Martes, 17 de enero de 2017

| 2008/07/01 00:00

¿Por qué son débiles y corruptibles las instituciones?

Se piensa, erradamente, que nuestros problemas institucionales se deben a la carencia de principios morales de los funcionarios públicos. Estos funcionarios son corruptos porque las entidades donde trabajan lo permiten y lo propician.

¿Por qué son débiles y corruptibles las instituciones?

Nuestra debilidad institucional ha sido señalada como uno de los más graves problemas que tiene el país, y se ha visto agravada por la corrupción de muchos funcionarios públicos y por la infiltración de grupos al margen de la ley – tanto paramilitares como guerrilleros – en buena parte de las instituciones administrativas y políticas.

Las grandes dimensiones que han alcanzado estos desarrollos, en el caso del Congreso, por ejemplo, no son, sin embargo, la causa, sino el resultado de la fragilidad de nuestra institucionalidad. Las soluciones que se presentan ante coyunturas como la actual, o escándalos como los que aquejan periódicamente a las principales agencias y entidades públicas, se basan en la introducción de un sinnúmero de reformas legales– como la reforma política que naufragó vergonzosamente en el Congreso. En otras ocasiones se nombran “comisiones” que sugieren recomendaciones rara vez implementadas, que, por la premura y urgencia con las que se establecen, generalmente no tienen los medios ni el tiempo necesarios para basar sus conclusiones en análisis serios de los problemas que intentan solucionar.

Hay tres aspectos que contribuyen de manera especial a la vulnerabilidad de las entidades públicas: a) un clientelismo profundamente arraigado, que se opone abierta y eficazmente a los diferentes esfuerzos que se realizan por profesionalizar y especializar la función pública, y por garantizar una verdadera meritocracia; b) la ausencia de rendición de cuentas, sujeta a controles internos y externos que, de hecho, garantiza en la práctica una virtual impunidad; y c) el cambio continuo y arbitrario de políticas y disposiciones, que no permite que las instituciones acumulen sus experiencias y aprendan de ellas. Todos estos aspectos equivalen a lo que se conoce como incentivos negativos, incentivos que erosionan a las instituciones y hacen que cualquier intento de reforma sea contrarrestado desde el interior mismo de las entidades.

Lamentablemente, casi nunca se pregunta cómo inciden cuestiones como la duplicidad de funciones, la falta de capacitación y de profesionalismo, la organización misma de la entidad, la creación de líneas claras de autoridad y de control, entre otros, sobre la disfuncionalidad, ineficacia y la corrupción institucionales. Por el contrario, con frecuencia se piensa, erradamente, en mi opinión, que nuestros problemas institucionales son, sencillamente, de ética; esto es, que nuestras instituciones son corruptas o ineficaces porque nuestros funcionarios carecen de principios morales que los lleven a actuar siempre correctamente. Un análisis institucional mostraría más bien que estos funcionarios son corruptos porque las entidades y sus relaciones con el entorno lo permiten y lo propician.

Un ejemplo de lo anterior puede verse en el análisis sobre el DAS que presentó hace ya más de dos años la Fundación Ideas para la Paz -en el Boletín Siguiendo el Conflicto No. 42 del 7 de abril de 2006-, en el cual se muestra, a raíz de las infiltraciones de los paramilitares denunciadas en aquel momento, que la eficacia de esta institución dependía de su capacidad y de su vulnerabilidad. La primera estaría relacionada, a diferencia de lo sucedido en la Policía y en las Fuerzas Militares, con la falta de modernización en lo referente a la profesionalización de la inteligencia y a la utilización de recursos tecnológicos, lo que resulta difícil dada la inestabilidad de sus directores generales y seccionales. Y es vulnerable porque el DAS es incapaz de “blindarse” contra la infiltración y la corrupción, debido “a la debilidad histórica de la carrera civil en el Estado colombiano,” agravada por un conflicto que deja a sus funcionarios en una situación con “pocos incentivos y muchas tentaciones.” Por otra parte, se trata de una entidad a la que se le asignan funciones que duplican las de otras entidades, tales como funciones de investigación y policía judicial, y otras que no deberían ser de su competencia, tales como la de expedir certificados judiciales, la responsabilidad del control migratorio y la protección de personas. Una de las conclusiones del análisis presentado es que el DAS, en esas circunstancias, deja de ser “un organismo de protección y se convierte en un riesgo para la seguridad del Estado y de la población.”

Por esta razón, la reciente noticia sobre el proyecto de ley que reglamentaría las funciones de inteligencia y contrainteligencia militar y policial en el país sería ejemplo de medidas institucionales que pueden adoptarse, realmente dirigidas a solucionar problemas estructurales más que coyunturales. A pesar de las críticas que ha recibido, es evidente que intenta, a la vez, proteger a los agentes de inteligencia y crear estímulos positivos para su labor, y proteger a los ciudadanos de los abusos – especialmente los abusos de derechos humanos – en los que tradicionalmente incurren las agencias de inteligencia, amparadas por su confidencialidad y por justificaciones de “seguridad nacional.” A este respecto, debe resaltarse la creación de una instancia de control político, ajena a la institución, así como la forma de garantizar, a través de la ley, que resulte imposible, como ha sucedido con frecuencia recientemente, que en operaciones de inteligencia no pueda determinarse quién las ordenó ni con qué fin. Depender de una reglamentación clara e inequívoca que establece controles internos y externos a estas instituciones, será más eficaz que desear la probidad ética de sus funcionarios.

Esperamos que una iniciativa semejante no se vea, como tantas otras, frustrada, precisamente, por los problemas estructurales y de corrupción del Congreso que debe aprobarla.




*Magdalena Holguín es profesora de filosofía y asesora del Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes.
El Grupo de Derecho de Interés Público de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes (G-DIP), es un ente académico que persigue tres objetivos fundamentales: primero, tender puentes entre la universidad y la sociedad; segundo, contribuir a la renovación de la educación jurídica en nuestro país; y tercero, contribuir, a través del uso del derecho, a la solución de problemas estructurales de la sociedad, particularmente aquellos que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra comunidad.









¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.