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Opinión

  • | 2014/04/25 00:00

    El regreso de Petro

    Lo sucedido con Gustavo Petro es una vergüenza para los tres poderes públicos, como consecuencia, es urgente reestructurarlos.

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En todos los casos, queda plenamente comprobado que existe mucha pobreza jurídica en el manejo de los temas del Estado, donde se toman decisiones a la topa tolondra, sin medir las consecuencias a futuro.

Me resisto creer que todo este esperpento jurídico, administrativo y disciplinario tenga mezcla de ignorancia y manejo político. Es muy grave para un país cuando la administración pública, en cabeza del señor presidente, mete las de caminar frecuentemente y después de manera olímpica y sin ninguna vergüenza sale a corregir los errores con otro acto administrativo.

El regreso del doctor Petro es también el fiel reflejo de la pobreza jurídica de los asesores de Palacio, como también la voracidad del Gobierno de haberse querido empotrar en la administración distrital, con miras a aumentar los réditos para su reelección. Considero que con el fallo que acaba de proferirse, al presidente candidato se le han embolatado como mínimo tres millones de votos y el procurador Alejandro Ordóñez será blanco de tempestuosos debates.    

Entre otros fallos que están por venir, que indudablemente favorecerán al Alcalde Petro, el que acaba de proferir el Tribunal Superior de Bogotá, donde se ordena al presidente de la República dejar sin efecto el acto administrativo que profirió arbitrariamente para destituirlo, queda absolutamente claro que las medidas cautelares dictadas por la CIDH, si son vinculantes y que el Gobierno estaba en la obligación de haberlas acatado en sus momento, para así evitarse semejante rechifla jurídica como la que tendrá que enfrentar durante los próximos días.    

Las apreciaciones que sobre este caso hizo el señor presidente de la Corte Constitucional, donde se habla de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, es un juicio bastante aterrizado y coherente con lo que ha venido sucediendo desde que al representante a la Cámara Miguel Gómez Martínez le dio por promover la revocatoria del mandato, que a la postre fue creando todo un escenario que tiene más de sensacionalismo político y clientelista, que de esencia jurídica y administrativa. 

Es el sesgo del sectarismo, para impedir a toda costa, que un líder que ha logrado conquistar electorado con verdadera capacidad de trabajo constante y persistente, ahora se le quiera impedir que avance en sus programas, a base de zancadillas y trapisondas, orquestadas desde  los mismos poderes centrales nacionales y distritales.

Quienes desde los inicios de esta administración han estado detrás rubricando toda una patraña para no dejar gobernar la ciudad, inventándose todo tipo de obstáculos, con el fin de justificar deficiencias administrativas y provocar decisiones jurídicas, que infamemente se tomaron, deben ser investigados por la misma Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación para que les caiga todo el peso de la ley.  

No hay derecho que se hubiesen inventado toda una tramoya de desprestigio con efectos devastadores que saltan a la vista, con graves pérdidas económicas para la capital. La incomodidad que hemos venido padeciendo los habitantes de Bogotá por un debate que de fondo no tiene el escenario de las ideas, pero sí la perfidia y el engaño, llevan a lo más profundo de la indignación y ponen en estado de alerta que nuestra ciudad está plagada de una jauría de politiqueros que quieren a toda costa reconquistar su poder para continuar haciendo de las suyas, en detrimento de las arcas del Distrito Capital.   

La encerrona contra Gustavo Petro fue la sanción de la confabulación y el debate promovido con sondas sonoras de alto sabotaje, para que finalmente arrojara resultados tan nefastos, y así sus enemigos pudieran pescar en río revuelto. Pero es más vergonzoso que todo se hubiera orquestado desde la Procuraduría General de la Nación, si el señor Ordóñez Maldonado, que fue el conductor de semejante esperpento jurídico y de vergüenza para el país, tiene un poco de sentido común, debería renunciar a su cargo o en su defecto ser destituido por el Congreso de la República, que fue quien lo eligió, por cierto, en sesión poco clara y ambivalente.    

Lamentablemente, tan desagradable y vergonzoso episodio continuará teniendo repercusiones nacionales e internacionales y es muy posible que todo termine con grandes demandas contra la Nación, pues todo indica que son muchas las arbitrariedades cometidas por el procurador Ordóñez, especialmente contra funcionarios elegidos por votación popular.   

El próximo fallo: acción de nulidad y restablecimiento del derecho, está en manos de los honorables magistrados Gerardo Arenas, Gustavo Gómez y Berta Jaramillo, que tienen en estos momentos el poder y la decisión para otorgarla, y así permitir por esta vía que es más clara, la permanencia de Petro a la Alcaldía Mayor de Bogotá, si fallan con justicia y en derecho, pueden estar absolutamente seguros que contribuirán a darle mayor consistencia Jurídica al que se profirió el día martes 22 de abril, que por haber sido emitido por la Sala Agraria, no deja de tener dudas de competencia.

No podemos continuar con una administración al garete, con un tire y afloje, donde los corruptos para no hacerse notar ante tan vergonzoso episodio, clavan como el avestruz la cabeza en la arena y quienes miran el botín con ansias politiqueras se hacen los de la vista gorda porque mucho les ha de tocar.
   
urielos@telmex.net.co
urielos@hotmail.es
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