¿Por qué blindar a militares y policías?

Después de leer varias veces el artículo del expresidente César Gaviria publicado en el diario El Tiempo (15/2/2015), hay algo que no me acaba de convencer y las dudas surgen cuando leo la argumentación que sustenta la propuesta de por qué hay que blindar a policías y militares ante un eventual proceso de paz con las guerrillas en Colombia. Su propuesta se acerca, a mi juicio, más a una ley de punto final convenida, que pretende etiquetarse bajo normas de justicia transicional para que todos queden contentos.

Tres asuntos me llaman la atención sobre este tema: primero, el temor que esboza Gaviria al plantear que “en el futuro los propios miembros de la fuerza pública puedan verse acusados injustamente”, según él, cuando fiscales y jueces “actúen para establecer responsabilidades por cuenta de las muchísimas denuncias que se darán ante la Comisión de la Verdad, o de denuncias presentadas por los ciudadanos en los estrados judiciales o en los medios de comunicación”.

Deja mal parados el expresidente a los entes de investigación y juzgamiento; subrepticiamente les endilga su incapacidad para discernir lo que es verdad de lo que puede ser una mentira. Y advierte, de manera implícita, que no tienen capacidad institucional ni humana para aclarar, con pruebas y en terreno, lo que un denunciante pone ante sus ojos. Interpreto entonces que su estrategia argumentativa es debilitar la justicia. Al respecto, algo tendrían para decir jueces y fiscales.

El segundo punto que causa inquietud es la comparación que hace, muy de la cuerda del uribismo, por cierto, entre las responsabilidades jurídicas que supuestamente tendrían soldados y policías, a las que califica de “eventualidades” y que los pondría en una situación “casi sin posibilidad real de saldar sus obligaciones frente a la justicia”, y “la perspectiva de que los guerrilleros cuenten con libertad”. Refuerza su idea con una lamentación que ofende a muchas familias de víctimas soldados y policías, y es que muchos de ellos, “aun los que cometieron excesos”, vayan a la cárcel pues, a su juicio, defendían “nuestro orden jurídico”. Y concluye aseverando que esa asimetría judicial “es una perspectiva inaceptable para la inmensa mayoría de los colombianos”.

Menos mal soy de esa minoría que cree que debe haber castigo penal para quienes, abusando de las armas del Estado y del respaldo constitucional, violaron los derechos humanos y perpetraron crímenes de guerra. Los guerrilleros están al margen de la ley, pero se les ofrece reconocimiento político cuando un gobierno se sienta a buscar salidas negociadas, entre ellas si habrá sanción penal o no. Es asunto de negociadores y de presión social. Según se infiere de lo que escribe Gaviria, ¿en la defensa de “nuestro orden jurídico” se aplica el concepto de “todo vale”?

A mi juicio, esa filosofía en Gaviria no es nueva. Su reciente artículo me remitió a aquella legislación especial que se creó bajo su presidencia (1990-1994), particularmente el Decreto 1833 del 13 de noviembre de 1992, proferido para enfrentar los problemas de orden público del momento, –especialmente la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de La Catedral–.

A través de ese decreto, el gobierno nacional promovió la delación como estrategia para combatir el Cartel de Medellín y ofreció cuatro garantías a los delatores: a) quien aporte datos concretos y eficaces no sería sometido a ningún tipo de investigación ni acusación por los hechos sobre los cuales declare; b) en “ningún tiempo” podrán ser objeto de investigación o de acusación por esos hechos; c) se les podrá conceder a testigos que estén dentro o fuera del país; d) si la garantía fuese negada porque no fue eficaz, lo dicho no se podrá utilizar en contra del declarante. ¿No tiene ese espíritu del “todo vale” para defender “nuestro orden jurídico”?

El tercer punto que destaco del texto de Gaviria no es tanto su anhelo de blindar la fuerza pública, que es el de miles de colombianos, sino de evitar que en el país se den “las vicisitudes a las que han estado sometidas en otros países del continente, donde se han reabierto los procesos después de que los militares habían sido cubiertos por medidas de indulto o punto final”. Y para sustentar su idea, cita lo ocurrido en Uruguay, Argentina, Chile y Guatemala, y con algo de preocupación dice que “luego de varias décadas después de haber finalizado el conflicto interno, han sido reabiertos los procesos que habían concluido las responsabilidades penales”. 

¿No merecían entonces castigo, bajo ese argumento, Rafael Videla, en Argentina; Augusto Pinochet, en Chile; y Efraín Ríos Montt, en Guatemala? ¿Qué pensarán las víctimas en esos países que se han movilizado justamente para que no hubiese impunidad en crímenes ordenados por esos altos oficiales del Ejército y que comprometieron a miles de personas?

La discusión es compleja, sobre todo si se piensa en aquellos que están involucrados en ejecuciones extrajudiciales de civiles y que ocultaron sus crímenes bajo la manida frase “guerrilleros muertos en combate”; y en lo que actuaron de manera concertada y consciente al lado de las huestes paramilitares, protegiéndolos y garantizándoles altos niveles de impunidad, no importando la crueldad de sus acciones.

Me preocupa ese recorrido discursivo de Gaviria. Sus tres conceptos -debilidad judicial, defensa del orden jurídico y blindaje ante la justicia- apuntan más a promover la impunidad a favor de agentes estatales que, por su cargo, deben ser duramente castigados si se demuestra que incurrieron en crímenes de guerra. En el fondo, interpreto que se trata, finalmente, de propiciar los acuerdos necesarios para que, en el caso de militares y policías, se tomen las decisiones políticas para crear una ley de punto final tan sólida que impida, a futuro, la reapertura de los casos. No es pues, en ningún caso, justicia transicional.

En Twitter: @jdrestrepoe
(*) Periodista y docente universitario