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Opinión

  • | 2017/03/11 10:02

    La paz de las clientelas

    El presidente está recogiendo lo que ha ido sembrando. Desde su llegada a la Presidencia, lejos de gobernar, ha tenido que emplearse a fondo para administrar la voracidad de las maquinarias políticas que lo han mantenido en el poder.

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¡Qué paradoja! La politiquería y el clientelismo que las FARC tanto combatieron van  a ser las únicas que le salven el acuerdo firmado con el Gobierno. Si Santos no cede a las presiones burocráticas de los conservadores y si no “atiende” a los senadores de su bancada, la Ley que da origen a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) no será aprobada. Y hasta ahí llegará el proceso de La Habana.

Los cálculos son simples. Son 102 senadores. Si se descuentan los 20 del Centro Democrático que van a votar NO a la Ley, al Gobierno le quedan 80. Si a esos les restamos los 17 votos conservadores que, ante el escándalo Odebrecht, anunciaron su distanciamiento con el Gobierno, quedan 65 senadores para aprobar la JEP. Si a estos les sustraemos los 12 votos de senadores de La U molestos con Santos porque todavía sigue inaugurando obras con Vargas Lleras y porque acordó que les entregaba a los conservadores algún ministerio que hoy está en manos de La U, pues quedan 53 escasos votos. Y si a estos le restamos los votos negativos de las senadoras liberales Vivian Morales y Sofía Gaviria, que han votado de esa manera, la Ley de la JEP quedaría con escasos 51, con lo que se decreta su hundimiento. Y eso sin contar con los votos negativos del Polo Democrático y de Claudia López, del Partido Verde, si es que son consecuentes con las posiciones que han expresado.

El panorama para el gobierno Santos y para las FARC no podría ser peor. La supervivencia del Acuerdo Final suscrito con las FARC ha quedado dependiendo de los votos de los politiqueros y clientelistas. Los mismos que han vivido de extorsionar al Gobierno para mantener su cauda electoral. Y cuya filosofía política es: “Si quieres que te apruebe el proyecto, tienes de darme un ministerio o una de esas agencias que tienen puestos y contratos”. Y con ellos, Santos no tendrá otro camino, como no lo ha tenido en estos años, que entregar el botín de la administración pública para asegurar su “gobernabilidad”.

El presidente está recogiendo lo que ha ido sembrando. Desde su llegada a la Presidencia, en agosto del 2010, lejos de gobernar, ha tenido que emplearse a fondo para administrar la voracidad de las maquinarias políticas que lo han mantenido en el poder. No de otra manera se explica no sólo la milimetría con la que ha tenido que distribuir las entidades y los cargos públicos entre la clase política, sino también la fragilidad y la inestabilidad permanentes que han caracterizado sus ya casi siete años de gobierno. Y se trata de un problema no de vocación democrática, sino de obligación política. O estaba con ellos, o simplemente no gobernaba. 

Para Santos, debe ser un mal chiste. Sobre todo después de las agotadoras sesiones de trabajo de los negociadores de uno y otro lado, de tener que atajar los egos incluso de los propios miembros de su equipo para destrabar las negociaciones, de complicadas elaboraciones a las que tuvo que recurrir para justificar el porqué se tomaron determinadas decisiones y se llegó a esos acuerdos y no a otros, y (luego de firmado el Acuerdo) verse obligado a introducir cambios que “tranquilizaran” a los militares por la incorporación del artículo 28 del Estatuto de Roma en el Acuerdo Final. Que después de semejante esfuerzo, el éxito del proceso dependa de hacer un nombramiento o entregar un botín burocrático a uno u otro partido no debe ser muy alentador.

Allí es donde la “realpolitik” se impondrá. Una orden al secretario general de Presidencia, Luis Guillermo Vélez, para que revise que entidades se pueden “entregar”, mientras los dueños de los votos terminan de enviar las hojas de vida de los aspirantes a los cargos a proveer, marcará el futuro de la “paz” con las FARC el próximo lunes.

Los congresistas ya han demostrado que están dispuestos a ceder su competencia legislativa al presidente (como lo hicieron con el Acto Legislativo 01 de 2016), con tal de recibir una retribución lo suficientemente fuerte como que asegure su reelección en las elecciones de Senado y Cámara de marzo del 2018. Y si quiere que los 17 votos de los conservadores se hagan ver el lunes, pues el presidente tendrá que decidir la entrega del Ministerio de Agricultura o del Departamento de Prosperidad Social, al tiempo que tendrá que convencer a los senadores “molestos” del Partido de la U de que su compromiso de golpear políticamente a Vargas Lleras es de verdad. Y aun así, logrará la aprobación pero dejando parte de la piel en el alambrado.

Claro, eso mientras no tenga que apagar los incendios que se le van a desatar cuando la Corte Constitucional tenga que declarar la inconstitucionalidad de algunos de los actos aprobados irregularmente mediante en el mecanismo del fast track. Uno de estos casos será, por ejemplo, la inconstitucionalidad por vicios de forma en que se incurrió en la expedición de la Ley 1820 de 30 de diciembre del 2016, pieza clave de todo el Acuerdo con las FARC. Todo por creer que los Acuerdos se desarrollan de cualquier manera y que sosteniendo el régimen de los clientelistas se llegará a la paz.    

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