Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2001/09/03 00:00

Política sexual en Colombia

Política sexual en Colombia

Ha pasado su primer debate en la comisión primera del Senado el proyecto presentado por la senadora Piedad Córdoba Ruiz, quien busca con ponencia del senador Enrique Piñacué que el Estado reconozca y proteja las uniones de parejas del mismo sexo. El proyecto se aprobó con nueve votos a favor y uno en contra (el de Viviane Morales), logrando la aprobación para su debate en otras instancias. Se acordó que los compañeros permanentes homosexuales que decidan unir sus patrimonios tendrán que elaborar una escritura pública y que pueden gozar del derecho a la seguridad social, a la sociedad patrimonial y la obligación alimentaria recíproca. Al proyecto original se le suprimieron seis artículos, entre ellos el relacionado con la educación sexual que pedía eliminar de los programas y textos escolares los contenidos que incluyeran cualquier forma de discriminación sexual y el que penalizaba la discriminación, con condenas de uno a tres años.

La discusión del proyecto ha demostrado que la sexualidad es un hecho político y como tal ha presentado posiciones extremas e incluso opuestas como la del defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, quien defendió ante dicha comisión la propuesta confirmando su constitucionalidad; y la del Ministro de Justicia, Rómulo González, quien negó la constitucionalidad del proyecto, al que define como inconveniente, además de especificar que las relaciones entre personas del mismo sexo son actos inmorales, contranaturales; asumiendo una posición mucho más moralista y extrema que la de algunos representantes de la Iglesia Católica.

En el periódico Ha pasado su primer debate en la comisión primera del Senado el proyecto presentado por la senadora Piedad Córdoba Ruiz, quien busca con ponencia del senador Enrique Piñacué que el Estado reconozca y proteja las uniones de parejas del mismo sexo. El proyecto se aprobó con nueve votos a favor y uno en contra (el de Viviane Morales), logrando la aprobación para su debate en otras instancias. Se acordó que los compañeros permanentes homosexuales que decidan unir sus patrimonios tendrán que elaborar una escritura pública y que pueden gozar del derecho a la seguridad social, a la sociedad patrimonial y la obligación alimentaria recíproca. Al proyecto original se le suprimieron seis artículos, entre ellos el relacionado con la educación sexual que pedía eliminar de los programas y textos escolares los contenidos que incluyeran cualquier forma de discriminación sexual y el que penalizaba la discriminación, con condenas de uno a tres años.

La discusión del proyecto ha demostrado que la sexualidad es un hecho político y como tal ha presentado posiciones extremas e incluso opuestas como la del defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, quien defendió ante dicha comisión la propuesta confirmando su constitucionalidad; y la del Ministro de Justicia, Rómulo González, quien negó la constitucionalidad del proyecto, al que define como inconveniente, además de especificar que las relaciones entre personas del mismo sexo son actos inmorales, contranaturales; asumiendo una posición mucho más moralista y extrema que la de algunos representantes de la Iglesia Católica.

En el periódico
El Catolicismo que circuló el pasado lunes 19 de noviembre se leía en su titular de primera página "Negación del Matrimonio. Uniones Homosexuales" seguido del texto: "Sólo puede haber matrimonio, es decir aquel que puede ser reconocido por la Iglesia y por la sociedad, cuando una pareja heterosexual busca la realización de su vida en un proyecto común que no es otra cosa que la experiencia del amor, que en el matrimonio Cristo elevó a la dignidad de sacramento. La unión homosexual no proyecta el amor verdadero porque al fijar la atención en otra persona de igual sexo, no hay donación, hay contemplación de lo propio, y la sexualidad se convierte en encuentros eróticos que no pueden generar la vida". Texto que recoge las palabras del sacerdote Darío Alvarez Botero, vicario judicial del tribunal regional eclesiástico.

La Iglesia Católica, al igual que otros sectores sociales, y alguno que otro político colombiano, no han logrado diferenciar entre la posibilidad de establecer legalmente un estatuto jurídico para las parejas del mismo sexo y el matrimonio; ello probablemente radica en que estas personas consideran que una relación para ser reconocida socialmente debe contar con la bendición de un sacerdote. El Canon 1055.1 del Código de Derecho Canónico sostiene que "La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural a bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevado por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de Sacramento entre los bautizados". Se olvida que este es un país laico, y que por tanto los bautizados practicantes no son todos los ciudadanos, y más aún que no se puede legislar para quienes tan sólo son miembros de una de las muchas iglesias en Colombia, asumiendo que ellos son la mayoría.

