Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2016/02/01 08:50

La venta de Isagén: por qué sí

En medio de una intensa controversia política, jurídica y financiera, el gobierno vendió su participación mayoritaria en la segunda principal generadora de energía eléctrica.

Jorge Ramírez Ocampo.

Acertada decisión

En vista del debate que ha rodeado la venta de las acciones del Estado en Isagén, es importante tener claros los motivos y consideraciones que llevaron el gobierno a esta decisión. Haré pues una síntesis de las ventajas de la operación, aclarando por qué los temores de los críticos de esta medida son infundados y su propuesta alternativa sería una equivocación.

Primero. El objetivo de la venta fue tener una fuente sana de financiación para una inversión inaplazable en infraestructura.

La infraestructura colombiana necesita con urgencia ser modernizada para estar siquiera en el mismo nivel que la de otros países de América Latina. Los intentos de construcción hasta el momento se han frustrado, en muchos casos, por la pequeñez de miras de sus gestores, por la falta de capacidad de gestión, por la ausencia de diseños completos que permitan abrir las licitaciones en condiciones equitativas o, lo que es peor, por la corrupción de adjudicadores o de adjudicatarios.

Ahora, cuando se han logrado integrar los esfuerzos de las diversas entidades involucradas en esta tarea, con la coordinación de la Vicepresidencia de la República y con la gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a través de un modelo eficiente de concesiones de cuarta generación y con el apoyo financiero de una entidad especializada, necesitamos fortalecer el presupuesto de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para completar las herramientas que nos permitan dar un gran salto en infraestructura.

Segundo. La venta de Isagén no significa la renuncia del Estado a su capacidad de regulación o de definición de políticas del sector energético.

Hay que recordar que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) mantendrá intacta su capacidad de regulación. Cuando en el pasado se vendieron activos productivos del Estado, como fue el caso de Telecom, el gobierno siguió teniendo en su poder la capacidad de regulación del sector.

El Estado de hoy no es un Estado empresario. Sus funciones se cumplen con más eficiencia cuando delega las actividades productivas al sector privado, mientras se reserva la capacidad de definir las políticas, la regulación, las sanciones y la presentación de iniciativas de inversión para que los entes privados compitan por los proyectos.

- Este es el modelo que ha permitido en Colombia el desarrollo de sectores como las telecomunicaciones, que antes estaba encabezado por Telecom y donde hoy compiten varias empresas, bajo la dirección de la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones (CRT).

- Lo mismo ha sucedido en el sector petrolero, donde se separó la función de regulación de la de producción. Antes, ambas funciones estaban en manos de Ecopetrol. Ahora la empresa estatal y muchas otras empresas privadas llevan a acabo de manera eficiente las tareas de producción bajo la regulación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Tercero. La venta de Isagén no implica destruir los activos de la empresa.

Con la venta de la empresa no se exportarán los activos de su propiedad, ni se renunciará a los beneficios que su operación aporta a la economía colombiana. Todo se quedará en Colombia y seguirá generando los mismos beneficios para la economía nacional.

Cuarto. La venta no implica renunciar a las nuevas inversiones que requiere el sector energético.

Un gestor privado tendrá mayor capacidad de inversión, ya que no estará sujeto a los límites de endeudamiento que tiene el gobierno. Además, el sector en cuestión es competitivo y tiene varios actores fuertes que participarán en el desarrollo de las oportunidades de inversión que se presenten para atender la creciente demanda energética nacional.

La experiencia más reciente en esta materia es la del sector de hidrocarburos. Al trasladar las responsabilidades y ofrecer nuevos campos petroleros a empresas que participan en el mercado colombiano, se ha logrado que este sea mucho más dinámico de lo que hubiera sido de seguir bajo la tutela única de Ecopetrol, que era a la vez regulador, gestor y competidor en la exploración y explotación petrolera.

Quinto. Muchos se han centrado en la bondad de la inversión actual en Isagén, sin mirar las necesidades globales de financiación que tiene el país.

A muchos críticos de la venta, el árbol no los deja ver el bosque. Nadie está discutiendo la bondad de la inversión en Isagén. Lo que se está discutiendo es si los recursos para esta empresa se usarían mejor en el mantenimiento de esa inversión o si, dada la limitada disponibilidad de recursos del país en este momento, es más conveniente vender esa inversión (que está en un sector maduro, con varias empresas, públicas y privadas, que pueden mantener su dinámica) y dedicar esos recursos a la infraestructura, la cual requiere una gran inyección de recursos.

