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Opinión

  • | 2017/05/31 07:57

    Las Farc y la política

    Maniobras políticas y minucias jurídicas. Socialismo de Cuba o Venezuela. Judicialización de la política.

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El discurso ha sido consistente, tanto el gobierno como la FARC, sostienen que el acuerdo final puso término a más de 50 años de guerra. Por supuesto, hay un mensaje implícito, el alzamiento en armas contra el orden constitucional tenía justificación en la exclusión política y la inequidad social. En consecuencia, los móviles ideológicos justificaron la comisión de delitos políticos y por ende el perdón mediante la amnistía o el indulto, excepto para los delitos de gravedad internacional, según lo establecido en el tratado de Roma, para los cuales se previó una justicia de transición, sin que esto implicara inhabilidad política para cargos de elección popular.

Sin embargo, en la negociaciones se dio un paso más, el Estado o el establecimiento y sus agentes, también son culpables de delitos por los excesos y extralimitaciones en la represión a los rebeldes y sediciosos. Tales excesos no tienen motivación ideológica, no pueden ser considerados delitos políticos ni pueden ser perdonados, por lo tanto, irán a la justicia de transición. Con lo cual se da una de las paradojas propias de una larga negociación, la justicia de transición se ocupará más de los agentes estatales que de los lideres guerrilleros responsables de delitos de gravedad internacional. Y se dio otro paso adicional, los delitos de paramilitares o grupos derivados de estos, los enemigos ilícitos de la guerrilla, no irán a la menciona justicia de transición sino se someterán al régimen anterior.

Entonces, la actividad política estará determinada por un antecedente inmediato, el alzamiento en armas insurgente con fundamento político, perdonado mediante indultos, y delitos de guerra y de lesa humanidad condenados simbólicamente por la justicia de transición, con pase directo a la actividad proselitista. De la misma forma, estará determinada por las investigaciones y condenas a agentes del estado por excesos en la represión y otros por vínculos o participaciones con grupos paramilitares o derivados. Se trata de otra paradoja, la judicialización de la política con dos caras, la insurgencia justificable por móviles políticos y la de los agentes del Estado y los grupos paramilitares carente de justificación alguna.

Es cierto que los distintos grupos políticos, primeramente, se han ocupado en la defensa o en la critica de las negociaciones con las FARC, sus concesiones, sus costos y financiación, el resultado negativo del plebiscito, la rápida renegociación, la refrendación por el Congreso, y la dudosa puesta en vigencia del procedimiento legislativo abreviado de implementación, llamado fast track, con el aval y recientes modificaciones de la Corte Constitucional. Aquí lo que se discute son las maniobras políticas, propias de un esquema de gobierno-oposición, donde en cada etapa se da la brega de unos y otros, acompañada de las minucias jurídicas para lograr aprobación de los máximos tribunales.

Por último, queda la discusión de los grandes modelos económicos y políticos. Aún nos preguntamos si las FARC persistirá en sus ideas socialistas, si se inclinará hacia la experiencia de Cuba o de Venezuela, esta última indefendible y dramática; o si por el contrario, dará un giro hacia las ideas socialdemócratas europeas. En la otra orilla, están los defensores de la propiedad privada, la libertad de empresa y el libre mercado, que temen por el desmantelamiento de modelo y la falta de alternancia en el poder.

Las FARC no la tienen fácil, es cierto que lograron enjuiciar el establecimiento, extender los delitos políticos a conexos como secuestro y narcotráfico, así como evitar la inhabilidad política por delitos graves; pero también es cierto, que la negociación no estuvo libre de maniobras, dudosas interpretaciones y cambios de reglas de juego, que las hace partícipes de la politiquería que critican y afines al continuismo del gobierno con quien negociaron. De otro lado, tienen proximidad con Cuba y deudas con Venezuela, modelos uno anacrónico y otro caótico, de un socialismo revaluado a nivel global. Además, basaron la negociación en decisiones judiciales, con lo cual contribuyen a la judicialización de la política.

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