Lunes, 1 de septiembre de 2014

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| 2013/05/03 00:00

¡Por Dios! ¿Qué clase de justicia tenemos?

por Marco Aurelio Uribe García

“Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”. Paul Auster, novelista estadounidense.

Antes de empezar a escribir estas líneas que, por demás, me produjeron nostalgia y temor, más que una justificada exacerbación, y como creo que ustedes sentirán los mismos efectos con su lectura, quiero hacer referencia a un incidente que relataré como introito:

El viernes 26 del pasado mes (el día anterior habían asesinado miserablemente en Victoria Caldas, todavía con la luz del día, a mi amigo Reinaldo López, ex Concejal de ese municipio)  me comuniqué telefónicamente desde Manizales a Bogotá con la oficina de  la Dirección Nacional de Fiscalías y requerí de su titular, creo que de nombre  Elka Venegas Ahumada (5702000 ext. 1003), informándome su secretaria que la ‘doctora’ estaba ocupadísima, yo le manifesté que era algo de suma urgencia y delicado relacionado con el mencionado homicidio, muy amablemente me solicitó todos mis datos y me aseguró el retorno de la llamada; la ocupadísima burócrata olvidó su deber, como también que era una funcionaria pública y que su permanencia y ostentación de poder en ese cargo es de una duración tan efímera, como lo es y de igual fragilidad a una brizna del rocío. Pero bueno, ese es el estado natural del empleado público inepto y chiflado.

Retomando el tema central, repito por enésima vez que tengo la convicción, más que simple percepción, de mis reservas fundamentadas sobre Eduardo Montealegre Lynett, Fiscal General de la Nación, respecto de su pobreza en los valores de ética y de moral y, además, de su desbordada codicia al aceptar la postulación y designación de ese alto cargo, por haber actuado hasta ese día como apoderado de SaludCoop- EPS, empresa señalada como la gran defraudadora del Estado en millonarios recursos de la salud. El Apoderado cobró  por honorarios profesionales la ‘bicoca’ de SEIS MIL MILLONES DE PESOS, a sabiendas de que ese pago era parte del mismo fraude que iba a defender. ¡Bendito seas teflón del fuero!

En el ejercicio de su cargo, pletórico en exhibicionismo y sin resultados, ha demostrado inequívocamente su prepotencia, veleidades y enfermiza figuración mediática, quedando en evidencia los grandes tumbos y errores garrafales que redundan en el incremento oprobioso de la impunidad, y que truncan esa delicada y sagrada misión constitucional que le ha sido encomendada, cual es la de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes; misión vital y primordial para cualquier Estado de Derecho, siendo ésta desde su inicio la prenda de garantía para una administración de justicia diáfana, sana, pronta y cumplida.

A solicitud de unos amigos Concejales de mi pueblo natal, Victoria Caldas, hace aproximadamente 8 años formulé denuncia penal, en el despacho del Vicefiscal en Bogotá,  contra JUAN EDUARDO CAICEDO HOYOS, actual Alcalde de ese municipio, y JUAN ALBERTO PÉREZ COBUS, ex Alcalde, por el delito, no presunto, de Concierto para Delinquir en la modalidad de paramilitarismo, y a Pérez Cobus además, por los delitos de Peculado, Contratación Indebida, Falsedad, Testaferrato y Enriquecimiento ilícito, aportando toda la prueba documental y testimonial incontrastable. Hace unos meses solicité a la Dirección Nacional de Fiscalías información al respecto y me contestaron que el 14 de marzo de este año se había iniciado indagatoria a Caicedo Hoyos y Pérez Cobus, o sea, a los 8 años apenas estaban empezando con la indagatoria por el Concierto. Esta es la justicia supersónica y efectiva de la que hace alarde el Fiscal. (Ver documento de la fiscalía, página 1 y página 2).

También, que el 24 de marzo de 2011, la fiscalía 13 Anticorrupción profirió resolución de acusación por Contratación Indebida contra Pérez Cobus, apelándose la resolución ante la Fiscalía 62 Delegada del T. Superior de Bogotá, y lleva 2 años sin resolver el recurso. Y el caso más insólito y aberrante, es que la Dirección de Fiscalías solicita a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura el inicio de la investigación por la desidia en resolver dicho recurso. ¡Qué paradoja! Entonces, ¿¡para qué carajos sirve la Dirección General de Fiscalías!? Y lo más grave se desconoce la suerte de las demás denuncias, ya que en el desglose de los delitos por competencias se refundieron.