Este es un caso similar al del padre de familia que tiene recursos limitados y a quien invitan a hacer una inversión rentable, pero que al mismo tiempo tiene que comprometer su capacidad financiera para la educación de sus hijos. Él puede hacer la inversión y financiar la educación de sus hijos con crédito. Sin embargo, si su inversión no es exitosa no podría continuar la educación de sus hijos en las condiciones que quisiera. En este caso es mejor optar por la alternativa prudente, aunque haya que renunciar a unos beneficios económicos a corto plazo.

Si estuviéramos en la situación de España cuando entró a la Unión Europea y contaba con la chequera de la Comunidad Europea para financiar su infraestructura, la situación sería diferente. Pero no tenemos un “papá rico” y necesitamos con urgencia hacer estas inversiones.

Sexto. Usar las reservas internacionales para la infraestructura no es una buena idea.

Hay quienes proponen que se financie la infraestructura acudiendo a las reservas internacionales que maneja el Banco de la República. Unos proponen que el Banco le preste al gobierno un porcentaje de las reservas actuales. Y otros prefieren que se modifique el sistema contable del Banco para generar unas utilidades de papel que se invertirían en infraestructura.

Esta segunda vía equivaldría a utilizar un sistema que estuvo vigente hasta la Constitución de 1991: la Cuenta Especial de Cambios, mediante la cual se entregaban anualmente al gobierno las utilidades contables que resultaban de considerar como ganancias las diferencias cambiarias asociadas con la constante devaluación del peso. Este fue un sistema de emisión monetaria heterodoxo que le impidió a Colombia reducir su inflación a niveles razonables, porque el Estado prefería emitir en lugar de acudir al procedimiento ortodoxo de decretar el cobro de impuestos para la financiación.

Si otra vez optáramos por este mecanismo, sería de esperar que en el mañana siguiéramos apelando a él para financiar el déficit presupuestal, para solucionar el problema de la salud, o para resolver cualquier problema apremiante que parezca justificarlo.

Séptimo. El sistema de administración de estos recursos en la Financiera de Desarrollo

Nacional (FDN) está diseñado para evitar aventuras irresponsables.

En la FDN tienen una participación muy importante la Corporación Financiera Internacional (IFC), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Grupo Financiero Sumitomo Mitsui. No es probable que entidades de ese prestigio y de esa experiencia estén dispuestas a aceptar un manejo irresponsable de los recursos (sin subsidios a la tasa de interés, sin un apalancamiento de 4 o 5 veces o sin garantías suficientes para asegurar su recuperación).

Con este respaldo se logrará una rentabilidad directa que sea una fuente sana de financiación para los proyectos de infraestructura, los cuales, a su vez, tendrán su propia rentabilidad social.

Octavo. La rentabilidad de la infraestructura no está solamente en el beneficio de los empresarios que realicen las obras.

La inversión en infraestructura tiene una rentabilidad a corto plazo, ya que representa un gasto contra-cíclico, en un momento cuando la economía se ha desacelerado a consecuencia de la caída de los precios del petróleo.

Pero la rentabilidad principal de la inversión en infraestructura está en el mediano y largo plazo, porque es la herramienta para la integración de la economía colombiana. Esta ofrecerá mejores oportunidades para el desarrollo de las empresas grandes necesarias para atender un mercado más amplio y con mayor competitividad, tanto interno como externo.

Cada uno de los grandes saltos de la economía mundial en los últ imos siglos ha estado precedido por una revolución en los sistemas de transporte, tanto en velocidad como en volumen de la carga transportada, a costos cada vez menores. Así se pasó del caballo al tren, del buque de remo y vela al de vapor, de los trenes de carbón a los trenes bala y del transporte terrestre y marítimo al transporte aéreo.

Colombia necesita con urgencia construir una infraestructura más eficiente para poder dar un gran salto de desarrollo económico, movido por la competencia, y que transmita a los consumidores los beneficios de la prosperidad económica. Esto debe lograrse sin aumentar el endeudamiento del Estado y sin regresar a modelos heterodoxos de financiación, como la famosa Cuenta Especial de Cambios, cuyos resultados ya conocemos.

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