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Opinión

  • | 2008/08/11 00:00

    ¡Pilas!

    ¿Para qué obligar a personas mayores de 45 años, a hacer aportes obligatorios a pensiones, cuando saben que probablemente nunca se podrán jubilar? Si no es el enriquecimiento de los fondos pensionales, no se me ocurre ninguna otra razón que justifique el carácter obligatorio de este pago.

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Al parecer, el Ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt, al igual que el Viceministro de esa cartera, tienen una concepción de la situación de los colombianos bastante alejada de la realidad; suponen que todos los colombianos cuentan con una conexión a Internet – cuando sólo el 25 por ciento de la población tiene acceso a un computador –, que todos tienen una cuenta bancaria, que todos, salvo los afiliados al Sisben, pueden pagar cada mes una cuota de salud y de pensión, y que todos los trabajadores en Colombia son asalariados.

Sólo quienes abriguen estas extrañas ideas sobre nuestro país podrían, como lo han hecho estos funcionarios, atribuir el caos que se prolonga desde principios del mes pasado en relación con los pagos de la PILA – la famosa Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – a los trabajadores independientes que intentan, en muchos casos inútilmente, pagar las contribuciones obligatorias de salud y pensión. Según lo explicó el Viceministro por la televisión, las interminables filas, los números telefónicos de los operadores que no contestan, el cobro abusivo para llenar la planilla en los bancos, no tienen nada que ver con las disposiciones del Ministerio; es culpa de los trabajadores quienes, inexplicablemente, decidieron pagar los aportes todos al mismo tiempo.

La solución que se ha dado al problema es igualmente irrisoria: se amplió el plazo para los pagos durante todo el mes de julio y – generosidad máxima – durante todo el mes de agosto. A las personas a las que les resultó físicamente imposible realizar el pago de julio, no sólo tendrán que pagar intereses de mora, sino que corren el peligro de quedarse sin el servicio de salud. Y del debate que se anunció en el Congreso para que el Ministro explicara lo anterior, nunca se informó sobre sus resultados; al parecer, el tema de Yidis copó toda la atención de los parlamentarios.

Aparte de las infundadas suposiciones que han dado lugar a las absurdas medidas adoptadas – pues son ellas y no los trabajadores las causantes del problema – parecería evidente que ninguno de los funcionarios, asalariados todos, han sido jamás trabajadores independientes. Si así fuera, sabrían, por ejemplo, que, al no estar empleados de forma permanente, no necesariamente reciben un salario cada mes; más aún, que posiblemente pasen un tiempo, corto o largo, sin trabajar. Esto, desde luego, no los exime de los aportes, como tampoco de declarar el IVA cada dos meses. Cuando consiguen un contrato, aparte del 16 por ciento del IVA, deben pagar el 10 por ciento de retención, más un porcentaje adicional a sus aportes de salud y pensión, con lo cual ya han pagado más de la cuarta parte de lo que reciban. Cómo podrá cancelarse este porcentaje adicional a salud y pensión, cuando ni siquiera es posible actualmente pagar el aporte obligatorio, es algo que quizás los operadores nos puedan explicar, si alguien logra comunicarse con ellos.

Por otra parte, ¿cuál puede ser el propósito de obligar a personas mayores de 45 años, a hacer aportes obligatorios a pensiones, cuando saben perfectamente que probablemente nunca se podrán jubilar? Si no es el enriquecimiento de los fondos pensionales, no se me ocurre ninguna otra razón que justifique el carácter obligatorio de este pago. Y si en Bogotá y en las grandes ciudades ha sido imposible cumplir con las nuevas obligaciones, ¿qué harán las personas que viven en el campo, cuyo acceso a Internet y a los servicios bancarios, cuando no es inexistente, les implica desplazamientos y costos adicionales?

Quizás el invento de la planilla asistida haya sido, inicialmente, una idea concebida para facilitar los aportes. Sin embargo, la consabida improvisación que caracteriza estas disposiciones, la ausencia del más elemental sentido común, por decir lo menos, y la obstinación de los funcionarios del Ministerio, quienes ante los caóticos resultados de su implementación, se niegan a reconsiderar la medida, hace que los resultados de la misma perjudiquen a miles de personas. A mi juicio, esto constituye un evidente atropello de los derechos de gente cuyo único interés es cumplir con una obligación, obligación que les representa el bien que el Ministerio de Protección debe velar especialmente por proteger, el derecho a la salud.

¡Pilas, señores funcionarios! La vida, la salud, y el tiempo de la gente no son un juego; esperamos que, en este caso, haya una solución diferente a la de siempre: esperar que la gente se canse de protestar ante la inutilidad de los reclamos, y seguir como si nada, y sin que los causantes del caos generado se vean obligados a responder.




*Profesora de filosofía y asesora del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes.










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