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Opinión

  • | 2000/08/07 00:00

    Plan Colombia: un plan para la paz

    El Plan Colombia es, en suma, un plan de inversiones prioritarias para alcanzar la paz en nuestro país.

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"La paz no se hace o se deshace sola. Para que sea algún día una realidad es preciso comenzar a imaginarla, a planearla y a construirla".



Esta frase, tomada del artículo de la revista Semana "Cómo sería Colombia en Paz", resume el planteamiento central del Plan Colombia y es a su vez eje del Plan de Desarrollo de este gobierno. La paz hay que construirla y hacerlo requiere tomar decisiones. Y bien sabemos que las decisiones, especialmente en un país en conflicto, producen críticas. Sin embargo, no existe espacio para la inacción. No podemos permanecer pasivos.



El Plan Colombia se inscribe dentro del propósito de construir la paz de este gobierno y por ello toca tres elementos que el gobierno considera estructurales al conflicto: primero, y como elemento central, la búsqueda de una solución política y negociada del conflicto armado; segundo, el replanteamiento de la lucha antinarcóticos para que ella tenga en cuenta y por lo tanto prevenga sus efectos nocivos sobre la sociedad y la democracia colombianas y para que ésta se lleve a cabo dentro del principio internacional de la responsabilidad compartida ya que Colombia ha cargado hasta ahora con el peso de esta lucha de manera desproporcionada; y tercero, un conjunto de inversiones encaminadas a vigorizar la acción de las comunidades mismas, especialmente en las zonas rurales y de conflicto, ayudándoles a fortalecer su capacidad económica y su construcción o reconstrucción de tejido social y de institucionalidad democrática.



No hay duda de que existen posiciones variadas sobre el peso y la interrelación de cada uno de estos factores en la violencia colombiana y que ello hace que se presenten críticas al Plan Colombia. No hay duda tampoco que esas diversas posiciones son parte de la fractura que ha producido el conflicto en la sociedad colombiana. Mientras se le critica al gobierno de haber ido muy lejos, de haber sido ‘demasiado’ generoso con la guerrilla, se le critica también el adoptar una supuesta posición militarista. Una especie de contrasentido para un gobierno que le ha apostado tanto a la paz.



Y esa misma contradicción aparente se ha producido en el concierto internacional, en Estados Unidos y Europa, por una parte en sectores que quisieran que el gobierno quitara el status político a la guerrilla y los tratara como narcotraficantes mientras otros sectores preferirían no ver los desequilibrios que ha generado el multibillonario negocio del narcotráfico sobre Colombia y prefieren ver el conflicto colombiano bajo la óptica de El Salvador, Nicaragua o Guatemala.



De allí se derivan las diferentes versiones contradictorias que han llenado los medios de comunicación tanto en Colombia como en el exterior al referirse al Plan Colombia. Cada cual lo ve con el cristal con el que mira la violencia colombiana, una violencia que, por su prolongación, sus manifestaciones, sus actores y sus causas, se ha venido modificando y adquiriendo nuevas facetas que la hacen especialmente compleja.



A su vez, esta complejidad obliga al gobierno a proponer una estrategia integral cuyos componentes no pueden ser discutidos o analizados de manera aislada sino que deben ser entendidos en su conjunto.



La negociación política



Dentro del marco del Plan Colombia, la estrategia de negociación es su eje central, y por lo tanto, el gobierno ha solicitado apoyo a nivel internacional y ha exigido respeto por esta decisión soberana, aún de quienes desde fuera de Colombia preferirían ver el conflicto con la guerrilla como una extensión de la guerra contra el narcotráfico.



En esta estrategia, el gobierno ha interpretado en buena parte el anhelo de paz de la sociedad colombiana al presentar una iniciativa de solución política y negociada al conflicto armado. Las manifestaciones cada vez más masivas de la sociedad exigiendo un fin al conflicto y a las hostilidades en contra de la población civil han tomado el carácter de mandato popular.



Esta iniciativa ha permitido el establecimiento de una zona de distensión, la definición de una agenda de negociación y la participación creciente de la sociedad civil a través de audiencias públicas sobre los temas acordados. El gobierno concedió status político al ELN y se busca con este grupo insurgente un marco para la negociación.



La Colombia de hoy es una sociedad mucho más democrática, moderna, urbana y justa de lo que era hace medio siglo al iniciarse el conflicto. Aún cuando la violencia se ve hoy alimentada por los miles de millones de dólares generados por el narcotráfico, el Estado colombiano ha reconocido el carácter político de la confrontación armada.



La violencia y el narcotráfico



Pero debemos también reconocer y entender que a las complejidades de este conflicto histórico se sumó a partir de la década de los ochentas el problema de la droga.



La literatura académica aún discute por qué se dieron en Colombia las condiciones para que prosperara este negocio. Lo cierto es que, con un mercado internacional creciente y voraz, este infame negocio creció; con él surgieron los narcotraficantes, los carteles, las bandas criminales; y el narcotráfico se convirtió en un disolvente de las estructuras sociales y en un potenciador de la violencia.



El narcotráfico corroe la estructura social con sus asesinatos, amenazas y prácticas autoritarias y violentas contra jueces, funcionarios, periodistas y ciudadanos. Con la violencia y la corrupción que promueve, las cuales necesita para subsistir, ataca las bases del régimen democrático. Con sus necesidades de expansión golpeó y resquebrajó a las comunidades campesinas produciendo desplazamientos forzados y convirtiéndolos en parte del conflicto. Con el espejismo de la ganancia rápida, el narcotráfico contribuyó a distorsionar y empobrecer la economía, inflando irrealmente los precios, promoviendo una cultura de especulación y financiando el contrabando que golpeó fuertemente nuestra industria.



