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Opinión

  • | 2014/02/21 00:00

    Presión de las Farc sobre Hidroituango

    Los ataques se han dirigido contra la población civil y se reportan afectaciones en los bienes de la población. ¿Será posible que desde La Habana den explicaciones al respecto?

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A los habitantes de los municipios de Briceño, Ituango y San Andrés de Cuerquia, la guerrilla de las Farc los tienen en permanente zozobra. Reiterados ataques con explosivos a sus cascos urbanos, veredas y corregimientos no permiten que sus pobladores vivan tranquilos. El pecado de estas poblaciones es estar en el área de influencia del proyecto de construcción de la hidroeléctrica Hidroituango.

Los frentes 18 y 36 de las Farc, que tienen una presencia histórica en esa región del norte de Antioquia, son los responsables de los sendos atentados dinamiteros que dejan millonarias pérdidas materiales y una cantidad de familias afectadas en cada uno de los municipios. Hace poco me entreviste con personas que conocen y trabajan en esta zona del departamento y me hablan del miedo que sienten sus habitantes. Las noches están rodeadas de incertidumbre y después de las seis de la tarde la sensación de inseguridad es profunda.

Desde 2012, las poblaciones referidas han sido objeto de ataques, indiscriminados, a la luz del día, incluso. En ese año, el pueblo más castigado fue Ituango, que padeció ocho atentados en su zona urbana, afectando a por los menos 11 civiles, ajenos al conflicto. Allí tiene una histórica y fuerte presencia el Frente 18 de las Farc.

Para el 2013, la maquinaria bélica impactó a Briceño, una población enclavada en las montañas y que ha estado plagada de cultivos de hoja de coca y entables para la producción de la pasta. Las veredas La Calera, El Orejón y La Mina, así como el corregimiento Pueblo Nuevo, fueron acosados esta vez por el Frente 36 de las Farc. Su estrategia de sembrar minas antipersonas ocasionaron heridas a doce personas y la muerte de otras dos; además, por lo menos 123 familias se vieron afectadas por los controles a la movilidad que impusieron restricciones a la movilidad.

A finales de 2013, las Farc dirigieron sus ataques a San Andrés de Cuerquia, el municipio más cercano a las instalaciones administrativas y talleres del proyecto de Hidroituango. Desde octubre de ese año a la fecha, se han presentado nueve atentados con explosivos, siete de ellos en la zona urbana y dos en área rural. En el pueblo, son más de diez familias, ajenas al conflicto, las afectadas, pues sus casas han sufrido serias averías.

Personas con las que he hablado al respecto, que conocen y se recorren esta región en razón de sus actividades profesionales y personales, se preguntan por qué el Frente 36 de las Farc se ha ensañado con San Andrés de Cuerquia, un municipio que solo cuenta con poco más de 6.000 habitantes, 2.300 de los cuales viven en el área urbana. Lo que me cuentan es que si bien no ha habido desplazamientos masivos, sus pobladores viven en constante zozobra y atemorizados, sobre todo cuando cae la noche, pues temen nuevos ataques de la insurgencia. Para intentar controlar la situación, la Alcaldía decretó un toque de queda nocturno.

Parte de la información que se tiene hasta el momento es que las Farc están utilizando menores de edad para instalar los artefactos explosivos en sitios públicos, los cuales son activados a control remoto a través de un celular. Los últimos atentados ocurrieron hace un par de días, cuando los guerrilleros dinamitaron una torre de energía ubicada en la vereda Taque, de San Andrés de Cuerquia, dejando sin energía una vasta región del norte y afectando a más de 6.000 personas.

El agravamiento del orden público en estos municipios se preveía desde febrero del año pasado, cuando se hizo público que los frentes de las Farc y el Eln que operan en la zona habían hecho causa común para “seguir luchando contra los mega-proyectos de explotación minera, las grandes represas para hidroeléctricas y el mono cultivo de maderas y agro combustibles, que empobrecen a la gente y al medio ambiente”, declarando objetivo militar al proyecto Hidroituango.

No obstante esas consideraciones insurgentes, lo que se lee en el ambiente es que el proyecto de Hidroituango se construye en áreas históricas para las guerrillas de las Farc, “zonas sagradas” me precisa un conocedor de la región, lo que sin duda tiene efectos negativos en su capacidad de movilización de pertrechos, alimentos y todos los insumos para la siembra de hoja de coca y su transformación en pasta. 

Si bien el proyecto ha sido cuestionado por sectores sociales afectados por las obras, lo que ha derivado en sendas movilizaciones campesinas, no se entiende por qué la insurgencia ataca a la población civil. ¿Acaso los labriegos tienen culpa del desarrollo de esa mega-obra de la cual también, en parte, son víctimas? 

En una profunda reflexión sobre la crisis social y humanitaria que vive el norte de Antioquia, plasmada en una Carta Pastoral, fechada el 19 de marzo de 2013, monseñor Jorge Alberto Ossa Toro, obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, sostuvo luego de hacer un análisis detallado de los males que aquejan a las comunidades que “es responsabilidad de todos trabajar en la construcción de un orden social, justo e incluyente. Es urgente poner todo nuestro empeño en la formación de las conciencias y pasar de la reflexión y buenos propósitos a la práctica”.

Esa responsabilidad de la que habla monseñor Ossa Toro también involucra a las Farc. ¿Hablar de desarrollo, tal como se viene haciendo en La Habana, no implica desactivar los ataques a las comunidades que padecen la transformación de su territorio para que enfrenten de manera más serena y tranquila los drásticos cambios de actividades económicas y prácticas culturales que se avecinan? Alguien, desde Cuba, debería ofrecerles una explicación a los agobiados pobladores del norte del Antioquia que no solo tienen que padecer la imposición de una obra monumental y los cambios que ello genera, sino los ataques de una guerrilla insensata.

(*) Periodista y docente universitario

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