20 de los 26 votos posibles.
Sergio Zuluaga, ha sido cercano al partido Cambio Radical, gracias al padrinazgo político del Concejal de Medellín por Cambio Radical, Robert Bohórquez. Zuluaga se desempeñaba en el cargo de contralor en responsabilidad fiscal y cobro coactivo en la Contraloría General de Medellín, a donde ingresó en el período 2012- 2015 (administración Aníbal Gaviria) como cuota política del concejal de Medellín por Cambio Radical, Robert Bohórquez.

Los requisitos de postulación solo los podía cumplir Zuluaga. Por ejemplo, era indispensable que el postulante tuviera un doctorado. Sin embargo, recientemente se han hecho públicas dos inconsistencias en hoja de vida:

1) Una auditoría forense realizada a la hoja de vida del contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, advierte que el funcionario en ningún momento obtuvo el título de doctorado como lo afirmó para en el proceso de elección al cargo público. Según la documentación entregada por el funcionario a la Asamblea de Antioquia antes de ser elegido, obtuvo el título de doctor en Derecho Administrativo en la Universidad San Pablo CEA de Madrid, título que no existe.

2) En su experiencia menciona que ha trabajado en la Secretaría de despacho de la Alcaldía de Medellín, pero no hay constancia de eso mismo.

Pero su hoja de vida no es el único lunar. El concejal Bernardo lo denunció por hacerse una liposucción con los recursos públicos y Zuluaga fue capturado en junio de este año; no obstante, fue dejado en libertad. Un caso relacionado con el carrusel de las cirugías plásticas.

La elección de Zuluaga estuvo permeada por el apoyo político de Cambio Radical, prueba de lo anterior es que Rubén Darío Naranjo, subcontralor departamental, se lanzó como diputado de Cambio Radical para el período de 2012-2015, se quemó, y como recompensa lo dejaron como subcontralor. 

Cambio Radical parece aplicar la tesis de la combinación de las formas de lucha. Avales a bandidos, acusaciones de utilizar gobernaciones y alcaldías para recoger firmas y ahora persecución política. Además, como lo he denunciado antes, oposición a cualquier reforma que mejore la democracia y la transparencia, para esto último tienen al mandadero de Rodrigo Lara.

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