En lo ecológico, es causante de un tremendo desastre del cual el mundo aun no es consciente, tal como lo atestiguan las cien mil hectáreas de bosque que por su causa se destruyen anualmente. Bosques necesarios para el ecosistema amazónico y para los nacimientos de aguas que se secan todos los días en los Andes, por causa de la deforestación de los páramos. Por cada hectárea de coca o de amapola que se planta, se destruyen cuatro hectáreas de bosque. Por causa de este negocio criminal, cada año son vertidos a las aguas 200.000 galones de herbicidas, 16.000 toneladas de fertilizantes químicos y 100.000 galones de veneno, que destruyen las tierras y los ríos de Colombia, fundamentalmente en la región de la Amazonía.



Así, en el eje de las diferentes violencias que azotan a Colombia se sitúa crecientemente el narcotráfico convirtiéndose a su vez en el gran enemigo de una negociación de paz sólida y estable. Existe hoy una lucha por el control de regiones productoras de cultivos ilícitos, lucha que desvertebra y desplaza a las comunidades campesinas y que amenaza la consolidación del proceso de paz.



La corresponsabilidad: de la retórica a la práctica



Colombia quizás sería ya una nación en paz, una nación que ya habría resuelto su conflicto histórico, si no fuera por el tráfico ilegal de las drogas y, por ello, enfrentarlo es quitarle al conflicto el oxígeno que permite su respiración. Entender el papel del narcotráfico en el conflicto colombiano es necesario para darle una oportunidad a la paz.



¿Pero cómo enfrentarlo? Ninguna nación ha sufrido tanto por el auge y la demanda de drogas durante esta última generación como Colombia. Y en vez de caer víctimas de esta amenaza, la hemos enfrentado con grandes sacrificios. Pero el narcotráfico no es un asunto ni propio ni exclusivo de Colombia. Aunque mucho se tuvo que luchar para que fuera aceptada esta verdad, nadie discute hoy el hecho de que el problema de las drogas ilícitas es todo un proceso ininterrumpido en el cual entran la producción, el procesamiento, el transporte, la recepción en los puertos del exterior y la venta en esos mercados, el consumo, el blanqueo de las inmensas sumas de dinero en el circuito internacional y que, anexa a esa actividad criminal, están la venta y exportación de los llamados precursores químicos, el contrabando, el tráfico de armas y el crimen transnacional.



De allí que, ante un problema de tan inmensas proporciones, sea innegable la aceptación de la corresponsabilidad, de la responsabilidad compartida, la cual, en la práctica, implica la obligación de cada Estado de atacar los factores del problema en cada país pero, en el mismo grado, la necesidad de un concierto y de una cooperación internacional para enfrentarlos compensando a los estados más afectados por el narcotráfico y a los más débiles económicamente. El mundo desarrollado al adoptar una política de prohibición del consumo de droga debe a su vez asumir su responsabilidad en los costos que esta política genera en países como Colombia.



Porque Colombia padece una grave violencia, el gobierno situó la paz, y la negociación política y negociada, como una prioridad. Porque el narcotráfico es el combustible que alimenta las diferentes violencias, entender sus efectos sobre Colombia y enfrentarlo en consecuencia es quitarle fuerza a los factores de la guerra. Y puesto que la comunidad internacional, al igual que en otros conflictos, puede jugar un papel vital en la solución del conflicto interno y dado también que el narcotráfico implica la corresponsabilidad, Colombia acude a la solidaridad internacional para fortalecer la paz, al mismo tiempo que asume sus propias responsabilidades.



La estrategia de fortalecimiento institucional y desarrollo social



Por esto la tercera estrategia de paz del Plan Colombia es la estrategia de fortalecimiento institucional y desarrollo social. Es de paz, porque busca que la cooperación internacional, unida al esfuerzo propio, sea invertida con un sentido eminentemente social. Que se dirija a coadyuvar el esfuerzo de las propias comunidades, a fortalecer sus propuestas de construcción de su tejido económico y social.. Que dé apoyo a los miles de desplazados que ha dejado el conflicto y que contribuya a crear las condiciones para que puedan retornar a sus hogares. Que se fortalezcan las instituciones que protegen los derechos humanos. Que se ponga en práctica todo un plan de apoyo y de vías de comunicación, para que las personas que se dedican, como pequeños cultivadores, a la producción de droga, en lugares apartados, cuenten con medios para producir bienes lícitos y puedan sacar estos productos a los centros de consumo.



Esta estrategia además, representa una oportunidad sin antecedentes para que la comunidad internacional lleve a la práctica el principio de la corresponsabilidad en la solución de asuntos que, como la lucha contra el problema mundial de las drogas, la preservación del medio ambiente, el desarrollo social, los asuntos de carácter humanitario, y la búsqueda de la paz, son de interés compartido.



Este es el verdadero sentido del Plan Colombia. Dicho Plan es una estrategia integral para nuestro futuro y es también, el más ambicioso y coordinado programa de acción social que jamás se haya realizado en el país con el propósito de crear nuevas y mejores oportunidades de paz y progreso a los colombianos.



El Plan Colombia es, en suma, un plan de inversiones prioritarias para alcanzar la paz en nuestro país. El conjunto de las inversiones se concentra en los sectores sociales. De hecho, el setenta y cinco por ciento de todos los recursos nuevos se orientan a los programas al fortalecimiento de comunidades en el nivel local y de sus instituciones y a la atención humanitaria para quienes han sido afectados por la violencia. Por supuesto, el logro de la paz depende también de la creación de oportunidades económicas y condiciones dignas para quienes se han tenido que dedicar a los cultivos ilícitos. Por ello, el Plan Colombia contiene un sinnúmero de proyectos que generarán empleo y bienestar.
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