Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

Opinión

  • | 2008/03/27 00:00

    Política criminal inequitativa y politizada

    La política para enfrentar el crimen en Colombia busca obtener beneficios políticos para unos pocos a costa de los grupos más vulnerables y de los principios que sostienen a un Estado de derecho.

COMPARTIR

En Colombia, una persona puede ser condenada de 1 a 2 años de cárcel por robar un bombillo del alumbrado público o una bolsa de leche en un supermercado (y de 2 a 6 años si tiene antecedentes penales), sin derecho a la excarcelación antes de cumplir la totalidad de la pena. Los conductores de vehículos de servicio público y particulares pueden pagar penas de prisión de 3 a 6 años por contaminar el aire.

Pero al mismo tiempo, paramilitares condenados por la comisión de masacres, torturas, desapariciones y desplazamientos forzados de miles de personas, pagarán penas de entre 5 y 8 años de cárcel. Los cuatro políticos condenados hasta el momento por el escándalo de la parapolítica (Eric Morris, Dieb Maloof, Alfonso Campo y Trino Luna) pagarán penas de entre 4 y 6 años; algunos de ellos podrían salir libres en un año y medio al recibir beneficios penales por buen comportamiento y colaborar con la justicia.

El guerrillero ‘Rojas’ de las FARC, quien asesinó a su jefe ‘Iván Ríos’ y a su compañera, además de cortarle la mano al primero para demostrar su identidad, no sólo parece que no será investigado por este doble asesinato, sino que será premiado por el Estado con una recompensa de 5 mil millones de pesos, por entregar, muerto y mutilado, al líder subversivo.

Los ejemplos anteriores parecen poner de manifiesto lo que hace tiempo varios sectores de la academia, la rama judicial y la opinión pública vienen diciendo de la política criminal en Colombia: que ésta es tan confusa y variable, que en la práctica es inexistente. Con base en estas apreciaciones, se ha vuelto de uso corriente la afirmación de que la política punitiva colombiana es reactiva y carente de toda estrategia, pues el gobierno, secundado por el Congreso, se limita a reaccionar improvisadamente frente a los problemas y emergencias del momento. Aunque esta forma de razonamiento tiene algo de cierto (basta ver la cantidad de reformas penales que se aprueban cada año), no presenta el problema en toda su dimensión.

Un estudio más detenido de las decisiones que el gobierno y el Congreso toman en materia de política penal, permite concluir que éstas no son tan desordenadas como parecen, pues surgen ciertos patrones recurrentes que sugieren que, por debajo de la aparente improvisación, se teje una estrategia de tratamiento del crimen en Colombia que es inequitativa y responde a intereses políticos muy concretos.

Dicha estrategia establece una política criminal de dos niveles: uno que se aplica principalmente a los grupos sociales marginalizados que han sido tradicionalmente criminalizados (como la delincuencia callejera y los últimos eslabones de la cadena del narcotráfico – los pequeños vendedores y los campesinos cocaleros) y a aquellos que son considerados por el establecimiento como enemigos de la sociedad y el Estado (en los últimos años esta etiqueta le ha sido impuesta ante todo a los miembros de las FARC); el otro nivel, a grupos que ostentan un gran poder económico, político o militar dentro de la sociedad (como los grandes grupos económicos, los políticos y los paramilitares).

En el primer nivel se aplica con todo rigor el aspecto punitivo de la política penal (endurecimiento de penas y procedimientos, reducción de beneficios penales), mientras que en el segundo se concentra el aspecto más laxo de dicha política.

Este tratamiento ambivalente responde también a intereses políticos concretos. De una parte, el gobierno y el Congreso adoptan medidas punitivas frente a aquéllos delitos que causan mayor temor en la sociedad, y que no afectan intereses de grupos afines al establecimiento, pues tales medidas son populares y brindan réditos políticos: la sociedad siente que el Estado está haciendo lo necesario para enfrentar la criminalidad que la tiene acosada, sin que le importe demasiado si efectivamente se están reduciendo los índices de criminalidad o si están siendo condenados los delincuentes más peligrosos.

Los políticos saben muy bien que si logran crear la percepción de que están protegiendo a la sociedad, con independencia de que lo estén logrando realmente, su popularidad aumentará, y con ella el caudal de votos y la cuota de poder político que les corresponde. La política penal se convierte así en una política mediática, del espectáculo, donde prima el impacto simbólico del discurso punitivo sobre los resultados concretos.

De otra parte, la estoica tolerancia del gobierno y el Congreso frente a cierto tipo de delitos graves (como los de los paramilitares, los parapolíticos y quienes colaboran, como el guerrillero ‘Rojas’, con las autoridades), se basa en la premisa política de que el fin justifica los medios. Así, y este es un argumento repetido continuamente por el gobierno, el tratamiento benigno que se les da a delincuentes de gran calibre, se justifica en los más altos fines de la nación, como la consecución de la paz y la desarticulación de grupos terroristas.

Esta forma de hacer política criminal debe ser rechazada por dos razones: primero, porque es selectiva e inequitativa, lo cual viola el derecho a la igualdad de un gran número de colombianos; justamente aquéllos que se encuentran más marginalizados y a quienes el Estado debería dar oportunidades para integrarse a la sociedad (como se les dan a quienes cometen delitos mucho más graves), en lugar de segregarlos.

Segundo, porque la política del “todo vale” no es admisible en un Estado de derecho por razones prácticas (el remedio puede ser peor que la enfermedad, como ha demostrado el fenómeno paramilitar), y por razones de principio: justamente lo que caracteriza a un Estado de derecho es su sometimiento a ciertas reglas para lograr los fines trazados por la comunidad política; las primeras son tan importantes como éstos. Renunciar a ellas significa traicionar los fines mismos para los que fue creado el Estado.

Política criminal sí hay en Colombia; pero es una política que busca obtener beneficios políticos para unos pocos a costa de los grupos más vulnerables y de los principios que sostienen a un Estado de derecho. Lo que falta es una política penal que esté al servicio de todos y que reafirme dichos principios.



*Manuel Iturralde es profesor y Asesor del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes (G-DIP)

El Grupo de Derecho de Interés Público de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes (G-DIP), es un ente académico que persigue tres objetivos fundamentales: primero, tender puentes entre la universidad y la sociedad; segundo, contribuir a la renovación de la educación jurídica en nuestro país; y tercero, contribuir, a través del uso del derecho, a la solución de problemas estructurales de la sociedad, particularmente aquellos que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra comunidad.





¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1829

PORTADA

Gran encuesta presidencial

Vargas Lleras arranca fuerte, Petro está estancado, Fajardo tiene cómo crecer y los partidos tradicionales andan rezagados. Entre los uribistas, Ramos se ve fuerte. Y Santos tiene 35 por ciento de aceptación. Gran encuesta de Invamer para Caracol Televisión, Blu Radio y SEMANA.