Al respecto, es necesario aclarar que el texto del proyecto en ningún momento hace alusión a la familia o equipara la unión al matrimonio, sino que busca que este tipo de parejas tengan dicho reconocimiento pues al lograrlo, la pareja obtendría, por un lado, una serie de derechos tales como la constitución de un régimen patrimonial especial, los beneficios del sistema de seguridad social integral, la herencia, la obtención del subsidio de vivienda, del descanso laboral por fallecimiento de la pareja, la posibilidad de decidir sobre temas de salud cuando el compañero/a no pueda hacerlo por sí mismo, ser beneficiarios/as mutuos/as de seguros, gozar de visitas de pareja en caso de internación, prisión o privación de la libertad y de alimentos mutuos; y por el otro, se reconocen obligaciones tales como que les sea aplicable la legislación sobre violencia intrafamiliar y establecer las condiciones para la disolución y liquidación del régimen patrimonial especial. Así mismo, el proyecto contempla el principio de no discriminación en razón de la identidad, el género, la orientación sexual y de la de identidad u orientación sexual.

La Iglesia Católica expone en boca de monseñor Gustavo Calle Giraldo que el proyecto de ley adolece de un soporte cultural bajo el supuesto de que éste desconoce nuestras raíces y cae en el dañino fenómeno de la transculturación desde el cual, copiando conductas viciadas y venidas de otros continentes, se considera que ser homosexual es estar en moda. Monseñor parece desconocer nuestra historia en la que algunos de nuestros indígenas precolombinos sostenían relaciones genitales con personas del mismo sexo, tal y como lo cuentan algunas crónicas de la época, y puede observarse en figuras antropomorfas que reposan en algunos museos antropológicos en Colombia y otros países del continente y que demuestran actos de este tipo. En resumen, es más transcultural el cristianismo que la homosexualidad.

Igualmente, monseñor se pregunta si "¿en el perfil del hombre colombiano moldeado por nuestra cultura, está dado el fenómeno homosexual tan evidente como para que este proyecto sea aprobado por la ley?". A lo que responde afirmando que la homosexualidad no hace parte de nuestra idiosincrasia. Monseñor olvida que en nuestro país los homosexuales y lesbianas son una inmensa minoría. Recordemos las cifras publicadas por revista SEMANA en sus especiales sobre sexo en los últimos años, y basadas en encuestas realizadas por la firma Gallup: los primeros son el 4 por ciento y las segundas el 1 por ciento, sin embargo, cabe aclarar que los investigadores internacionales calculan que las cifras son algo superiores, del 7 por ciento para los homosexuales y del 2 al 4 por ciento para las lesbianas, lo que significaría estar ignorando el papel que en la cultura representan aproximadamente dos millones de colombianos.

Por supuesto la posición del ala más tradicionalista de la Iglesia Católica condujo a respuestas sorprendentes como la del abogado Rincón Perfetti, reconocido defensor de los derechos de los homosexuales, quien amenazó a dicha institución con hacer públicos a los jerarcas con esta orientación sexual si se obstinaban en su posición. No se puede negar que en ésta, al igual que en otras iglesias, hay personas homosexuales, pero sí es algo contradictorio que en la lucha por obtener iguales derechos a los de las parejas heterosexuales se pretenda chantajear con terrorismo sexual a quienes se oponen a nuestras ideas. La Constitución nacional consagra como uno de los derechos el de la intimidad y mal estaríamos si para obtener derechos tuviéramos que recurrir a la vulneración, la violencia y el daño emocional que conlleva que se haga público lo que se desea mantener en privado.

