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Opinión

  • | 2012/11/25 00:00

    Presidente Santos, urge recomponer las relaciones con Petro

    Después de actuaciones ilegales y torpes en lo político por parte de sus funcionarios, el jefe de Estado debe ponerse por encima de pendencias que solo afectan a la ciudad, mientras Petro debe encarar los retos con una actitud más dialogante.

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Que funcionarios del Gobierno Nacional en una interpretación acomodaticia de la Constitución Nacional y de la ley, se vayan lanza en ristre contra la administración de Bogotá, no solo no tiene antecedentes, sino que es ilegal y es una torpeza política.

Como diría el refrán, presidente Santos, el palo no está para hacer cucharas. Tiene suficientes frentes de batalla abiertos, como la pérdida de mar con Nicaragua, la continuación del paro de Asonal, las negociaciones con las FARC, la incisiva oposición del expresidente Uribe, para que ahora por cuenta de darle rienda suelta a unos cuantos funcionarios, el presidente termine comprando un pleito innecesario con la administración Distrital que bien parece una arremetida antidescentralista al mejor estilo de las de Chávez.

En este litigio el primero que pierde es Bogotá. Pero también pueden perder, y mucho, tanto Petro, quien apuesta casi todo su capital político con el tema de las basuras, como Santos si asume como suya una contienda temeraria. Por la vía de convertir al alcalde en víctima y mártir de una causa, el presidente puede abrir un boquete por donde se le pueda escapar buena parte del margen de gobernabilidad.

Por ello, urge la necesidad de recomponer las relaciones entre el Gobierno Nacional y la administración de la ciudad de verdad a verdad, incluyendo la conveniencia o no de que la Consejera para Bogotá, Gina Parody, siga en su cargo. En su corto ejercicio, la consejera se atribuyó facultades que no tiene y una vez consumados sus errores, intentó con argucia poner al presidente de por medio al formular que el alcalde había irrespetado al primer mandatario. 

La consejera debe entender que no solo se logra ganar elecciones unipersonales en virtud del respaldo ciudadano en sí, del reconocimiento, sino también gracias a la menor resistencia que se tenga. Con sus posturas, es posible que esté enterrando sus posibilidades de convertirse en burgomaestre de la ciudad, muy a pesar de su juventud.

En lo que concierne específicamente a las relaciones Nación y Distrito, no tiene presentación que cada dos meses ocurra una crisis y se esté acordando una nueva reunión para superar las asperezas. Sería bueno que el presidente Santos llamara al orden a sus filas y prestara todo su concurso para que la recolección de basuras en la ciudad, por parte del Acueducto a partir del 18 de diciembre, sea exitosa, al igual que en el intrincado número de temas que atraviesan las relaciones Nación y Distrito. El presidente Santos debe saber que él está por encima de pendencias como la mencionada y que la opinión sabrá retribuírselo.

El alcalde Petro también debe saber que debe asumir una actitud más dialogante y preocuparse por elevar el nivel técnico de sus funcionarios so pena se le descarrilen varias de sus mayores apuestas. Ya la opinión tendrá la oportunidad de dilucidar si hubo improvisaciones y falta de gerencia.

Ahora bien, ello en lo que corresponde en lo político y en la coordinación y la concurrencia que asiste a la administración pública, pero desde la perspectiva legal, ¿a qué horas un nutrido grupo de funcionarios públicos se les ocurre que en materia de servicios públicos los alcaldes tienen que circunscribirse al principio simple y puro de la competencia?

La ligereza con que han manejado el tema de las basuras en Bogotá desdice mucho de la idoneidad con que el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, el superintendente de Servicios Públicos, César González, y la directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, Silvia Juliana Yepes, están defendiendo los intereses de los colombianos, y en particular, de los usuarios.

Con sus interpretaciones en los medios y su actuación están desconociendo los artículos 365 y 367 de la Constitución Nacional, que consagran el régimen de los servicios públicos, el 322 y el 287, que instituyen el principio de autonomía territorial, en particular la de Bogotá, y un sinnúmero de apartes de la ley 142 de 1994, entre ellos el artículo 6, el 7.2, el 15.3, además de la sentencia T-724 del 2003 de la Corte Constitucional y diversos de sus autos.

Hay que celebrar, eso sí, que haya funcionarios dispuestos a defender la libre competencia, pero donde la Constitución la haya fijado. Y al superintendente de Industria y Comercio cabría recordarle que tiene una colosal tarea en materia de telefonía celular. Lo que más bien pareciera defender los referidos funcionarios es una trasposición del principio mismo de la concesión, para que pierda su factor de temporalidad y se convierta en un derecho a perpetuidad. La libre competencia en saneamiento básico no existe en Bogotá ni siquiera ahora, donde lo que funcionan son unas áreas de servicio exclusivo.

Es tal la apuesta del alcalde Petro de inclusión social de los recicladores y transformación ambiental con la separación en la fuente que, antes que ponerle palos en la rueda, debería tenerse una posición tolerante a partir del 18 de diciembre, momento en el que seguramente surjan inconvenientes en la recolección de las basuras como parte de un proceso de transición. El propósito de fondo debe ser que la administración Distrital acierte como también el Gobierno Nacional.
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