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Opinión

  • | 2006/10/28 00:00

    ¿Por qué el susto a la igualdad?

    Helena Alviar García, de DeJusticia*, analiza por qué el proyecto de ley 130 del 2005 –por el cual se dictan medidas relativas a la protección social de las parejas del mismo sexo– genera tanto miedo.

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Luego de cinco intentos, el 10 de octubre fue votado por el Senado de la República, con una votación de 49 votos a favor frente a 40 en contra, el proyecto de ley número 130 del 2005: Por el cual se dictan medidas relativas a la protección social de las parejas del mismo sexo. Para que sea ley de la república faltan dos debates en la Cámara de Representantes y la debida sanción presidencial.

En la Cámara de Representantes se espera que la batalla para aprobar este proyecto sea tan o más difícil. El presidente de este cuerpo legislativo, en una entrevista al periódico El Tiempo, dijo que utilizará todas las herramientas constitucionales y legales para archivarlo debido a que va en contra de los principios del Partido Conservador, de la Iglesia católica y de la familia.

Es sorprendente, por decir lo mínimo, que un proyecto de ley que reitera la igualdad formal y establece el derecho que tenemos todos los colombianos a la protección del Estado tenga tanta oposición.

La iniciativa, que tiene sólo dos artículos, no permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo, algo que es posible, entre otros sitios, en España, Canadá y algunos estados de Estados Unidos. Tampoco está ampliando el alcance de la unión marital de hecho. Lo único que hace, en palabras de su autor, es reiterar que “los homosexuales tienen derecho a la protección del Estado”. En este sentido, la ley textualmente dice: “Artículo 1º. Las parejas conformadas por personas del mismo sexo podrán acceder a la seguridad social y podrán conformar sociedades patrimoniales, con los mismos requisitos y condiciones previstos en las disposiciones vigentes para los compañeros permanentes.”

A pesar de lo limitado de sus objetivos, sus opositores se han encargado de censurarla a partir de argumentos que intentan darle un alcance mayor, es decir, que autoriza el matrimonio entre homosexuales y que consagra una nueva definición de familia. En otras palabras, ellos afirmarían, que el proyecto de ley atenta contra temas que están definidos constitucionalmente y reiterados por la jurisprudencia constitucional y que, por lo tanto, no podrían ser cambiados.

Frente al limitado contenido de la ley, el debate ha sido marginal. Por una parte, algunos alegan que los costos fiscales de una iniciativa como esta serían excesivos. Es difícil entender de dónde viene este argumento, si las prestaciones se pagarían principalmente con las mismas cotizaciones que actualmente realizan los afiliados.

Por otra parte, frente a la posibilidad de consagrar algunos derechos mínimos para un grupo que se encuentra desprotegido, el contra argumento ha sido de orden moral: la homosexualidad es indecente y al conceder derechos a este grupo de personas, el Estado estaría ‘propagando’ este comportamiento. Sin embargo, si el Estado colombiano concediera derechos de acuerdo con una definición de lo que es ‘moral’ e ‘inmoral’, podría llegar a excluir a los mismos que están esgrimiendo este argumento de la repartición de derechos.

Esto demuestra que la mejor estrategia para algunos senadores no es debatir los temas de fondo, sino paralizar la negociación de políticas públicas fundamentales para el país. En este caso, específicamente, los opositores se han encargado de evitar el diálogo político y han vuelto la discusión una cuestión de fundamentalismos donde la mejor solución sería hundir la propuesta.

Sería válido preguntarse por qué si el senador Álvaro Araújo y los defensores del proyecto han hecho un esfuerzo tan importante por separar los temas contenidos en el proyecto de ley de la redefinición de la familia y el matrimonio, los opositores se empeñan en relacionarlos. Es a partir de la estructura misma del debate que se hace evidente la necesidad de iniciar una discusión amplia y democrática acerca de lo que entendemos por matrimonio y por familia.

Ahora bien ¿Deberíamos cambiar nuestra idea de lo que es una familia? Yo creo que sí. ¿Cómo podríamos ampliar nuestra definición de lo que es el matrimonio? Podríamos dejar de verlo como un evento casi sagrado por medio del cual el Estado certifica el amor, y podríamos empezar a verlo como un conjunto de relaciones legales que definen no solamente la relación entre una pareja, sino la relación de ésta con su comunidad y el Estado. En cuanto a la familia, podríamos dejar de entenderla como una estructura rígida: papá, mamá, hijos, y empezar a ver las diferentes opciones familiares que existen y que las personas eligen o se ven obligadas a soportar.

(*) Helena Alviar García es Profesora de la Universidad de Los Andes, Directora de la Maestría de la misma institución y miembro fundador de Dejusticia.

Dejusticia (antes DJS) es un centro de pensamiento creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.
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