Plebiscitos, conejitos y umbrales

En los próximos días, las plenarias de Senado y Cámara entrarán a debatir el proyecto de ley que regula el plebiscito para la refrendación de los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Hasta el momento y como se dio el trámite durante su primer debate, se podría decir que marchamos hacia la configuración de un mecanismo cuya credibilidad es bastante cuestionable.

El primer punto débil de la iniciativa radica en cambiar los umbrales. La Ley establece que los plebiscitos requieren la participación de al menos el 50 por ciento del censo electoral para apoyar o rechazar una decisión de la Rama Ejecutiva. Con la nueva propuesta en discusión, bastaría con que el 13 por ciento del censo electoral votara favorablemente para avalar los acuerdos. Este cambio no deja de preocupar porque la exigencia de mayor umbral para los plebiscitos no es otra cosa que prevenir el abuso del poder Ejecutivo en la utilización de los mecanismos de participación ciudadana.

La mayor duda frente al nuevo umbral tiene también fundamentos históricos. En diciembre de 1957, cuando se aprobó el plebiscito que dio vida al Frente Nacional, se presentaron cerca de 4.169.294 votos por el Sí, siendo Colombia un país de catorce millones de habitantes, con mayor concentración poblacional en las zonas rurales. Hoy, teniendo un país de cerca de 48 millones de habitantes, de los cuales menos del 30 por ciento vive en zonas rurales, se pretende que con 4.400.000 votos por el Sí, validemos un acuerdo cuyos efectos sobre el futuro del país son supremamente sensibles. En pocas palabras, mientras en 1957 votó el 30 por ciento de la población por el Sí, para autorizar la repartición bipartidista del Estado y el poder presidencial, en el 2015 solo votaría el 9 por ciento de la población por el Sí para validar “la paz”. Sencillamente incomprensible.

Otro aspecto que preocupa del plebiscito radica en la desigualdad de acceso a los medios de comunicación y el financiamiento que podría tener la campaña del No. Dado que se trata de enfrentar al Gobierno con toda su capacidad comunicacional y presupuesto publicitario, la campaña antagónica debería contar con total financiamiento público en proporción semejante al Estado e igualdad gratuita en las mismas franjas de medios de comunicación, además de prohibir que privados hagan publicidad a favor de una u otra causa.

De no contar con esas garantías básicas y ante la ambivalencia de la Ley, se podrían cometer los mismos errores de 1957, cuando la propaganda oficial y la publicidad empresarial a favor del Frente Nacional apabullaron en total desequilibrio las legítimas posturas críticas. Ejemplos resaltados hace unos años en la revista Historia Crítica de la Universidad de los Andes, nos recordaban piezas publicitarias que en 1957 decían “Su voto afirmativo al Plebiscito es la salvación de Colombia: Atención de Fabricato, la Tela de los hilos perfectos” u otras que indicaban “Votar Sí el primero de Diciembre es erradicar de Colombia la tiranía. Negar el plebiscito es la manera de trabajar por los amigos de la Dictadura”.

Sin duda, el elemento más cuestionable del plebiscito obedece a que se trata de un “conejo” a la propuesta original de un referendo promovida por el gobierno, inclusive modificando la ley para hacerlo coincidente con otras elecciones que facilitarán el engranaje de las estructuras partidistas. Debido a que la Constitución exige un umbral de participación del 25 por ciento, el gobierno encontró en la reforma del Plebiscito el camino más fácil para minimizar sus riesgos y eludir la exigencia de la Corte Constitucional para que los referendos permitan el voto ciudadano por una variedad de preguntas y no un simple Sí o No a una sola pregunta general, como hoy se pretende.

La refrendación de los acuerdos a través de un referendo, conforme a las exigencias de la Constitución y la Ley, es un camino institucional que brinda garantías. El mecanismo de plebiscito que se está cocinando, por el contrario, lo único que está sembrando es la ilegitimidad de conducir al país a que una minoría imponga nuestra aceptación a un contrato maniqueo de todo o nada.