Viernes, 2 de diciembre de 2016

| 2015/12/04 12:19

Otras preguntas para el defensor del pueblo

Mientras los defensores públicos padecen un sistema laboral de contratación injusto, a una asistente de Otálora la han ascendido dos veces en un año. ¿Por qué?

Juan Diego Restrepo.

La Defensoría del Pueblo atraviesa por una gran crisis institucional marcada por el maltrato laboral que prodiga a sus subalternos el titular de esa agencia del Ministerio Público, Armando Otálora, y también por varias contradicciones que están afectando el sistema nacional de Defensoría Pública, integrado por abogados que defienden, de manera gratuita, a los menos favorecidos en los estrados judiciales.

Estos defensores públicos también representan a exguerrilleros, exparamilitares y a diversos tipos de infractores de la ley que carecen de recursos para atender una causa penal. Así mismo, atienden personas que tienen problemas judiciales relacionados con asuntos civiles, de familia, justicia y paz (postulados y víctimas del conflicto armado) y justicia penal militar, entre otros. A través de un sistema de repartos, estos abogados asumen y conocen los procesos y adelantan su tarea ante los organismos judiciales, por tanto no escogen a quién defender.

El defensor público es un contratista por servicios profesionales de la Defensoría del Pueblo, lo que quiere decir que no es funcionario de vinculación directa, pero en su ejercicio cotidiano actúa como tal: hace turnos, atiende a sus defendidos y recibe un gran volumen de trabajo. En la práctica, asume tareas de funcionario de planta. Su formación académica también es exigente: debe tener especialización y una experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la profesión.

El país cuenta con poco más de 4.000 defensores públicos, a quienes la Defensoría del Pueblo contrata por el término de un año, pero me cuentan que en la administración de Otálora se han presentado numerosos sobresaltos, al reducir en algunos casos la duración de los contractos y, por ende, afectar sus ingresos. Su salario es de cuatro millones de pesos y no ha sido incrementado en los últimos años; de allí deben pagar su propia seguridad social (cercana a 500.000 pesos), transporte, fotocopias y hasta subsidiar, en muchos casos, a sus defendidos. Además, dados los casos que atienden, su integridad personal está en constante riesgo, algunos han sido amenazados y otros asesinados.

En el escenario judicial, el defensor público está en desigualdad de condiciones ante la Fiscalía, que es a la que se enfrenta: carece de una unidad de investigación criminal integral, no tiene laboratorios competentes y no puede acceder a los servicios de Medicina Legal porque no existe disposición o norma que se lo permita. En contraste, el ente acusador tiene su cuerpo técnico de investigación, el CTI, acceso a Medicina Legal y fiscales bien pagos.

La situación de estos servidores públicos no parece interesar a Otálora, quien, según las personas que he consultado, no ha considerado tomar un seguro de vida para los defensores; es más, en los tres años que lleva en el cargo no se reunido con ellos y tampoco los recibe en su despacho. Los ha hecho sentir como “moneda de cambio”, para transar políticamente. ¿Por qué tanto desprecio?

El Sistema Nacional de Defensoría Pública es una herramienta fundamental para el Estado de derecho y no puede ser un botín burocrático ni un invitado de segunda cuando se trata de defender penal y civilmente a colombianos de escasos recursos. Menospreciarlos atenta contra el objetivo misional de la Defensoría del Pueblo.

Y mientras los defensores públicos pasan por las brasas con los pies descalzos en el desempeño de sus funciones y cada vez que se vencen sus contratos, una asesora del defensor del Pueblo goza de algunos privilegios, entre ellos ascender de manera rápida en cargos y salarios en poco más de un año.

Se trata de María Fernanda Guevara Vargas, abogada de la Universidad Externado de Colombia, quien llegó a la Defensoría del Pueblo en enero del 2013. Antes de eso se desempeñó como oficial mayor en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y como abogada auxiliar de la firma Otálora Gómez & Asociados.

De acuerdo con la Resolución 088 del 14 de enero del 2013, esta jurista fue nombrada en condición de provisionalidad en la Defensoría del Pueblo en el cargo de Técnico Administrativo Código 4020 Grado 15, con un salario de 2.893.000 pesos. Dos días después firmó el acta de posesión.

El primer ascenso se dio el 4 de febrero de ese mismo año, es decir, 20 días después de su primer nombramiento. De acuerdo con la Resolución 238, Guevara Vargas pasó a ser profesional especializado Código 3100 Grado 19, también en provisionalidad, con una asignación salarial de 4.559.000 pesos. Tres días después se posesionó.

Luego vino un segundo ascenso que se concretó con la Resolución 171 del 4 de febrero del 2014 con algunas especificaciones interesantes: se nombró “en titularidad” y en el cargo Asesor Código 1030 Grado 21, con un salario de 5.840.000 pesos. Tomó posesión del cargo el 10 de febrero de ese año.

Quienes conocen bien las dinámicas del despacho del defensor del pueblo me dicen que esta abogada hace parte del círculo de confianza de Otálora y por su escritorio pasan muchas de las decisiones que se toman en esta agencia estatal. La pregunta es: ¿Por qué ha tenido un ascenso tan vertiginoso?

No me cabe duda de que el objetivo misional de la Defensoría del Pueblo se viene desvirtuando con las actuaciones de Otálora. Es urgente que el Congreso de la República tome cartas en el asunto, pues fue allí, con una abrumadora mayoría, donde lo eligieron. ¿Es tan difícil hacerle control político? ¿Le tienen miedo?

En Twitter: @jdrestrepoe
(*) Periodista y docente universitario

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.