El pasado jueves 25 de abril, en el ocaso del día, irrumpieron en el parque de Victoria dos desalmados sicarios, uno conducía la moto y el otro accionaba el gatillo, y a sangre fría propia de los reptiles, segaron la vida de un gran amigo, Reinaldo López, ex concejal del municipio por el Partido Liberal, y como en épocas aciagas anteriores que llegaban a cualquier hora del día mataban y salían como Pedro por su casa. Hace un tiempo atrás me solicitó que pusieron en conocimiento de las autoridades los desmanes en el manejo de la cosa pública local, así como también, la influencia paramilitar y su prolongación a través de las Bandas criminales que, según él, se gestan en parte del Oriente caldense y Norte del Tolima. Sin duda alguna, el finado hacía parte de una lista ‘macabra’ conocida en el pueblo como la de Marzala, ya que era un declarante clave en el proceso por Concierto que adelanta dicha fiscalía 25.

A finales de Septiembre de 2011, el doctor Orlando Vargas Moreno, Abogado oriundo de Victoria Cds, víctima en carne y hueso del paramilitarismo del Magdalena Medio, ante unos hechos concretos de amenaza de muerte protagonizados por JUAN ALBERTO PÉREZ COBUS, delincuente común y redomado paramilitar, optó por sacar una “carta pública” difundida en el pueblo y su contorno, poniendo en conocimiento general tales hechos perturbadores de su tranquilidad personal, y, a su vez, denunciaba delitos graves y anunciaba la conformación de la famosa “lista macabra” llamada de Marzala, que incluía a denunciantes y testigos en el proceso 314 – Concierto para Delinquir, modalidad de paramilitarismo, que adelanta la Fiscalía 25 de la Unidad Antiterrorismo, a cargo de una funcionaria que expele por todos los poros un hedor nidoroso. Los “Juanes” a la que hace referencia dicha carta son Juan Eduardo Caicedo Hoyos y Juan Alberto Pérez Cobus, valga la aclaración. (Ver carta en este enlace)

Dicha Carta se entregó en los primeros días del mes de octubre de 2011, en la fiscalía 25 mencionada, para ser adjuntada al expediente haciéndose de ella caso omiso de manera irresponsable y delictual, no obstante haberse advertido con antelación a Juan Carlos Forero, en ese entonces vicefiscal, a una doctora de apellido Alemán, Asesora del Fiscal, a los doctores Novoa y Poveda, Director de Fiscalías y Jefe Unidad Antiterrorismo en ese entonces, respectivamente, a fin de que se procurara vigilancia interna en el desarrollo de la investigación por la simple relación de dependencia, ya que existían rumores de una desviación y dilación en la investigación, hechos que se han ido corroborando con la negligente, inepta y dolosa conducta de la titular de la fiscalía 25 Especializada de la Unidad Antiterrorismo.

Señor Fiscal, en una declaración suya referente al caso del Diputado del Valle, manifestó  “que la orden de captura se profirió con base en elementos probatorios serios y sustentado en una jurisprudencia de la Corte Suprema, donde se dice que en casos de vinculación de políticos con grupos al margen de la ley se dicta orden de captura para indagar; que la Fiscalía con sus actuaciones demuestra que es garantista y que reconocer la verdad es hacer justicia”. ¿Por qué tanta ambigüedad y contradicción? ¿Por qué esa justicia selectiva? ¿Qué pasó con estos paramilitares de Victoria? ¿Se está protegiendo a los padrinos políticos de esos ‘paracos’? ¿No le parece de suma gravedad los hechos que denuncia en su “carta abierta” el doctor Orlando Vargas Moreno y cuyos procesos se encuentran abiertos, pero que están stand by en los anaqueles??¿No cree que varios de sus subalternos están seriamente comprometidos en esta oprobiosa impunidad, que no es otra cosa que un “prevaricato”?

Señor Montealegre, con el respeto que me merece su “investidura” encarecidamente le ruego hacer lo que este a su alcance, que no es poco, para que se evite mas ejecuciones y cese esta abominable impunidad. No comulgo con ninguna clase de impunidad en ninguno tipo de delito, pero viéndome forzado a escoger, prefiero la protección al ladrón de cuello blanco de SaludCoop, y no a los criminales ‘motosierristas’ del paramilitarismo.

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