Prieto: la cuña que más aprieta

El cerco judicial y disciplinario se estrecha cada vez más  para Roberto Prieto, quien fuera  una de las personas más cercanas y  de mayor confianza de Juan Manuel Santos, desde cuando fue director de la Fundación Buen Gobierno (2002), gerente de su primera campaña presidencial en 2010, representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (2010-2013), y gerente de su segunda campaña (2014).

Esta gran cercanía con el presidente se evidencia en la frecuencia con que Prieto visitaba la Casa de Nariño. Como lo demostró Daniel Coronel en una columna publicada  en Semana (ver columna: https://www.semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-opinion-sobre-las-visitas-de-roberto-prieto-a-la-casa-de-narino/519520), y lo viene corroborando la emisora  W Radio, entre 2010 y  2016 Prieto visitó 39 veces la Casa de Nariño,  de esas visitas 13 fueron al despacho presidencial directamente.

Como una expresión de agradecimiento con Prieto, algo que él interpreta como “un derecho adquirido”, el presidente Santos, a través del Ministerio de Hacienda, que en el año 2010 estaba a cargo de Juan Carlos Echeverri, lo nominó para ser representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, cargo que efectivamente ejerció hasta finales del mes de julio de 2013.

Por cuenta de este nombramiento, en una demostración de independencia y profesionalismo, el Procurador General Fernando Carrillo Flórez, acaba de abrir investigación disciplinaria contra Prieto, porque “al parecer, habría gestionado intereses privados de la sociedad Marketmedios Comunicaciones S.A., en relación con asuntos que pudo haber conocido mientras atendía los intereses del Estado, ante ese organismo internacional de crédito.”

Para la Procuraduría “la representación de Colombia ante un organismo internacional implica necesariamente el ejercicio de función pública, al punto que  su designación se produjo por decisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, por lo cual Prieto está sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses atribuible a cualquier servidor público del Estado colombiano.

En este escenario la situación de Prieto se complica aún más, pues la jurisprudencia de la Corte Constitucional apoya la tesis del Procurador quien ve a Prieto como una persona que desempeñó funciones públicas. En efecto  el alto tribunal viene sosteniendo en su jurisprudencia que  “la posibilidad de desempeñar funciones públicas se predica no solo de las personas que se vinculan con el Estado mediante la elección o nombramiento y la posesión en un cargo, sino también de los particulares que puedan investirse de la autoridad del Estado y desempeñar funciones  públicas administrativas (Sentencia C-037/03). En el caso concreto de Prieto, este represantaba los intereses del Estado Colombiano, y por tanto de todos los colombianos, ante el BID.

Así las cosas,  no solo cabe preguntarse si Prieto incurrió en un conflicto de intereses cuando gestionó una serie de empréstitos, parte de los cuales fueron presuntamente utilizados años después para contratar y pagar servicios de la empresa de su familia, sino también, si por cuenta de los 13 contratos que como lo denunció el periódico El Tiempo y la Revista Semana (ver: http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/contratos-de-marketmedios-con-el-estado-70304 ) Marketmedios firmó con distintas entidades del Estado entre Agosto de 2010 y Julio de 2013, se violó el régimen de conflicto de intereses  establecido en el código disciplinario único (artículo 40), que obliga a todo servidor público declararse impedido para actuar en un asunto en que él mismo o sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad tengan  un interés.

Si el procurador general prospera en su acertada tesis, Prieto y su firma familiar habría incurrido en un grave conflicto de intereses por cuenta del cual el Estado contrató cerca de 63 mil millones de pesos entre 2010 y 2013 con una misma firma, la cual estaba estrechamente relacionada con una persona que no simplemente era uno de los mejores amigos del presidente, sino quien ejercía para entonces  una función pública. No hay cuña que más apriete que la del mismo palo, Roberto Prieto no era cualquier particular, era parte del Estado y como tal debe responder disciplinaria y penalmente.

*Ex Viceministro de Justicia. Decano Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Sergio Arboleda.                      

@ceballosarevalo