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Opinión

  • | 2012/08/25 00:00

    Por dos millones y medio

    A los jueces norteamericanos los crímenes atroces cometidos por los 'paras' en Colombia son minucias comparados con el delito de leso imperio del narcotráfico.

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Casi 30 años llevo ya en esta Revista Semana que ahora cumple 30 años tratando siempre los mismos temas. Repitiéndome semana tras semana como se repite a sí misma la realidad colombiana, que lleva más de 30 años girando en torno a un eje inmutable: la prohibición de las drogas prohibidas. Un pleonasmo.

Para no ir más lejos: todos los temas en discusión de esta semana parten de la prohibición de las drogas prohibidas, o desembocan en ella ( y eso que no incluyo la conferencia académica sobre el fracaso de la política prohibicionista de las drogas que acaba de reunirse en la Universidad de los Andes). Todos los males de Colombia son daños colaterales de la prohibición.

En primer lugar, la guerra. El frustrado guerrero Álvaro Uribe denuncia enfurecido que su sucesor está traicionando su legado al buscar la paz con la guerrilla de las Farc. Guerrilla que, como es sabido, multiplicó sus fuerzas cuando entró en el negocio de la producción y el tráfico de las drogas prohibidas, para enfrentarse luego a un Ejército nacional fortalecido a su vez por el Plan Colombia financiado por los Estados Unidos para luchar contra ese mismo tráfico. La guerra y la paz son las preocupaciones centrales de Colombia desde hace medio siglo. Y aunque el origen del conflicto es local -la inequidad-, el abono para su desarrollo viene de otra parte: del tráfico prohibido de las drogas prohibidas, vuelto inmensamente rentable gracias a la prohibición universal instaurada por iniciativa de los gobiernos de los Estados Unidos.

(Me repito, ya lo sé).

Y con la paz y la guerra, todo lo demás de mayor a menor, hasta lo más insignificante. Desde la protesta de los indígenas del Cauca, crucificados en los caminos del narcotráfico, hasta, por ejemplo, la demanda judicial que acaba de interponer la hermana de un narcotraficante difunto contra una serie de televisión por una estrambótica ofensa al 'buen nombre' de un asesino. O, por ejemplo, la negativa de una senadora presa por sospecha de lavado de dineros del Cartel de Cali a dejar su curul. (Su abogado defensor explica que solo tres propiedades de las adquiridas por ella en los últimos tiempos se las compró a los narcos, cuando "son más de 120"). O, también por ejemplo, el aberrante caso de extradición del general de la Policía Mauricio Santoyo, en su momento jefe de la casa militar del expresidente Uribe, para que sea juzgado en los Estados Unidos. ¿Por tráfico de drogas? No. Esa era la acusación inicial. Pero tras una oscura negociación con el fiscal del caso, sus abogados lograron que se cambiara por otra: la de paramilitarismo.

Rarísimo. Rarísimo. A los jueces norteamericanos los crímenes atroces cometidos por los paramilitares en Colombia les importan un bledo: son minucias comparadas con el delito de leso imperio del narcotráfico, que viola las reglamentaciones aduaneras de los Estados Unidos. La prueba es que al general Santoyo el nuevo cargo de "asesorar, apoyar y suministrar personal entre octubre del 2001 y noviembre del 2008 a las Autodefensas Unidas de Colombia" le puede acarrear una condena de solo tres o cuatro años de prisión, a lo mejor, según dice su abogado, la libertad condicional "luego de un tiempo en la cárcel"; cuando la otra acusación, la de narcotráfico, podía costarle una pena de 30 años. Y tampoco se entiende muy bien por qué esos mismos jueces deciden de repente inmiscuirse en el juzgamiento de delitos cometidos fuera de su país, y que no son 'transnacionales' por espantosos que sean. Pero nadie parece sorprenderse por detalles tan sorprendentes, y menos todavía por la sorprendente revelación del general Santoyo. Al alto oficial que se confiesa colaborador de los criminales responsables de incontables asesinatos y masacres los titulares de prensa no lo llaman"general criminal", sino -como si eso fuera lo grave- "general extraditable". El diario El Tiempo, el más influyente del país, se inclina reverente sobre el capricho de un fiscal de Virginia, como lo haría un creyente ante los designios inescrutables de la Providencia, pidiendo solo, en un editorial, que el infame general "una vez salde sus cuentas con el país del norte, haga lo propio,si hay motivos, ante los tribunales colombianos".

Saldar cuentas. Resulta afortunada esa expresión mafiosa en este caso, pues al país del norte lo único que de verdad le interesa de las extradiciones de narcotraficantes es su dinero, incautado a cambio de la levedad de las sentencias judiciales. Hace un par de semanas el fiscal general colombiano, Eduardo Montealegre, viajó al país del norte para solicitar que ese dinero se reparta de manera equitativa con Colombia "para usarlo en la reparación de las víctimas y en el fortalecimiento de la Justicia colombiana".

A Santoyo lo acusan de haber recibido 5 millones de dólares por sus servicios a las autodefensas narcoparamilitares . La mitad, dos millones y medio, servirá pues (si es que la pagan) para que se fortalezca la Justicia colombiana. Que harto lo necesita, destruída como está por el impacto de la ilicitud de las drogas ilícitas.
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