Viernes, 31 de octubre de 2014

| 2013/06/21 00:00

¿Por qué la valla?

Si Petro gobierna Bogotá, entonces Timochenko puede llegar a gobernar a Colombia.

Foto: .

Unas de las principales razones que ha impulsado el círculo vicioso de la violencia en Colombia son los discursos justificadores del crimen, junto al hecho de que a los autores de las más bárbaras atrocidades se les ha dado seguridad de que tendrán impunidad cuando decidan detener las matanzas.

La paz estable y duradera no puede hacerse sobre la base de la impunidad que reclaman las FARC y de la reforma constitucional Marco Jurídico para la Paz que, de acuerdo con la ONG Human Right Watch, deja en “impunidad miles de crímenes”. La Corte Penal Internacional acaba de señalar que “cualquier propuesta de diálogos de paz tiene que ser compatible con el Estatuto de Roma”, es decir, sin impunidad.

Conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la impunidad se materializa cuando no se investigue, juzgue y condene a los máximos y menos responsables de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. 

Impunidad es también que se les reconozca a tales perpetradores  la posibilidad de participar en política y con ello a gobernarnos. Las FARC lo exigen con claridad: “garantizar” a todos sus “combatientes”  “el derecho a la participación política incluido el derecho a elegir y ser elegido”,  derecho que consideran debe ser pleno y sin limitación alguna.

Respecto a los procesos de paz de final de los años 80 y comienzo de los 90 se construyó un consenso en el país que permitió que los grupos terroristas del M19, PRT, Quintín Lame, EPL y la Corriente de Renovación Socialista se desmovilizaran, se convirtieran en partidos y movimientos políticos, al igual que sus cúpulas pudieran ser elegidas. Resultado de eso, personas como Antonio Navarro y Gustavo Petro, más un puñado de ex integrantes de esas organizaciones pudieron gobernar y hacer parte del Congreso. Tal consenso hace parte de nuestro estado de derecho, razón por la cual debe respetarse.

Pero, a partir de diversas sentencias de la Corte Constitucional se estableció que en Colombia no hay masacres altruistas y que éstas no tienen conexidad con los delitos políticos. Las demás graves violaciones a los derechos humanos tampoco lo tienen y no pueden ser objeto de amnistías e indultos, lo que afecta a las cúpulas que las ordenaron. 

Esto se aplicó con rigurosidad a la desmovilización de los narcoparamilitares de las AUC. 

No sólo se les negó amnistía e indulto a autores de crímenes de lesa humanidad y de guerra, sino que se les sometió a un marco de justicia transicional que de acuerdo a la Corte Constitucional en la Sentencia C 370 no es impunidad. Una consecuencia es que se excluyó a sus responsables del derecho a ser elegidos.

¿Por qué ahora se quiere cambiar esta regla y permitir que los autores de atrocidades puedan participar en política? La doctrina enseña que el delito político tiene carácter altruista, pero no hay nada de altruismo en el asesinato, las violaciones, el desplazamiento, la tortura y el secuestro. ¿Por qué el gobierno Santos pretende ofrecer a los reclutadores de niños la posibilidad de ser elegidos al Congreso o la Presidencia de la República?

Se suele creer que no pasa nada si se le reconoce a los criminales de guerra alias Timochenko, Iván Márquez y Pablo Catatumbo el derecho a ser elegidos, debido a que su desprestigio y repudio por parte de la sociedad colombiana es total. Olvidan que un rechazo mayor suscitaba el M19 luego de la toma del Palacio de Justicia, a pesar de lo cual cinco años después eligieron cerca del 30% de la Asamblea Nacional Constituyente. 

Aún más, el Secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Jaramillo, ante la valla que ha abierto este debate, señaló de forma acertada: “El alcalde Petro seguirá siendo la clara representatividad de que los alzados en armas tienen una posibilidad reintegrándose a la vida civil para que puedan inclusive llegar a gobernar a Colombia”. Estoy de acuerdo y esa es precisamente la razón por la cual el alcalde aparece en la valla. 

Si Petro gobierna Bogotá, entonces Timochenko puede llegar a gobernar a Colombia. Para algunos eso es aceptable, para otros muchos, ni ese criminal, ni cualquier otro perpetrador de graves violaciones a los derechos humanos debe tener el derecho a gobernarnos haya sido de las FARC, el ELN, paramilitar o agente estatal. ¿Cuál es la diferencia entre las masacres ordenadas y ejecutadas por Timochenko y las llevadas a cabo por Mancuso? ¿Por qué los miles de asesinatos responsabilidad de la cúpula de las FARC se deben premiar con el derecho a gobernarnos? ¿Acaso no se trata de violaciones de derechos humanos iguales? 

No es cierto que un proceso de paz para su éxito requiera que todos los integrantes del grupo violento tengan el derecho a la participación política. En el Salvador en 1992 uno de los representantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN  y dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo ERP, Joaquín Villalobos,  negoció y firmó el “Acuerdo de Paz” y aceptó que no tendría el derecho a ser elegido. 

Gustavo Petro y en su mayoría los desmovilizados de los procesos de paz con las guerrillas han cumplido con el “Acuerdo de Paz”, pero eso no significa que los ciudadanos tengamos una mordaza que nos impida recordar que hicieron parte de una organización terrorista que cometió atrocidades. Tenemos derecho a la memoria histórica no sólo frente a las barbaridades de los paramilitares y de los agentes estatales que han violado derechos humanos, sino también a que se conozca la verdad y se recuerden las cometidas por las guerrillas, entre ellas la del M19.

La valla abre una ventana para promover un debate argumentado y provocar una reflexión en la sociedad colombiana sobre la impunidad y la necesidad de rechazar que se siga validando la violencia como un medio legítimo de acción política en la democracia. Una paz bien hecha es una paz justa, que respete los derechos de las víctimas, que investigue, juzgue y condene a los responsables de los crímenes atroces, al tiempo que no permita la participación política de sus autores. 

¡No más ex miembros de grupos terroristas con derecho a gobernarnos!

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