Todo en el Gobierno de Petro fue naufragio. Desde hace cuatro años, las actuaciones del presidente han sido la muestra de que, en política, siempre es posible caer más bajo sin que exista límite moral aparente. Y esto suena muy fuerte, pero es la inexorable realidad, que además viene acompañada de un sino de tragedia: parece que el país se acostumbró a vivir entre las desfachateces de un jefe del Estado que parece inmune a la vergüenza.
De otra manera no me puedo explicar el insuficiente eco que tuvo a nivel noticioso la entrevista de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta a SEMANA, porque de ese material solo se pueden extraer dos conclusiones que son mutuamente excluyentes: nos gobernó una persona con una gravísima presunción de delincuente o tenemos en el Congreso a una representante (la doctora Arizabaleta) que surca peligrosamente el delirio paranoide. Ambas posibilidades son graves, siéndolo mucho más la primera que la segunda.
Conmino a quien no haya leído la entrevista a hacerlo. En ella, la representante Arizabaleta da cuenta de sus actuaciones como parlamentaria investigadora en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Y se centra en los procesos que versan sobre el presidente Gustavo Petro, frente a los que relata haber tenido contacto con elementos probatorios que, de ser auténticos y corroborados, serían gravemente incriminatorios respecto de presuntos delitos relacionados con dineros que ingresaron a la campaña presidencial y cuyo origen se remontaría a tenebrosos bandidos como alias Otoniel, Pipe Tuluá, Papá Pitufo, entre otros. Además, afirma que las autoridades de Estados Unidos conocen esa información y tienen a buen recaudo algunos de esos elementos de prueba.
Pero lo más grave de la entrevista es que Arizabaleta afirma haber conocido de primera mano grabaciones y fotografías en las que se observa a Juan Fernando Petro (hermano del presidente). Según ella, en dichas imágenes se aprecia “cómo coordinaban, dónde entregaban (la plata), cómo lo hacían”.
¿Hay razones para pensar que esas afirmaciones merecen ser tomadas en serio y no despachadas como el simple delirio de una congresista? Las hay de sobra.
Desde el inicio de este Gobierno han existido antecedentes claros y públicos sobre presuntos vínculos entre el entorno cercano de la campaña de Petro y recursos de origen criminal. No me alcanza la columna para mencionarlos todos, pero, solo a modo de resumen, ahí están el caso de Nicolás Petro y la presunta recepción de dineros del llamado Hombre Marlboro; las denuncias de Ricardo Calderón sobre el denominado Pacto de la Picota, encabezado por Juan Fernando Petro; la recepción de 500 millones de pesos de alias Papá Pitufo por parte de Xavier Vendrell; y la grabación de alias Pipe Tuluá, difundida por la periodista Vicky Dávila, en la que el delincuente afirma haber entregado recursos para la campaña.
Así que no, los señalamientos de la representante Arizabaleta (irónicamente del Pacto Histórico) no parecen ser una teoría de la conspiración a modo de tierra plana, sino el pináculo de una serie de noticias que, por donde uno las mire, apuntan en la misma dirección: a la campaña de Petro habría entrado plata de la mafia. Y a cargo de recogerla habrían estado su hijo, su hermano y su amigo catalán, al que luego le dieron la nacionalidad exprés.
Ahora bien, como ya sabemos que las acusaciones no son un chiste, debemos decir que en la actualidad estas son tan abrumadoras como ignoradas. Nunca el presidente ha podido ofrecer explicaciones satisfactorias frente a cada una de estas controversias, pero tampoco pareciera que el país esté empeñado en exigírselas. Como si se hubiera convertido en paisaje convivir con la sospecha de que algunos de nuestros gobernantes tienen alianzas evidentes con los peores delincuentes, sin que eso constituya una talanquera para arrasar con todo.
Pues yo me niego a patrocinar esa lógica delincuencial. Si ya las autoridades nacionales y extranjeras tienen en su poder esas evidencias, deben proceder con todo el rigor de la ley. Además, la opinión pública tiene derecho a conocerlas, en la medida en que ello no comprometa las investigaciones, para saber toda la verdad sobre quien ocupó la Presidencia de la República. El velo de la ignorancia no puede ser el modus operandi de nuestra democracia.
Y si se comprueba que esos pactos nauseabundos fueron ciertos, a todos los responsables les debe caer todo el peso de la ley. Sin importar las consecuencias, también habrá que investigar al presidente Petro: si es hallado culpable, deberá responder por sus delitos, sin que al país le dé miedo tener que encarcelar, por primera vez en mucho tiempo, a un presidente de la República.
Nada de mirar para otro lado ni de hacernos pasito. Los que se alían con la mafia para deshonrar la política solo tienen espacio detrás de las rejas.
Ah, y que se aliste la Fiscalía. Todas las conductas a las que me referí corresponden a la campaña de 2022. No están cobijadas por el fuero constitucional del presidente (porque todavía no lo era) ni por la inviolabilidad propia del ejercicio del cargo de senador, pues son hechos completamente ajenos a esa función. Petro será investigado como cualquier ciudadano. También en el extranjero.