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Opinión

  • | 2007/05/26 00:00

    Por una ley de ostracismo

    Cuando Petro lo propuso, el gobierno dijo que era despreciable. Y ahora que lo hace Uribe, para la oposición es una canallada

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En literatura se usa el siguiente apunte para comprender lo sesgados y tendenciosos que son nuestros juicios: "Un poema es bueno hasta que sabemos de quién es". Y al revés también se cumple: "Un poema es malo hasta que sabemos de quién es". Nuestros enemigos literarios componen siempre obras pésimas; a nuestros amigos, en cambio, todo lo que escriben les sale bien. Algo muy parecido ocurre con las propuestas de ley. No las juzgamos por lo que son, sino por quien las propone. Si las propone el gobierno, la propuesta es magnífica; si las propone la oposición, la intención es malévola. O a la inversa: todo lo que propone el gobierno es perverso, dictado por un cálculo infame, y lo que la oposición propone, maravilloso y bien intencionado.

Gustavo Petro y Álvaro Uribe propusieron, a distancia de dos semanas, prácticamente la misma cosa: condonar la cárcel a cambio de la verdad. Cuando Petro lo propuso, el gobierno salió a decir que era una propuesta despreciable cuyo fin era comprar la confesión de los paracos. Y ahora, cuando es Uribe el que lo propone, la oposición sale a decir que el proyecto del Presidente es una canallada para favorecer a sus amigos y parientes con nexos paramilitares. Igual que con los poemas, no juzgamos las propuestas por lo que son, sino por el proponente, que busca fines torcidos (si es enemigo nuestro), o fines iluminados (si pertenece a nuestro partido).

A mí ambas propuestas -la de Uribe y la de Petro-, que básicamente son la misma, me parecen buenas. Creo que cuando se están negociando la paz y la reconciliación nacional, unas penas muy rigurosas solamente alejan la solución, y la solución pasa, ante todo, por la verdad. "No hay más justicia que la verdad", dijo Unamuno. Lo fundamental no son los años que pasarán los hampones en la cárcel, sino el reconocimiento, con la verdad, del desastroso país que hemos producido mediante el recurso rutinario a la violencia como forma de hacer política. La violencia es la negación de la política, pues la política no puede ser más que un pacto pacífico en el que todos ceden, es decir, en el que todos pierden algo.

A esta propuesta, sin embargo, le hace falta una cláusula de ostracismo. Esta consistiría en que a las personas que hayan incurrido en el delito de afiliarse a cualquier grupo armado al margen de la ley o de tener nexos de conveniencia con ellos, se les impida el ejercicio de la política durante 10 años (como se hacía en Grecia) o por el resto de su vida (como han propuesto aquí). Algo así ya se hace en casos de funcionarios condenados por corrupción. En vista de que matar, secuestrar, desaparecer a otros y traficar con drogas son delitos más graves que robar, también en estos casos debería decretarse el ostracismo.

Como la propuesta anterior, hecha por mí, les parecerá a muchos oportunista, despreciable, la repito con las palabras de otra persona, Andrés Hoyos, que propuso hace poco básicamente lo mismo, y que por venir de su parte (alguien que es considerado por muchos "un derechista") podrá ser mejor tragado sin asco, como una píldora azucarada. Escribe Hoyos: "Yo no dudo que sea necesario negociar con los violentos para que dejen las armas y no dudo que sea posible aceptar transacciones para desatar el nudo gordiano que han dejado la mafia, la guerrilla y el paramilitarismo en el país, pero lo que no se puede es pretender que no ha pasado nada. Por el contrario, la ocasión exige que de una buena vez se establezca que las personas que hayan asesinado, secuestrado, delinquido, robado propiedades y matado por fuera de combate, sean del bando que sean, pierdan 'para siempre' los derechos políticos, en particular el de ser elegidos y el de gobernar".

Hoyos propone una pérdida para siempre del derecho a que los nombren o los elijan en cargos públicos. Una muerte política. En este tipo de leyes son esos los términos que a los legisladores les toca afinar. Ojalá se presentara un proyecto de ley anónimo (como se presentan los poemarios en los premios de literatura) o, mejor aun, diseñado por una máquina, para que no sea descalificado de entrada por unos o por otros, dependiendo del emisor de la idea. Pero como las máquinas no redactan todavía, se puede proponer algo distinto: que la ley la diseñen juntos un representante de la coalición de gobierno y otro de la oposición. Los propósitos pueden ser distintos. El uno buscaría la muerte política de los guerrilleros o sus aliados; el otro, de los paramilitares o sus aliados. Pero como las leyes no pueden tener nombre, guerrilleros y paramilitares caerían en la misma red.

Mientras esto pasa o no pasa en este país de energúmenos, insisto en que no abandonemos la causa de un niño que nació secuestrado: ¡Salvemos a Emanuel. Liberen a Emanuel!
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