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Opinión

  • | 2012/10/23 00:00

    Perú: Transición que no termina

    Más allá de la 'papa caliente' que significa para el presidente Humala otorgar o no indulto al expresidente Alberto Fujimori, el tema divide profundamente a la sociedad peruana como si no hubiera corrido agua bajo el puente desde la caída del régimen dictatorial.

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Independientemente de la decisión final, el pedido de indulto humanitario para Fujimori, quien cumple una pena de 25 años por violaciones a los derechos humanos, pone sobre el tapete un hecho de mayor trascendencia que la eventual excarcelación del líder histórico. Doce años después de colapsar, el fujimorismo no solamente ha logrado recomponerse sino que por momentos domina el escenario político y mediático del país.

Resulta difícil entender cómo las fuerzas partidarias de un presidente que en el año 2000, en ejercicio de sus funciones, salió huyendo y renunció por fax, llevando consigo los cientos de videos que registraban en los locales del servicio de inteligencia la anuencia de políticos, funcionarios, dueños de medios de comunicación y empresarios con las prácticas corruptas de su régimen, dicten en gran medida la agenda política nacional.

Podría intentarse una explicación por la preeminencia que adquirieron los liderazgos individuales en el Perú a partir de los años noventa como forma de representación política, ante la pérdida de representatividad y de la función canalizadora de las demandas sociales de los partidos tradicionales.

Como lo precisa el politólogo Steven Levistky “los peruanos tumbaron su clase política hace veinte años”. Desde entonces, la política se hace por novatos dada la escasa reelección de los congresistas: actualmente el 70% de los miembros del legislativo no tiene experiencia anterior en cargos electivos.

No obstante, la presencia del fujimorismo como fuerza política es significativa y con un fuerte arraigo popular. La hija del expresidente, Keiko Fujimori, heredó el caudal político que su padre construyó durante una década en el poder. Según Levistsky, si hay una fuerza política que cuente hoy con posibilidades de consolidación partidaria, esta sería el fujimorismo.

Con una identidad basada en la defensa del legado de Fujimori durante su mandato, que entreteje los logros en materia económica contra la hiperinflación y en términos políticos la supuesta derrota del terrorismo gracias a su política contrasubversiva, el fujimorismo ha ido construyendo una ideología aglutinadora.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación rindió cuenta, en su informe final de 2003, que el desencadenamiento del conflicto armado se dio por decisión de Sendero luminoso (SL) al que le atribuye más de la mitad de las víctimas. Igualmente el informe reconoce que las Fuerzas Armadas incurrieron en prácticas generalizadas o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos y establece además que para abril de 1992 cuando Fujimori protagoniza el autogolpe de Estado, SL ya estaba estratégicamente derrotado.

Con todo, es probable que otros factores, como el débil consenso sobre lo ocurrido durante el periodo de violencia interna que vivió el país entre 1980 y 2000, el interés de ciertos sectores en mantener vivos los antagonismos sobre la memoria del conflicto y el aprovechamiento de que algunos actores - en particular la de las Fuerzas Armadas - no se vean reflejados en las narrativas, contribuyan a ahondar posiciones que parecen irreconciliables en la sociedad.

Lo cierto es que sí se ha avanzado, tanto en el campo judicial como en la toma de conciencia social del daño que sufrieron las instituciones durante el gobierno autoritario. Fujimori no solamente fue extraditado al Perú por Chile en septiembre de 2007, fue juzgado por homicidio agravado y secuestro agravado en los casos de Barrios Altos y La Cantuta por un tribunal que le brindó todas las garantías de ley, también fue procesado por corrupción.

A la sentencia condenatoria por los crímenes de lesa humanidad dictada en abril del 2009 y ratificada en enero del 2010, se suman las decisiones judiciales que lo condenaron por corrupción en tres casos: el pago ilícito a congresistas tránsfugas, las chuzadas a opositores y la compra de medios de comunicación.

La sanción a quienes ocuparon altas responsabilidades en ese régimen también alcanza a 78 miembros de las filas del fujimorismo, entre quienes se cuentan el ex asesor Montesinos, varios ministros y la casi totalidad de la cúpula militar y policial, quienes en los últimos años han sido procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos o corrupción, como lo revela la revista Caretas en abril del 2011.

Lo paradójico es que la culpabilidad judicial no ha mermado significativamente la imagen del expresidente. En las elecciones legislativas del 2011, la bancada fujimorista, Fuerza 2011, se consolidó como la segunda fuerza política del país con 36 congresistas elegidos contra 45 para la coalición Gana Perú de Ollanta Humala, y el novato hijo menor del expresidente, Kenji Fujimori, se alzó con el estandarte del congresista más votado de la contienda.

En ese contexto, la solicitud de indulto humanitario parece un hábil cálculo de oportunidad - 62% de la población lo aprueba en reciente encuesta nacional - para preservar tanto esa opinión favorable como el perfil de la inocencia del líder que defienden sus seguidores, por más de la responsabilidad probada en todos los casos presentados ante los tribunales del Perú.

El indulto abriría la puerta para que un Fujimori libre de polvo y paja que ya cumplió el periodo de inhabilitación que decretó el Congreso por 10 años regrese a la arena política, aunque parece improbable. Pero sí cumple con liberar a sus partidarios del incómodo bagaje que significó el desmonte de la institucionalidad durante su mandato y de paso allana el camino a la presidencia de su hija Keiko. Si el caso de las esterilizaciones forzadas como política de reducción de la pobreza no se hubiera levantado durante la campaña electoral del 2011, probablemente Keiko Fujimori ocuparía el cargo presidencial.

Aunque también otorgar la gracia al expresidente obligaría a los peruanos a prolongar la etapa de transición durante la cual se buscaba dejar en el pasado la aceptación de gobernantes corruptos o autoritarios. La absolución en tres juicios en los últimos dos meses de quien aparece íntimamente ligado a esas prácticas, Vladimiro Montesinos, deja pensar que el trompo dará muchas vueltas antes de señalar el camino de la reconciliación.
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