Martes, 24 de enero de 2017

| 2003/11/30 00:00

¿Política de Estado o de gobierno?

No se puede descartar el riesgo de que los paras estén usando el diálogo para avanzar la guerra, igual que tantas veces hicieron las guerrillas

¿Política de Estado o de gobierno?

La gente sabe que la paz tiene un precio. Por eso acepta perdonar y subsidiar a los desmovilizados, mientras sus crímenes no hayan sido atroces y siempre que no vuelvan a las andadas. Es un cálculo de costos y beneficios, que por lo mismo debe mirar a ambos con gran cuidado.

La impunidad es el mayor costo de todo proceso de paz.

Impunidad, de entrada, para delitos políticos y conexos. E impunidad, a veces, para delitos graves, hasta llegar a los crímenes de lesa humanidad. ¿Dónde se ubican las AUC y, en especial, los 870 desmovilizados de Medellín?

Pues en rigor ni siquiera es claro que califiquen como delincuentes "políticos", porque ni las AUC pretenden derrocar al gobierno (rebelión) ni impedir, con las armas, que el Estado funcione libremente (sedición).

Y en todo caso no es claro que todos esos jóvenes de veras fueran parte de las AUC: ¿Cuántos paracaidistas cayeron en busca del subsidio? ¿Cómo confiar en la palabra de un "Don Berna"? ¿Cómo ignorar que a Castaño le conviene inflar la cifra? ¿Cómo esperar que el ente responsable (el Coda) confirme en una o dos semanas quiénes pertenecían al Bloque Nutibara?

Eso en cuanto a delitos menores. Porque mientras no pase la ley de alternatividad penal, el Presidente no puede perdonar a los culpables de "actos atroces de barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión".

Si alguno de los 870 jóvenes ha incurrido en tales actos se irá para la cárcel. Y sin embargo es más exacto decir que esto se aplica sólo a quienes estén "judicializados" de antemano, porque en dos o tres semanas no se van a descubrir más criminales. En un país donde 8 de cada 10 homicidios ni siquiera se investigan, y para gente que tiene tan buenos abogados, es de prever que no habrá judicializados, ni confesiones -ni justicia para crímenes atroces-.

Los costos de atender y reinsertar a cada desmovilizado se estiman en unos ocho millones de pesos, lo cual es mucho y a la vez muy poco por componer una vida y evitarse unas muertes. Aquí las dudas van más a la improvisación de los programas -ya de por sí bastante dificultosos- y más aún, a la señal equivocada que puedan recibir miles de jóvenes de las comunas que no delinquen ni por eso reciben subsidios del Estado.

El beneficio grande es por supuesto que haya 870 combatientes menos en esta guerra de perdedores. Pero de entrada hay que advertir que se trata de un grupo marginal, de pandillas cooptadas por las AUC, igual que las "milicias" son pandillas cooptadas por las Farc -delincuentes comunes que se pliegan o se venden sin pudor-. Hay que añadir que, según "Adolfo Paz", la mayoría de los desmovilizados no eran combatientes sino auxiliadores. Y rematar con que ellos entregaron 112 fusiles, pocas armas potentes y cero munición.

Volverlos a sus casas y galladas después de tres semanas de consejos no es mucha garantía para ellos -ni para los vecinos-: después de recibir su dinero, seguramente muchos volverán a la violencia.

Ni se puede descartar el riesgo de que los paras estén usando el diálogo para avanzar la guerra, igual que tantas veces hicieron las guerrillas. La desmovilización podría reducirse a zonas consolidadas (tipo Medellín o Urabá) con la intención de moverse a zonas en disputa. Podría tratarse de una rotación, donde ciertos cuadros se amnistían y entran a la política mientras el resto insiste en las armas. O quizá busquen pastranizar el proceso, lograr que las Fuerzas Militares aflojen la ofensiva mientras se esté negociando. Y es porque no ha desaparecido la causa ni se ha tocado el fondo del paramilitarismo.

Pero después de todo hay que admitir que los Estados débiles no pueden negociar de otra manera. Así negoció Gaviria con Escobar, y así lo hicieron Belisario o Pastrana con las Farc. Sólo que cada acto de debilidad debilita más al Estado y que cada presidente débil hipoteca otro poco del futuro.

Si en las desmovilizaciones que vienen hubiera al menos una muy seria veeduría internacional, si existiera una Comisión de la Verdad, si las víctimas pudieran acceder a los registros y por supuesto, si se retira el proyecto de alternatividad penal, el presidente Uribe vendría a ser el primero que trabajó de veras por un Estado fuerte.

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