Jueves, 27 de noviembre de 2014

| 2013/02/26 00:00

“Por favor, que cese el fuego”... ¡y el olvido!

La paz y la vida no pueden seguir dependiendo en Colombia de estrategias políticas.

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A fines del año 2009, la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, cuya creación ordenó la Corte Suprema con ocasión del vigésimo aniversario del holocausto, presentó al país su informe final. Tristemente señaló que Colombia llevaba un cuarto de siglo debatiendo la conveniencia de olvidar tales hechos o replantearlos para aprender lecciones y honrar a las víctimas. Cuatro años después, más que seguir con el debate, lo que ha continuado es el olvido, no sólo de los hechos, de las lecciones y de las víctimas; sino del mismo informe cuya existencia también se ignoró.

Hace pocos días salió a la luz pública la nefasta defensa del Estado Colombiano, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia. El escándalo por lo que fue la cuantiosa remuneración del abogado Rafael Nieto, quien reemplazó al jurista Jorge Enrique Ibañez por imposición de los militares, su argumentación jurídica de negación de toda verdad, sumado al deplorable descuido -por no decir otra cosa-, de copiar apartes de lo que fue su anterior trabajo, también lamentable (en el caso Santo Domingo), hicieron que muchos alzaran su voz de protesta.

Sin duda, la posición de Rafael Nieto, quien dicho sea de paso fue asesor del Ministerio de Defensa, viceministro de justicia en el Gobierno Uribe y miembro de la comisión asesora de reforma al fuero penal militar, frente al Derecho Internacional, es del agrado de las Fuerzas Militares. Valga recordar que públicamente el abogado negó la viabilidad jurídica del acuerdo humanitario, llegando al absurdo de afirmar que este sería “nulo a la luz de la Convención de Viena”, criterio que desafortunadamente se hizo imperante en la pasada década. También cuestionó la legalidad de cualquier mecanismo para la humanización del conflicto y ni qué hablar de sus aportes en lo que ha sido el catastrófico legado jurídico de la reforma a la Constitución sobre el fuero penal militar.

En relación con el Caso Santo Domingo, Nieto pretendió negar la competencia de la Corte Interamericana para estudiar violaciones ocurridas en medio del conflicto armado colombiano. En otras palabras: negó la
vigencia de los Derechos Humanos en Colombia, durante este infinito tiempo que vivimos en conflicto.

La estrategia de la controvertida defensa ante la Corte Interamericana se centró en negar que hubiera habido desaparecidos en el Palacio de Justicia, ignorando fallos judiciales y el referido informe de la Comisión de la Verdad. Es un hecho que este informe no tuvo una connotación jurisdiccional, pero la solidez de la investigación que lo soporta, implica que no puede ser desconocido en aras de respetar la memoria de las víctimas, honrar la historia del país y, sobre todo, aprender las lecciones que generó este trágico suceso; tanto más ahora cuando el país está implicado en la esperanza de un proceso de paz.

Para la Comisión de la Verdad, el Palacio de Justicia fue arrasado como resultado de una de las acciones más demenciales que el país ha presenciado, resultado de la violenta incursión armada de la guerrilla y la desproporcionada respuesta del Estado: el uso de armamentos y explosivos de todo tipo, el inexplicable vacío de poder del Gobierno, los incendios que destruyeron la edificación y el saldo trágico de cerca de un centenar de personas que perdieron la vida, entre civiles, miembros de la fuerza pública y guerrilleros y al menos once cuyo paradero aún se desconoce.

Es importante resaltar que en los hechos del Palacio de Justicia el Estado no sólo fue responsable por la desaparición de las personas que hoy día se discute y se niega en estrados internacionales, sino también por la muerte de magistrados y demás civiles que perecieron calcinados por el fuego provocado por los ataques incendiarios del Ejército, así como por sus propias balas. Para citar tan sólo algunos ejemplos, basta decir que, según el informe, los cadáveres de los magistrados  Ricardo Medina Moyano y José Eduardo  Gnecco Correa tenían balas que no eran de la guerrilla y el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, murió en el tercer de los incendios, cuya autoría tampoco correspondió al M-19.

La muerte de Reyes Echandía resulta particularmente dolorosa y aleccionadora. El magistrado pidió hablar con el presidente de la República quien nunca quiso pasarle al teléfono. Por radio pidió que cesara al fuego y la reacción fue el veto a los medios de comunicación que siguieran transmitiendo su mensaje. La ministra de comunicaciones de entonces, Noemí Sanín, amenazó con mandarles tropa para apagar los equipos y en su defecto ordenó la transmisión de un partido de fútbol. Fue así como acalló la voz del presidente de la Corte, quien palabras textuales, clamó:

“… Estamos en un trance de muerte. Ustedes tienen que ayudarnos. Tienen que pedirle al Gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el Ejército y la Policía se detengan... Ellos no entienden. Nos apuntan con sus armas. Yo les ruego detengan el fuego porque están dispuestos a todo... Nosotros somos magistrados, empleados, somos inocentes...He tratado de hablar con todas las autoridades. He intentado comunicarme con el señor presidente pero él no está. No he podido hablar con él...”

Para la Comisión de la Verdad, aquel desatendido clamor por el cese al fuego del presidente de la República no fue un llamado de una víctima sacudida por el miedo (razón que esgrimió Belisario Betancourt para no pasar al teléfono), “es la exigencia de pensar una forma distinta de resolver los desacuerdos entre colombianos, un llamado al rechazo a la violencia; una exhortación al diálogo  y al respeto irrestricto de la vida humana por encima de consideraciones estratégicas”.

La paz y la vida no pueden seguir dependiendo en Colombia de estrategias políticas. Ningún partido puede atentar contra el proceso de paz que es patrimonio de los colombianos. Llevamos muchos años bajo el yugo de una estrategia militar que sólo da dividendos de sangre y dinero para los del negocio de la guerra… al igual que votos para los que continúan montando su ideario político en el rentable discurso del odio y la seguridad castrense. El enemigo no es el que nos pintan, es la ignorancia que nos sigue encegueciendo como lo hace el fuego, que junto al olvido, continúa sin cesar.

*Analista.

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