Hay que destacar que la discusión generada por el tema demuestra que en cuanto a la sexualidad y los derechos humanos de las minorías, éstos siguen siendo una cuestión álgida en lo que tiene que ver con la tolerancia y el respeto a la diversidad sexual, pero que aún así los parlamentarios de la comisión primera del Senado lograron entender que la única manera de alcanzar la paz es creando condiciones con las que se generen espacios en los que la convivencia social no esté atravesada por el estigma, la discriminación y la vulneración a los ciudadanos tratados en cuanto al usufructo de sus derechos constitucionales como sujetos de segunda clase, como es el caso de los homosexuales y lesbianas. Haber quitado el artículo referente a los contenidos de la educación sexual demuestra la fuerte influencia que en este tema tienen el Opus Dei y la Iglesia Católica.

Referencia aparte merece el artículo que penalizaba la discriminación, ya que probablemente en un país en el que ésta se ha vuelto un acto cotidiano, una discriminación más parece no cambiar en nada la situación de conflicto en el país.

*Sociólogo, Filósofo. Fundador del Movimiento homosexual Colombiano. Vicepresidente Sociedad Colombiana de Sexología.

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Ha pasado su primer debate en la comisión primera del Senado el proyecto presentado por la senadora Piedad Córdoba Ruiz, quien busca con ponencia del senador Enrique Piñacué que el Estado reconozca y proteja las uniones de parejas del mismo sexo. El proyecto se aprobó con nueve votos a favor y uno en contra (el de Viviane Morales), logrando la aprobación para su debate en otras instancias. Se acordó que los compañeros permanentes homosexuales que decidan unir sus patrimonios tendrán que elaborar una escritura pública y que pueden gozar del derecho a la seguridad social, a la sociedad patrimonial y la obligación alimentaria recíproca. Al proyecto original se le suprimieron seis artículos, entre ellos el relacionado con la educación sexual que pedía eliminar de los programas y textos escolares los contenidos que incluyeran cualquier forma de discriminación sexual y el que penalizaba la discriminación, con condenas de uno a tres años.

La discusión del proyecto ha demostrado que la sexualidad es un hecho político y como tal ha presentado posiciones extremas e incluso opuestas como la del defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, quien defendió ante dicha comisión la propuesta confirmando su constitucionalidad; y la del Ministro de Justicia, Rómulo González, quien negó la constitucionalidad del proyecto, al que define como inconveniente, además de especificar que las relaciones entre personas del mismo sexo son actos inmorales, contranaturales; asumiendo una posición mucho más moralista y extrema que la de algunos representantes de la Iglesia Católica.

En el periódico
El Catolicismo que circuló el pasado lunes 19 de noviembre se leía en su titular de primera página "Negación del Matrimonio. Uniones Homosexuales" seguido del texto: "Sólo puede haber matrimonio, es decir aquel que puede ser reconocido por la Iglesia y por la sociedad, cuando una pareja heterosexual busca la realización de su vida en un proyecto común que no es otra cosa que la experiencia del amor, que en el matrimonio Cristo elevó a la dignidad de sacramento. La unión homosexual no proyecta el amor verdadero porque al fijar la atención en otra persona de igual sexo, no hay donación, hay contemplación de lo propio, y la sexualidad se convierte en encuentros eróticos que no pueden generar la vida". Texto que recoge las palabras del sacerdote Darío Alvarez Botero, vicario judicial del tribunal regional eclesiástico.

La Iglesia Católica, al igual que otros sectores sociales, y alguno que otro político colombiano, no han logrado diferenciar entre la posibilidad de establecer legalmente un estatuto jurídico para las parejas del mismo sexo y el matrimonio; ello probablemente radica en que estas personas consideran que una relación para ser reconocida socialmente debe contar con la bendición de un sacerdote. El Canon 1055.1 del Código de Derecho Canónico sostiene que "La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural a bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevado por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de Sacramento entre los bautizados". Se olvida que este es un país laico, y que por tanto los bautizados practicantes no son todos los ciudadanos, y más aún que no se puede legislar para quienes tan sólo son miembros de una de las muchas iglesias en Colombia, asumiendo que ellos son la mayoría.

