POLITICA SIN ROSTRO

LA BATALLA DEL PALACIO DE JUSTICIA SE dió en septiembre de 1985. Al cabo de seis años y nueve meses de morosa reflexión, un juez sin rostro cae en la cuenta de que durante los enfrentamientos de entonces pudieron cometerse actos de terrorismo y de barbarie, y, veloz, actúa. Dicta un auto de detención contra los responsables del acontecimiento, o mejor, puesto que todos los responsables están muertos, contra los sucesores políticos de los responsables. Pues tal vez alguien recuerde todavía incluso el juez sin rostro que del Palacio de Justicia no salió vivo ningún guerrillero del M-19, salvo los que desaparecieron luego, presuntamente asesinados, en la Casa del Florero, y una joven que apareció después en México. Y que los dos jefes máximos del movimiento en aquel tiempo, los que dieron la orden de asaltar el Palacio, fueron también asesinados luego: Alvaro Fayad, todavía en la guerra, y Carlos Pizarro, ya hecha la paz. Y tal vez recuerde alguien también aunque a quienes ló han recordado se los ha acusado incongruentemente de ignorar el Estado de Derecho que los hechos del Palacio son lo que se llama "cosa juzgada". Del lado del gobierno de entonces, sus responsables fueron absueltos por la Comisión de Acusaciones del Congreso; y del lado del M-19, fueron amnistiados por una ley. No han aparecido posteriormente nuevas pruebas, ni el juez sin rostro las menciona en su providencia. Y sin embargo decide recalificar los hechos para reabrir el proceso, movido, según dice, por su "necesidad de conciencia". Conciencia escrupulosa, sin duda, pero lenta.
La toma del Palacio por el M-19 fué un acto político. La contra-toma por parte del Ejército, también. La absolución del Congreso, también. Y la ley de amnistía, también. El auto de detención que ahora dicta el juez sin rostro es también un auto político, cuyas consecuencias, bajo el disfraz jurídico, son también políticas. La mayoría de los comentaristas políticos de la prensa se ha precipitado a asegurar que no es así: que, por el contrario, por primera vez en nuestra historia una decisión judicial no tiene motivaciones políticas, sino exclusivamente jurídicas, y que en eso consiste el Estado de Derecho. Pero basta con ver el loco entusiasmo con que ha sido recibida la intervención del juez anónimo para darse cuenta de que se recibe como una bendición política, maravillosamente oportuna o deliberadamente oportunista al cabo de siete años de los hechos. No es solamente un auto de detención contra los guerrilleros del M-19 que entregaron las armas, sino además un auto de detención contra la paz. Para detenerla.
Porque el "establecimiento" colombiano juzga hoy que la paz fue prematura, y que era innecesaria: a lo sumo, un respiro para recobrar fuerzas para una guerra a muerte. Piensa que se cedió más de lo que convenía: hubo que aguantar una Constitución nueva, indios en el Congreso, trabas a la corrupción tradicional de los políticos, ministerios y curules para antiguos subversivos. Y por añadidura, tolerar arrogancia de que los que hasta ayer estaban perseguidos por el ejército y la policía se sientan de repente alternativa seria de poder. Ahora, pasado el susto, hay que recuperar el tiempo perdido. Es mejor ganar la guerra: metiendo presos a quienes la hacían, gracias a un juez sin rostro; o matándolos: y no se ha visto que los defensores del Estado de Derecho en los periódicos y en las instancias judiciales hayan pestañeado siquiera ante la sistemática matanza de exguerrilleros del M-19 y del EPL desarmados que hemos visto en el último año.
Por eso no parece una casualidad que el auto "jurídico" del juez sin rostro contra los guerrilleros reinsertados haya coincidido, en el día y casi en la hora, con la ruptura de las conversaciones de Tlaxcala con los guerrilleros todavía en activo: eso sí, no lo negará nadie, un acto político. Ni que haya coincidido con el acto administrativo del Mindefensa Rafael Pardo declarando la guerra abierta. Desde ese día, el Gobierno y la prensa toda la prensa dejaron de hablar de paz para dedicarse a hacer y predicar la guerra. Y simultáneamente dejaron de utilizar los términos políticos de Ia guerra para volver a los jurídicos de la delincuencia común: "cuadrillas" otra vez, en vez de "frentes"; otra vez "bandoleros", en vez de "guerrilleros"; y meros "criminales" los que hasta el día anterior eran "políticos".
Dentro de ese nuevo espíritu que es el espíritu antiguon paso fundamental es el de negar la dimensión política de la guerra. Se niega entonces que el adversario tenga motivos y fines de naturaleza política para reducirlo a sus dimensiones puramente delincuenciales o terroristas. Se trata de deslegitimar al adversario.
Pero en el caso actual, el pretender quitarle legitimidad al adversario tiene la consecuencia de devolverle la razón: Demuestra que quienes la tenían eran los partidarios de la violencia a ultranza, único medio de obligar al "establecimiento" a aceptar los cambios que requiere el país. Demuestra que el "Estado de Derecho" de que se habla es en realidad un Estado represivo, donde el único sitio aceptable para los adversarios políticos del "establecimiento" es la cárcel o la tumba. Demuestra, en resumen, que el Derecho no es más que la máscara de la fuerza bruta. Y es por eso que el juez que ha salido a dar la cara por el establecimiento es un juez sin rostro.