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Opinión

  • | 2018/01/04 10:46

    La discapacidad en el censo “básico y austero”

    Es angustioso y lamentable que el censo que se realizará este año se vea afectado por las afugias económicas del Gobierno y más aún que se afecte por ello a los grupos más vulnerables.

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Que el director del Dane, Mauricio Perfetti, considerara siquiera la posibilidad de excluir del censo general de población de este año las preguntas sobre discapacidad –que comprometen los intereses de por lo menos 7 millones de colombianos, entre ellos muchos de los más débiles y vulnerables- es un despropósito.

El tema es especialmente sensible dada la dramática situación que enfrentan en nuestro país la mayoría de las personas en condición de discapacidad y sus familias, protagonistas, solitarios y abandonados, de aterradoras historias de sufrimiento y de dolor que rebasan todos los límites del asombro.

En octubre del año pasado, por ejemplo, la Fiscalía capturó en el Tolima a diez funcionarios de una fundación al servicio de ICBF que sometían a torturas, abusos y maltratos a varios menores en situación de discapacidad que estaban bajo su cargo. Colombia ya suscribió la mayoría de los convenios internacionales en discapacidad, tiene normatividad abundante, institucionalidad estatal y participación del sector privado en el tema, pero poco de eso opera en el mundo real donde millones de personas, en particular niños y ancianos en esa condición, viven sin destino, con sus necesidades insatisfechas, sus derechos ignorados, muchos en la miseria, o víctimas de avivatos y criminales, iguales o peores que los del Tolima.

Ya en el censo de 2005 varias organizaciones tuvieron que dar una lucha tan intensa como la actual para que el Dane incluyera una pregunta sobre discapacidad, que a la postre aportó valiosa información para desarrollar múltiples iniciativas en bien de esa población. Ese es un referente que no se debería perder de vista en la actual coyuntura,

De acuerdo con las proyecciones del censo de 2015 hoy habría en Colombia alrededor de 6 millones de personas en condición de discapacidad, (según la OMS serían el 15 por ciento de la población, más de 7 millones de personas), muchas de ellas víctimas de discriminación, de barreras de acceso a la educación, al trabajo, al emprendimiento.

Según el Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad, las mayores prevalencias se presentan en adultos mayores de 80 años y en niños menores de 10 y el tipo de alteración más frecuente se relaciona con movilidad del cuerpo, -manos, brazos y piernas-, seguida por alteraciones de los ojos, alteraciones del sistema nervioso y de los oídos.

Se calcula que 61 por ciento de las personas con discapacidad no tienen ingreso económico, solo 15,5 por ciento en edad productiva tienen trabajo y apenas 2,5 por ciento ganan el salario mínimo. Un estudio de la Fundación Saldarriaga Concha señala que casi la mitad de los niños y jóvenes en condición de discapacidad no asisten a la escuela, entran más tarde al sistema educativo o no entran del todo a la educación formal y desertan en mayor proporción que la niñez sin discapacidad.

Entidades del Estado, ONG y fundaciones privadas desarrollan múltiples iniciativas para enfrentar esta inmensa calamidad, pero el problema es de tal magnitud que rebasa las buenas intenciones y sobre todo los recursos. Para empeorar las cosas, como tantas otras actividades sociales, el de la discapacidad es un mundo afectado por egos y pasiones e infestado de ventajosos y oportunistas.

El aporte de la información total del próximo censo es fundamental, entre otras razones, porque la de 2005 ya es obsoleta y el Registro para la Localización y Caracterización de la Población con Discapacidad tiene cobertura poblacional limitada.

En ese contexto es fácil entender el rechazo e indignación que suscitaran los términos de la carta dirigida por Mauricio Perfetti al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en busca de recursos y su anuncio acerca de que “las restricciones fiscales y por tanto presupuestales del momento nos limitan a hacer un censo básico y austero”.

Los intereses y derechos de los colombianos en condición de discapacidad deberían ser respetados rigurosamente: el acceso a la salud, al empleo, a la rehabilitación, a la educación. Una trascendental meta colectiva –siempre aplazada- es demoler la indiferencia, la indolencia y la ignorancia que impiden valorar y dar cauce al inmenso potencial, a la creatividad y al trabajo de las personas con discapacidad. La información que aportará el censo es fundamental para hacerlos visibles, para conocer mejor su realidad como fundamento para políticas públicas a nivel nacional y regional, para perfeccionar acciones y orientar recursos con mayor eficiencia.

Además de infortunada, la polémica que desató la carta del director del Dane es un error político descomunal, muy inoportuno para un Gobierno a estas alturas sin autoridad moral, al cual automática e inexorablemente le compararon los 25.000 millones que harían falta para incluir las preguntas de discapacidad en el censo presencial que arrancará en abril, con los costos del clientelismo, la corrupción, el despilfarro, los compromisos del acuerdo con las Farc, entre otros. Eso explica que el presidente Santos haya salido de inmediato a suprimir el debate y a garantizar los derechos de los colombianos en condición de discapacidad. Le quedan los reclamos de los grupos étnicos y de los expertos que exigen las mediciones de la pobreza multidimensional, quienes también se sienten amenazados por el censo “básico y austero” de Perfetti.

@germanmanga

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