¡Piedad, renuncie!

La liberación del cabo Moncayo se encuentra empantanada. Los únicos y exclusivos responsables de su secuestro y cautiverio son las Farc. Asignar responsabilidades directas o indirectas al gobierno en estos hechos es un estropicio lógico o una manipulación política de opositores que apelan a cualquier recurso, por absurdo que sea, para tratar de socavar el inmenso apoyo popular del presidente Uribe.

El gobierno plantea que la presencia de la Cruz Roja Internacional, de la Iglesia Católica y la colaboración de un país como Brasil, son suficientes para dar garantías de seguridad a la liberación de Moncayo, no considerando necesaria la participación de otros agentes. Pero las Farc dicen que no entregan al secuestrado si Piedad Córdoba no participa en el proceso de liberación. Yo creo que esto se podría remediar fácilmente, por sustracción de materia: la senadora Piedad Córdoba debería hacerse a un lado y renunciar a la función que le han endilgado las Farc. Digo, si en la actitud de la senadora primara el interés humanitario de ver liberado a Moncayo y no el cálculo político y el 'pantallazo' de la liberación de otro secuestrado. Pero la senadora se empecina en no renunciar al nombramiento de las Farc.

Muchas personas -incluso algunos amigos del gobierno- plantean que así como en anteriores ocasiones Piedad Córdoba estuvo presente en algunas liberaciones, entonces qué más da que ahora también lo haga nuevamente en el caso de Moncayo. Se equivocan. Sí importa. No es lo mismo ahora que antes. La política es dinámica y entre las anteriores liberaciones y este momento ha surgido un grupo denominado 'Colombianos por la Paz', que ha sido reconocido por las Farc como contraparte e interlocutor, tanto para el tema del intercambio humanitario como para inciertos acercamientos de paz, dejando a un lado la posibilidad de una interlocución directa con el gobierno, en lo que éste último siempre ha estado interesado, pues es la única forma seria de avanzar hacia la paz.

El problema es mayor si se tiene en cuenta que el antedicho grupo está conformado y dirigido por feroces opositores al gobierno que claramente buscan utilizar las liberaciones de secuestrados y el señuelo de la paz con la guerrilla como un instrumento político contra el gobierno. Por esta razón, el gobierno está en todo su derecho para rechazar la utilización y la manipulación política de las liberaciones de secuestrados a cuentagotas para favorecer a la oposición, intención expresada en la condición de los secuestradores de que únicamente liberarán a los secuestrados si esos sectores de oposición son los principales actores de los procesos de liberación.

Este rechazo del gobierno a la utilización política del secuestro debería gozar de la comprensión y del respaldo de todos los colombianos, incluso de los sectores democráticos de la oposición. En estos momentos críticos el verdadero dilema es, o ser complaciente con una guerrilla que se ha ganado a pulso de barbarie el rechazo de toda la población, o ser solidario con el gobierno legítimo de todos los colombianos, incluidos los que están en la oposición.

Pero en esta como en otras ocasiones se comprueba la incapacidad física de los partidos políticos en Colombia para aglutinarse, presentar un frente único contra el terrorismo, defender las instituciones legítimas y, en primer lugar, el gobierno democráticamente elegido. Esto sería lo más normal en otras latitudes, donde los partidos dejan a un lado sus diferencias ideológicas y políticas y cierran filas hombro a hombro cuando se trata de defender la institucionalidad democrática contra la amenaza del terror. En nuestro país, en cambio, es frecuente que la oposición caiga en la tentación de distanciarse del gobierno en estos casos y trate de usufructuar políticamente la situación. Lo cual, obviamente, es aprovechado por la guerrilla.

Ya quisiéramos ver qué pasaría en España si la ETA secuestrara a un grupo de militares y exigiera que fueran los voceros de la oposición, o sus compinches políticos del País Vasco, quienes coordinaran y acompañaran el proceso y estuvieran presentes en el acto de su liberación. Creo que Mariano Rajoy, de PP, sería el primero en rechazar esa designación y en solidarizarse, junto con todos los partidos democráticos, con el gobierno socialista de Zapatero para exigirle a ETA la entrega incondicional de los secuestrados. Pero estamos en Colombia, y aun cuando aquí los políticos siempre tienen el caso de España en la boca, sin embargo, pocos dan un solo paso adelante para seguir su verdadero ejemplo: solidarizarse con el gobierno y no con la guerrilla. Como debe ser.