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Opinión

  • | 2012/08/15 00:00

    Preguntas a un candidato al cargo de Defensor del Pueblo

    ¿Qué pasó con la información que recibió en el 2006 la oficina del Vicefiscal General de la Nación en la que investigadores del CTI advirtieron que Severo Antonio López Jiménez, alias 'Job', era a su vez "un pacifista de día" y "un patrón de noche" que entorpecía el proceso de reinserción de las AUC?

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El 8 de febrero de 2006 investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) le enviaron una carta al entonces Vicefiscal General de la Nación, Jorge Armando Otálora Gómez, actual candidato a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo, en la que describían varios hechos criminales que involucraban a Severo Antonio López Jiménez, alias ‘Job’, quien se hizo famoso por ser uno de los asistentes a una reunión en los sótanos de la Casa de Nariño con varios funcionarios del Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
 
En la misiva enviada a Otálora Gómez, los funcionarios judiciales hicieron referencia, entre otros datos, a un homicidio perpetrado en Medellín y por el cual alias ‘Job’ habría pagado un millón de pesos. Además, destacaron que la fuente que tenían y por la cual estaban abogando para lograr que fuera incluido en el programa de protección a testigos fue desaparecida semanas después de acercarse a la Fiscalía a denunciar actuaciones delictuales que involucraban a López Jiménez, desmovilizado del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
 
¿Qué hizo la oficina del Vicefiscal en esa época con esa información? ¿A dónde fue para ese informe que con tanto detalle prepararon los funcionarios en Medellín? ¿Se abrió una investigación penal? ¿Cuál es el radicado y dónde está el expediente? (Ver facsímil de la carta).
 
Esas preguntas se las vienen haciendo hoy magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ante quienes los fiscales de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz de Antioquia deben presentar la reconstrucción de los hechos perpetrados por los bloques de las Auc y los postulados que vienen siendo procesados bajo la Ley 975 para su juzgamiento y condena.
 
En una reciente audiencia de legalización ante este tribunal de varios exintegrantes del Bloque Cacique Nutibara, la carta enviada a Otálora Gómez fue reseñada en la exposición que estaba haciendo el fiscal que lleva ese proceso. Una vez referenciado el documento, los magistrados preguntaron qué había pasado con esa información. El fiscal contestó que había oficiado dos veces a la Fiscalía General de la Nación para que le dieran información sobre ese tema sin obtener respuesta alguna. La última solicitud fue hecha en noviembre de 2011.
 
Ante la falta de respuesta de la Fiscalía General de la Nación, los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín determinaron entonces que serían ellos los que se encargarían de presentar la solicitud respectiva para indagar por el trámite que surtió la carta enviada al entonces Vicefiscal General de la Nación en febrero de 2006. Lo que, en últimas se quiere saber en ese alto tribunal, es si ese informe permitió la apertura de una investigación penal contra alias ‘Job’ y que pasó con ella.
 
Para la época en que fue enviado e informe, alias ‘Job’ se había convertido en el vocero del Movimiento Nacional de Desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia y era el hombre más cercano a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’. Frecuentemente se le veía defendiendo el proceso y cuestionando a todos aquellos que, personal o institucionalmente, llamaban la atención sobre la falta de transparencia de los llamados reinsertados y sus posibles acciones ilegales. Fueron muchas las veces que respondió con agresividad y no vaciló en señalar como “guerrilleros” a quienes criticaban ese proceso.
 
Las declaraciones de alias ‘Job’ en los medios de información eran frecuentes; se movía entre periodistas, analistas, funcionarios de gobiernos locales, regionales y nacionales, con bastante comodidad; se expresaba con soberbia e ironía frente a quienes cuestionaban el proceso de desmovilización; habló en el recinto del Congreso de la República; llegó a viajar al extranjero para entrevistarse con presidentes y ministros; y tenía ínfulas de poder, provenientes de su cercanía con alias ‘Don Berna’.
 
Su confianza con Murillo Bejarano lo llevó el 23 de abril de 2008 a los sótanos de la Casa de Nariño, junto con el abogado del confeso narcotraficante y exinspector general de las Auc, para hablar con funcionarios cercanos al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez sobre la Corte Suprema de Justicia y buscar su descrédito. Allí cobró notoriedad nacional.
 
Sin embargo, quienes lo conocían de cerca y aquellos funcionarios judiciales que le seguían sus pasos no entendían cómo se movía por todo el país y en el extranjero si sus acciones criminales en Medellín y el Valle del Aburrá eran conocidas. La impunidad que lo rodeó fue total.
 
Pero la depredación que rodea la criminalidad en Medellín también alcanzaría a alias ‘Job’. Un sicario lo asesinó en un prestigioso restaurante de la ciudad a las 3 de la tarde del 28 de julio de 2008. Poco se sabe de este crimen. Lo cierto es que se venía rumorando con fuerza en el bajo mundo de la capital antioqueña que a la par de su figuración pública como vocero del Movimiento Nacional de Desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia tendría la responsabilidad de liderar la llamada ‘Oficina de Envigado’. Ante su asesinato, el entonces Alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, fue contundente al hablar de alias ‘Job’ en los medios de información: “es una realidad que no se puede ocultar, no se trata de un héroe de la paz".
 
No obstante, no se conocen hasta el momento expedientes en su contra que prueben la ilegalidad en la que se movió Severo Antonio López Jiménez, alias ‘Job’. La puntada inicial la tuvo el entonces Vicefiscal General de la Nación, Jorge Armando Otálora Gómez, hoy candidato al cargo de Defensor del Pueblo. ¿Qué pasó luego? Esa es la respuesta que esperan los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y los investigadores judiciales que, por varios años, siguieron sus pasos dentro de la ilegalidad y vieron frustradas sus pesquisas.
 
*Periodista e investigador.
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