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Opinión

  • | 2012/10/06 00:00

    ¿Por qué Simón Trinidad?

    En un ambiente de reconciliación nacional es posible imaginar procedimientos judiciales que antes se veían como un imposible.

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Asistí a la audiencia de Ovidio Palmera, alias Simón Trinidad, el 29 de marzo de 2006, en la Corte de Columbia, en Washington y creo entender por qué las Farc lo han nombrado parte del equipo negociador. En aquella sesión el juez Thomas Logan le negó a Palmera la petición de que fuera considerado prisionero de guerra. Ha sido su gran batalla ante los tribunales de Estados Unidos. Buscar un reconocimiento político. Aun en el difícil momento de su condena a 60 años, en febrero de 2008, habló por más de una hora de las motivaciones de su alzamiento armado.

Ahora las Farc encontraron un camino para insistir en el estatus político de Trinidad: lo metieron en la mesa de negociaciones. Con la fortuna de que el gobierno ha aceptado la designación, el fiscal general de la Nación ha manifestado su aprobación y la justicia norteamericana no ha objetado hasta el momento su participación. Todo dice que se buscarán los mecanismos para que la voz de este líder guerrillero se oiga en Oslo y en La Habana a lo largo de la segunda fase del proceso de paz.

El asunto es clave. No de otra manera se puede entender que el Secretariado de las Farc decline la participación de un miembro activo de su fuerza, con mando sobre la tropa y con conocimiento de los planes y las ideas que esta guerrilla ha desarrollado en los últimos años y en cambio incluya a una persona que hace más de ocho años está en prisión, aislado del país, y con poca o ninguna comunicación con sus compañeros de armas.

La cuestión tiene su fondo. No hay que olvidar que el artículo 35 de la Constitución prohíbe la extradición por motivos políticos. El reconocimiento político es una primera barrera a la posibilidad de que los dirigentes de la insurgencia terminen en cárceles de Estados Unidos. No es una garantía plena. Ya sabemos que se puede alegar que algunos delitos no se pueden considerar conexos con la rebelión y la sedición. Pero en el marco de un proceso de paz el argumento de la condición política del contrincante es muy poderoso a la hora de tomar decisiones judiciales.

La sentencia C340 de la Corte Constitucional que le retiraba el estatus político a los paramilitares en la Ley de Justicia y Paz abrió de par en par las puertas a la extradición de los 14 jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia que dos años antes habían culminado su desmovilización y desarme. También la tesis de que no había conflicto armado en el país enarbolada por Uribe facilitó la entrega de alias Trinidad a las autoridades norteamericanas sin que se generara mayor controversia en el país por la decisión. En este ambiente se perdió toda posibilidad de negociar la paz en el segundo mandato del presidente Uribe.

La primera determinación audaz de Santos fue el reconocimiento del conflicto armado en el texto de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Con ello se le dio nuevamente legitimidad a la salida política. Las Farc entendieron la señal. Ahora quieren que esta actitud trascienda las fronteras. Ovidio Palmera o Simón Trinidad, un hombre que pasó de gerenciar un banco a líder político y de allí saltó a la guerrilla, es el símbolo de una cruzada por devolverle a plenitud la condición política al conflicto colombiano. Con un ingrediente especial: la reacción de Estados Unidos no ha sido adversa.

La situación aún es incierta. Pero una participación positiva de Trinidad en unas negociaciones que terminen en la firma de una paz duradera y estable podría significar una vuelta completa a la tuerca. No sería imposible el regreso del propio Trinidad y de Sonia, la otra guerrillera de las Farc en Estados Unidos, al país. Tampoco se podría descartar del todo una reconsideración de los procesos que se les siguieron a los paramilitares. Igualmente, más de 4.000 militares implicados en delitos relacionados con el conflicto, podrían aprovechar beneficios de justicia transicional y eludir requerimientos de tribunales internacionales. En un ambiente de reconciliación nacional es posible imaginar procedimientos judiciales que antes se veían como un imposible.
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