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¿Posconflicto violento?

Preocupa la persecución y asesinato de líderes sociales en las zonas en donde las Farc hicieron presencia histórica, y donde aún persisten las condiciones de violencia por efectos del conflicto armado.

Javier Gómez, Javier Gómez
25 de noviembre de 2016

Según el movimiento social y político Marcha Patriótica, desde que comenzaron las negociaciones de paz en el 2012 cerca de 120 de sus activistas y militantes han sido asesinados, 17 en 2016. En una carta abierta y pública al presidente Santos, el secretariado de las Farc conmina al Gobierno a expresar su posición sobre lo que ellos llaman “el plan pistola” que se cierne sobre líderes sociales y dirigentes de izquierda, precisamente en las zonas de influencia de esa guerrilla en fase de desmovilización.

Denuncian las Farc que son más de 200 los asesinatos ocurridos durante el 2016. Sin duda, detrás se infiere una estrategia regional encaminada a debilitar la paz a punto de ser firmada por el Gobierno y la guerrilla “fariana”.

Ahora, más que nunca, el presidente Santos debe acelerar, tras la firma del pacto final, el proceso de implementación del acuerdo. El cese al fuego bilateral es frágil si no se definen pronto los protocolos de verificación y monitoreo. Además, la seguridad jurídica de los miles de guerrilleros pre concentrados sigue en el limbo a la espera de la amnistía general.

No es posible volver a los funestos años ochenta cuando las autoridades civiles y de seguridad se lavaban las manos responsabilizando de los crímenes contra la Unión Patriótica o Defensores de Derechos humanos a “fuerzas oscuras”, sin que se llegara a un resultado esclarecedor.

Hoy las condiciones son distintas, y con una guerrilla agrupada en trance de desarme, no debe ser difícil que Fiscalía, Ejército y Policía se apoyen en la ciudadanía y en las nuevas tecnologías para detectar a los responsables intelectuales y materiales de estos recientes crímenes, que en muchos casos son señalados como organizaciones paramilitares.
Colombia entra en una etapa de posconflicto difícil y llena de incertidumbres; las fuerzas tradicionales y regionales que se sentían cómodas y a sus anchas haciendo política en medio de la guerra, tras combinar ellas también las formas de lucha, ya no podrán apoderarse del botín del Estado. La presencia de las Farc como partido político legal los pone en aprietos. Esa sola razón cambia el modelo secular de gobernar; un nuevo actor irrumpe en el escenario y eso los tiene intranquilos.

Construir esa paz estable y duradera desde los territorios es el gran reto, y eso es posible si por sobre todo se respeta la vida, si se moderniza el sistema electoral, si se crean las condiciones para consolidar la lucha partidista a través, por ejemplo, del Estatuto de la Oposición, y si se asumen como ciudadanos colombianos a los 10 millones de campesinos abandonados a su suerte durante los años de conflicto armado.