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Opinión

  • | 2017/06/21 09:07

    Polarización o Constituyente

    Acomodo del orden jurídico. Desaprobación plebiscitaria y refrendación por el Congreso. Asamblea Constituyente para superar la situación.

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¿Por qué amplios sectores de la sociedad colombiana no aceptan el acuerdo del gobierno con las FARC? ¿Por qué la imagen del presidente Juan Manuel Santos está en su más baja favorabilidad?

La polarización política se ha venido acentuando; primero, con el esquema de paz o guerra; segundo, con negociaciones reservadas, sin participación ciudadana, bajo el amparo de gobiernos como el de Cuba y de Venezuela; tercero, con el acomodo del orden jurídico a las necesidades de las negociaciones; cuarto, con la desaprobación del acuerdo, mediante plebiscito; quinto, no obstante lo anterior, el acuerdo fue modificado y refrendado por un Congreso de mayorías gubernamentales, con un discutible visto bueno de la Corte Constitucional. Así las cosas, no solo se radicaliza la política, sino que se pone en riesgo el acuerdo.

Desde el principio, la estrategia gubernamental fue presentar las negociaciones con las FARC, como la superación de más de cincuenta años de guerra, con lo cual resultaban tácitamente descalificados gobiernos anteriores, con los ejercicios de autoridad y la persecución de los delitos. Pero, lo más importante, produjo una división simplista y empobrecedora: amigos y enemigos del proceso.

De otra parte se debe insistir, en que siempre se trató de una negociación y de una política de gobierno, no se convocaron a todas las fuerzas políticas y sociales en busca de una política de unidad nacional, por el contrario, se permitió que tales negociaciones alimentaran el esquema amigos-enemigos. Se puede decir que se trató de una decisión personal del presidente Santos, que en el primer periodo, pretendía continuar las políticas de su antecesor Álvaro Uribe, mientras que en el segundo periodo obtuvo un respaldo estrecho, para adelantar las negociaciones con las FARC.

Además, dichas negociaciones se surtieron bajo reserva y en el exterior, lo cual resultaba acertado para lograr su culminación exitosa; sin embargo, para algunos consistió en una transacción a espaldas de la sociedad, sin participación ciudadana y alguna de países que habían colaborado a las FARC, como es el caso de Venezuela, o abiertamente simpatizantes de la guerrilla, como Cuba.

Ahora bien, lo lógico es que las negociaciones se hicieran dentro del marco constitucional y legal, pero se tramitaron distintas reformas constitucionales y legales para acomodar el orden jurídico a las necesidades de la negociación. Inicialmente, se expidió un Acto Legislativo, el Marco Jurídico para la Paz, y más tarde otro, con un procedimiento especial y expedito, para la implementación del acuerdo; luego, se reformó la ley estatutaria de participación ciudadana para bajar el umbral y las mayorías del referendo constitucional; después, se modificó el plebiscito y se redujo la mayoría para su aprobación.

Es cierto, el acuerdo con las FARC, desde el punto de vista jurídico, no requería de refrendación popular, pero las negociaciones gubernamentales secretas en el exterior, sin participación de la ciudadanía, políticamente, requerían de tal refrendación ciudadana, para compensar un déficit de legitimidad que no se lograba con los apoyos de otros gobiernos y de organismos internacionales. El tiempo para el análisis y discusión del acuerdo fue escaso.

Como se recordará, el plebiscito negó la aprobación del acuerdo con las FARC, con una estrecha mayoría y baja participación. A partir de ese momento, los errores fueron más evidentes, se acordó con los sectores de oposición cambiar asuntos sustanciales del acuerdo, -a pesar de largos años de negociaciones con el grupo guerrillero-, en menos de un par de meses se hicieron parcialmente modificaciones y se dijo haber celebrado un nuevo acuerdo, que se refrendaría ya no por el pueblo sino por el Congreso de mayoría gubernamental, con el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual se habilitaría el procedimiento expedito de implementación.

Estas situaciones justifican la polarización política y de opinión, así como la baja imagen favorable del presidente. Las dificultades en la implementación y los retardos en el cumplimiento del acuerdo, contribuyen a la división.

Entonces, la solución sería buscar respaldos de todas las fuerzas políticas y sociales nacionales, con amplia legitimidad política y participación ciudadana, dentro del orden constitucional, que supere definitivamente la situación, esto es, la convocatoria democrática de una nueva asamblea constituyente.

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