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Opinión

  • | 2013/11/26 00:00

    Pirámides y carruseles financieros

    De nada vale el rigor de la ley cuando la autoridad no se ejerce o cuando su ejercicio es incapaz de develar la inventiva furtiva del delincuente.

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La campante proliferación de carruseles y pirámides financieras, solapadas bajo la apariencia de engañosos contratos, de nuevo está asolando el mercado.

La captación de ahorro público sin autorización del Estado, mediante el empleo de todo tipo de operaciones mercantiles y de ropajes contractuales, cada día gana espacio y es consecuencia directa de la indiferencia de una autoridad financiera, buena para figurar y anunciar medidas, pero incapaz para ejecutarlas.

La ley no garantiza el orden, salvo que la autoridad exija con rigor su efectivo cumplimiento y que los funcionarios obligados a velar por su aplicación honren su deber.

Si bien la nación no cuenta con una legislación financiera moderna y prospectiva, que se anticipe a las malas prácticas y disuada las conductas delictivas, aun así, la existente es suficiente para ejercer una adecuada vigilancia, inspección, y control del mercado. Pero de nada vale el rigor de la ley cuando la autoridad no se ejerce o cuando su ejercicio es incapaz de develar la inventiva furtiva del delincuente. 

Es evidente que las normas que regulan la captación masiva y habitual del ahorro deberían ser más severas, y que aun así, las vigentes resultan solventes para reprimir este delito. A pesar de ello, el país sigue presenciando con asombro el auge de negocios fraudulentos que aprovechan la ignorancia o la ingenuidad de muchos para expoliarlos.

Desde tiempos inmemoriales se probó que son insostenibles todos los esquemas financieros cuya rentabilidad dependa de captaciones futuras e inciertas. En el Siglo XIX Charles Ponzi, hábil embaucador y siniestro creador del “Esquema de Ponzi”, hoy mal llamado “Pirámides & Carruseles Financieros”, pagó con su libertad la temeridad de sus truculentos engaños.

Sobrecoge que la picardía de un puñado de “Ponzis” diseminados por todo el país, sumada a la ingenuidad de miles de ciudadanos y a la proverbial ausencia del estado, esté arrebatando el ahorro público.    

Es claro que el control del marcado financiero no debe tan sólo limitarse a la vigilancia de las instituciones para establecer si el manejo que dan al ahorro público es seguro, confiable y transparente; el control debe también ser imperativo sobre aquellos que se aventuran a realizar operaciones al margen de la ley.

La vigilancia de la actividad financiera debe ser sistemática y severa, y no intermitente y laxa, pues con ello se estimula la comisión de delitos, algunos aparentemente imperceptibles, como son los “de cuello blanco”, que se configuran cuando la conducta delictiva no tiene esa apariencia y es cometida por sujetos con supuesta habilidad financiera, lo que en ocasiones demora las investigaciones e inhibe a las autoridades a hacerlas. 

Lamentablemente la anarquía del mercado financiero no se limita a las captaciones masivas y habituales no autorizadas. También es extensiva a un mercado financiero desbordado por los abusos y los atropellos, y al que el gobierno no reprime por temor a mostrarse intervencionista a pesar de la avalancha de quejas y reclamos de los usuarios y de las desvergonzadas respuestas que reciben a ellas, las que por lo general, tan sólo causan hilaridad o justa indignación. 

Contrastan las siderales utilidades que obtiene el sistema financiero con los precarios servicios que presta. Por su parte, la Superintendencia Financiera ha demostrado con absoluta solvencia, incapacidad funcional para controlar el mercado y para mejorar su desempeño. 

La falta de autoridad del Estado perpetúa los abusos de las instituciones financieras y promueve la expansión de un sistema mimetizado que desafía las normas que penalizan la usura y que prohíben la captación masiva y habitual del ahorro público. Es lamentable que sean los jueces penales los que terminen reprimiendo los delitos contra el orden económico social, a falta de una autoridad financiera que los prevenga. 

*Abogado director y Socio de RODRÍGUEZ-JARABA & ASOCIADOS. Especialista y Consultor en Derecho de Sociedades, Comercial, Financiero, Empresarial y Contratación Internacional. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. rrjaraba@javerianacali.edu.co 
En Twitter: @rrjaraba
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