Al respecto, es necesario aclarar que el texto del proyecto en ningún momento hace alusión a la familia o equipara la unión al matrimonio, sino que busca que este tipo de parejas tengan dicho reconocimiento pues al lograrlo, la pareja obtendría, por un lado, una serie de derechos tales como la constitución de un régimen patrimonial especial, los beneficios del sistema de seguridad social integral, la herencia, la obtención del subsidio de vivienda, del descanso laboral por fallecimiento de la pareja, la posibilidad de decidir sobre temas de salud cuando el compañero/a no pueda hacerlo por sí mismo, ser beneficiarios/as mutuos/as de seguros, gozar de visitas de pareja en caso de internación, prisión o privación de la libertad y de alimentos mutuos; y por el otro, se reconocen obligaciones tales como que les sea aplicable la legislación sobre violencia intrafamiliar y establecer las condiciones para la disolución y liquidación del régimen patrimonial especial. Así mismo, el proyecto contempla el principio de no discriminación en razón de la identidad, el género, la orientación sexual y de la de identidad u orientación sexual.

La Iglesia Católica expone en boca de monseñor Gustavo Calle Giraldo que el proyecto de ley adolece de un soporte cultural bajo el supuesto de que éste desconoce nuestras raíces y cae en el dañino fenómeno de la transculturación desde el cual, copiando conductas viciadas y venidas de otros continentes, se considera que ser homosexual es estar en moda. Monseñor parece desconocer nuestra historia en la que algunos de nuestros indígenas precolombinos sostenían relaciones genitales con personas del mismo sexo, tal y como lo cuentan algunas crónicas de la época, y puede observarse en figuras antropomorfas que reposan en algunos museos antropológicos en Colombia y otros países del continente y que demuestran actos de este tipo. En resumen, es más transcultural el cristianismo que la homosexualidad.

Igualmente, monseñor se pregunta si "¿en el perfil del hombre colombiano moldeado por nuestra cultura, está dado el fenómeno homosexual tan evidente como para que este proyecto sea aprobado por la ley?". A lo que responde afirmando que la homosexualidad no hace parte de nuestra idiosincrasia. Monseñor olvida que en nuestro país los homosexuales y lesbianas son una inmensa minoría. Recordemos las cifras publicadas por revista SEMANA en sus especiales sobre sexo en los últimos años, y basadas en encuestas realizadas por la firma Gallup: los primeros son el 4 por ciento y las segundas el 1 por ciento, sin embargo, cabe aclarar que los investigadores internacionales calculan que las cifras son algo superiores, del 7 por ciento para los homosexuales y del 2 al 4 por ciento para las lesbianas, lo que significaría estar ignorando el papel que en la cultura representan aproximadamente dos millones de colombianos.

Por supuesto la posición del ala más tradicionalista de la Iglesia Católica condujo a respuestas sorprendentes como la del abogado Rincón Perfetti, reconocido defensor de los derechos de los homosexuales, quien amenazó a dicha institución con hacer públicos a los jerarcas con esta orientación sexual si se obstinaban en su posición. No se puede negar que en ésta, al igual que en otras iglesias, hay personas homosexuales, pero sí es algo contradictorio que en la lucha por obtener iguales derechos a los de las parejas heterosexuales se pretenda chantajear con terrorismo sexual a quienes se oponen a nuestras ideas. La Constitución nacional consagra como uno de los derechos el de la intimidad y mal estaríamos si para obtener derechos tuviéramos que recurrir a la vulneración, la violencia y el daño emocional que conlleva que se haga público lo que se desea mantener en privado.

Hay que destacar que la discusión generada por el tema demuestra que en cuanto a la sexualidad y los derechos humanos de las minorías, éstos siguen siendo una cuestión álgida en lo que tiene que ver con la tolerancia y el respeto a la diversidad sexual, pero que aún así los parlamentarios de la comisión primera del Senado lograron entender que la única manera de alcanzar la paz es creando condiciones con las que se generen espacios en los que la convivencia social no esté atravesada por el estigma, la discriminación y la vulneración a los ciudadanos tratados en cuanto al usufructo de sus derechos constitucionales como sujetos de segunda clase, como es el caso de los homosexuales y lesbianas. Haber quitado el artículo referente a los contenidos de la educación sexual demuestra la fuerte influencia que en este tema tienen el Opus Dei y la Iglesia Católica.

Referencia aparte merece el artículo que penalizaba la discriminación, ya que probablemente en un país en el que ésta se ha vuelto un acto cotidiano, una discriminación más parece no cambiar en nada la situación de conflicto en el país.

*Sociólogo, Filósofo. Fundador del Movimiento homosexual Colombiano. Vicepresidente Sociedad Colombiana de Sexología.

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