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Opinión

  • | 2015/09/23 15:00

    Venezuela: ¿observación electoral? No gracias…

    Mientras el gobierno del presidente Maduro parece empeñado en aislarse cada vez más, sus problemas se vuelven internacionales.

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El próximo 6 de diciembre Venezuela enfrentará las elecciones más reñidas que ha visto en lo que va del siglo. De los resultados –y de cómo son recibidos– dependerá, en buena medida, que la grave crisis política, social y económica que padece se resuelva con o sin violencia. Ante la falta absoluta de confianza mútua por parte de gobierno y oposición, la presencia de observadores internacionales de reconocida solvencia profesional es vital. Pero el gobierno se resiste a aceptar cualquier presencia que vaya más allá de la convalidación ciega del proceso. La comunidad internacional debe tomar nota de que una elección sin observación seria e imparcial es garantía de una continua internacionalización de la crisis venezolana, como ya ocurre en la frontera con Colombia.

Por primera vez desde el 2003 las encuestas le dan una ventaja a la oposición de alrededor de 20 puntos, que si se traduce en votos le daría a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) la mayoría de los 167 escaños de la Asamblea Nacional. Tan preocupado está el Presidente Nicolás Maduro que hace poco amenazó con “lanzar(se) a la calle .. para defender la revolución” si la MUD triunfara. Y rechaza la observación internacional, diciendo que Venezuela, “no es monitoreada, ni será monitoreada, por nadie”.

Esto es particularmente alarmante porque todo indica que las condiciones electorales serán las más adversas que la MUD haya enfrentado hasta ahora. Varios de sus candidatos más populares han sido inhabilitados por las autoridades, y el más emblemático de sus líderes, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión. El gobierno amenaza con extender cada vez más, en tiempo y espacio, el estado de excepción que rige a partir del cierre de la frontera con Colombia. Esto limita gravemente las posibilidades de hacer campaña, ya que suspende –entre otros– los derechos de reunión y de tránsito.

La credibilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por aliados del gobierno, está en sus niveles más bajos. En una encuesta a mediados de año el 50% de los consultados decía que no tenía “ninguna” confianza en él. Un porcentaje similar asegura que el voto electrónico puede ser manipulado y que no es secreto, aunque nadie ha podido jamás demostrar una discrepancia entre las actas de votación y el escrutinio electrónico, ni que el gobierno sabe por quién votó.

Lo que es innegable, sin embargo, es que el gobierno hace un uso masivo de los recursos del estado en apoyo a sus candidatos, y que la “hegemonía comunicacional” a la que siempre aspiraba ahora es un hecho. Mientras el presidente se apropia de todos los canales de televisión y radio, un promedio de casi 38 minutos cada día para sus discursos, la oposición tiene poco acceso a los medios electrónicos y solo un diario de alcance nacional, asediado permanentemente por el gobierno.

El CNE también actúa para inclinar la cancha a favor de los candidatos oficialistas. Algunos circunscripciones electorales que son bastiones de la oposición, por ejemplo, han visto reducido el número de diputados que eligen, con base en proyecciones demográficas muy dudosas, mientras circuitos generalmente leales al gobierno reciben un aumento. Esta medida en sí no serviría para eliminar la brecha que aparece en las encuestas de opinión, aunque podría disminuir la diferencia en número de escaños obtenidos entre el gobierno y la MUD.

El CNE también ha creado más de mil pequeños centros de votación adicionales. Algunos tienen nombres (como por ejemplo, “Con Chávez y Maduro”) que hacen sospechar que están en sitios abiertamente identificados con el gobierno. Históricamente, este tipo de centros –donde votan solo 200 o 300 personas– han tenido un comportamiento mucho más pro-gobierno que el promedio. La MUD se queja que sus testigos suelen ser expulsados de ellos.

Las condiciones del “acompañamiento” electoral que la Unasur y otros invitados estarán obligados a respetar están reñidas con algunos de los principios considerados básicos por las organizaciones –incluyendo la OEA y la Unión Europea– que son autoridad en la materia. En particular, los “acompañantes” no pueden emitir ningún juicio de valor sobre el proceso a menos que el CNE lo permita. El jefe de la delegación de Unasur en las elecciones del 2012 y 2013 –el ex vicepresidente argentino Carlos “Chacho” Álvarez– se alineó abiertamente con las autoridades, declarando en una ocasión que cualquier duda sobre el proceso se debía a “desinformación o prejuicios”.

Si las elecciones parlamentarias terminan con una disputa, que bien puede llevar a más violencia callejera, o a cosas peores, no habrá intermediario imparcial a la mano para calmar los ánimos y ofrecer una solución. Los países de la región se han mostrado reacios a involucrarse en lo que, oficialmente, consideran “asuntos internos”.

Pero todos pueden estar a punto de pagar el precio de no actuar a tiempo. Como demuestran los eventos en la frontera de las últimas semanas, lo “interno” suele volverse regional. La deportación masiva de colombianos por parte de Venezuela y el cierre de la frontera, que amenaza con provocar situaciones aún más peligrosas en un futuro próximo, no pueden entenderse sino en el contexto de la crisis interna de Venezuela. Y mientras el gobierno del presidente Maduro parece empeñado en aislarse cada vez más, sus problemas se vuelven internacionales.

*Analista senior de International Crisis Group
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