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Opinión

  • | 2016/09/03 17:59

    Sincerémonos

    Todavía no ha ganado el 'Sí' en el plebiscito, tampoco ha entrado en funciones la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero ya empieza a tallar el modelo.

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Esta semana fueron los industriales. La próxima pueden ser los sindicalistas. O los ganaderos, o los burócratas o los transportadores o… Todavía no ha ganado el Sí en el plebiscito, tampoco ha entrado en funciones la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero ya empieza a tallar el modelo.

El gobierno salió a dar parte de tranquilidad a lo largo de la semana. En esta ocasión, el sector privado, que se vio muy público y vulnerable con la salida de la “lista 57”, escuchó una y otra vez en todos los escenarios disponibles y a través de los voceros más calificados, que nada de cacería de brujas, que simplemente se trata de que cuenten si fueron extorsionados, amenazados, obligados a pagarle vacuna a las Farc, al ELN, las AUC o al grupo ilegal que fuera, lo que los hace víctimas. Les dijeron que, si así lo deciden, el propósito es cruzar cuentas para que todo se sepa de una vez y no los enreden luego.  Después, todos sin tacha, excepto aquellos cuya participación  fuera  “determinante o habitual” en crímenes.

Sincerémonos: en este país, con tantos actores armados y no-armados que se han cruzado por el laberinto del conflicto, es difícil establecer dónde empiezan y terminan las responsabilidades frente a estos 52 años de guerra. Hay prejuicios a manos llenas, chismes y supuestos, con frecuencia bajo la lógica del blanco/negro, de maximalismos que nos impiden ver matices en los otros. Pero, además, nos cuesta hacernos cargo de las cosas y asumir nuestra responsabilidad en estos años de conflicto;  los atenuantes los aplicamos a discreción.    

Que no sea fácil decirnos y oírnos las verdades no significa que no se deba hacer. El punto está en el cómo, porque si tomamos como referente lo que sucedió con el sector privado, hay que propiciar un “estado de ánimo” nacional y pensar en un escenario adecuado en el cual todas las partes digan lo que saben sin que se convierta en una nueva estigmatización. La pregunta que queda, pensando en procesos de verdad y reparación (que incluye recuperar la dignidad general e individual),  es cómo regresar al pasado sin afectar la reconciliación a futuro; cómo generar confianza a corto plazo –para poder avanzar desengatillados- con resultados que, si casi todo nos sale bien, serán visibles a mediano y largo término.

La reconciliación no se decreta, no se reglamenta ni se vota. Es una decisión de todos, o al menos un cambio de comportamiento de la gran mayoría; es una práctica cotidiana, con hechos concretos, que exige un permanente acto de fe. Las experiencias de posconflicto en otros países muestran que la reconciliación debe contar con un amplio respaldo popular si de verdad se busca construir una paz sostenible, de largo aliento y cambiar la manera de relacionarnos y reconocernos.

De acuerdo, la paz es el bien supremo. ¿Y la reconciliación? El posconflicto es largo y es allá donde vamos a vivir por un buen tiempo.

* @Polymarti

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