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Opinión

  • | 2006/12/08 00:00

    ¡Pilas, Magistrados!

    En el reglamento interno de la corte está prohibido que un magistrado tenga contactos con ciudadanos con intereses personales en procesos

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Por razones del oficio periodístico, conocí recientemente a los magistrados Yesid Ramírez y Mauro Solarte, presidentes, uno de la Corte Suprema y otro de su sala penal. Me produjeron la mejor de las impresiones. Que se fue mejorando, incluso, cuando en un gesto que el país agradece, prendieron el botón de arranque de la investigación de los nexos de la política con el paramilitarismo.

Por eso se me atraviesan en el alma cuando siento irremediablemente que la paramilitarización del país no parece que vaya a perdonar ni siquiera a tan respetable organismo.

Porque la verdad, no me convencieron para nada las explicaciones que ambos, y otros de sus colegas, salieron a dar a los medios la semana pasada cuando se descubrió que la joyita de Giorgio Sale, enlace entre Mancuso y la industria del lavado de activos, se movía como Pedro por su casa en los corredores del Palacio de Justicia.

El lío comienza cuando la revista Cambio ata cabos entre tres italianos capturados en El Dorado en momentos en que ingresaban al país 400.000 dólares amarrados con esparadrapo a sus barrigas, y las llamadas que Sale efectuó a sendos magistrados para averiguar por los procesos que tenían abiertos sus socios, los italianos del aeropuerto.

En primer lugar, no puede ser posible que se produzca un ingreso ilegal de divisas de esa magnitud y en ese grado de clandestinidad, y sus protagonistas hubieran quedado totalmente libres.

Eso, desde luego, no es culpa de la Corte. Dicen que es culpa de la legislación, porque no se les pudo comprobar que estaban lavando activos sino dizque eran unos prometedores inversionistas que venían a hacer empresa en Colombia.

A mí me da pena con el juez de primera instancia y con el tribunal de segunda instancia hacerles la reflexión de que si uno trae 400.000 dólares a Colombia amarrados a la barriga, se trata de un acto por lo menos sospechoso, porque se sale de las reglas normales del tráfico de dinero, y constituye para el país un delicado factor de perturbación fiscal. Ahí había un indicio grave que o no fue tenido en cuenta, o que no les pareció tan grave. Pero la inversión extranjera en Colombia está regulada por una verdadera selva de disposiciones jurídicas que, estoy segura, en ninguna parte consideran transparente que la inversión extranjera llegue a Colombia acomodada en lugares íntimos de sus portadores.

Hasta aquí la Corte no tiene velas en este entierro. Ni siquiera cuando el proceso llega al organismo bajo dos presentaciones: una tutela que la Corte falla en contra de los italianos, y un recurso de casación que interpone la Fiscalía para que los 'inversionistas' no queden libres: la Corte no aceptó el recurso.

Pero si este fuera el final de la historia, nada pasaría. Lo que sucede es que el señor Sale, cosa que es típica de las prácticas mafiosas en busca de reconocimiento social y poder institucional, se dedicó a atender magistrados en sus restaurantes -media Colombia, yo por lo menos, había oído que las Enotecas y Made in Italy eran lavaderos de dinero- y a enviarles regalos.

Y si a eso se suma que los magistrados le recibían llamadas a Sale para indagar acerca de sus procesos, las cosas se empiezan a complicar.

En el reglamento interno de la Corte Suprema está terminantemente prohibido que un magistrado tenga contactos con ciudadanos que tengan intereses personales en procesos que adelanta la entidad. Sin embargo, Sale tuvo la capacidad de 'patinar' dos procesos en la sala penal de la Corte. Con ello no estoy diciendo, ni siquiera insinuando, que ello lo haya logrado con base en algún soborno. Pero así me dé mucha pena decirlo, amenaza con dañar la autoridad institucional que la Corte Suprema de Justicia tiene ante los ojos de la opinión pública.

Es rico que a uno le den regalos y lo inviten a almorzar delicioso a un restaurante o a parrandear en una fiesta con conjunto vallenato. Pero en esas trampas no puede caer un magistrado porque es susceptible de que pase lo que pasó: que después se sientan obligados a responder llamadas de procesados que pretenden averiguar por el estado de los procesos.

Eso por lo menos constituye una indelicadeza. No de Sale, que es un delincuente. Y como tal, está en todo su derecho de hacer la llamada que quiera. Pero sí del magistrado que se la responde. Esa indelicadeza la comete contra la entidad, contra sus colegas y contra los ciudadanos colombianos.

Pilas, señores magistrados. Equivocaciones de estas envían un mensaje muy equívoco a quienes tenemos en ustedes depositada la confianza de que por fin se aclare el escándalo de la para-política.

ENTRETANTO… Uno trata y trata de entender, pero no puede. ¿Cuál es el papel que va a jugar el Polo en el pésimo momento que atraviesa el proceso paramilitar?
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