Desarme ya

Con el cierre de uno de los puntos más complejos de las conversaciones en La Habana, se estimula la presión de muchos sectores para que se produzca el desarme pronto de las FARC. Ello es una aspiración lógica dado el agotamiento ciudadano con la guerra, sin embargo, se pasa por alto la gravedad de nuestra situación respecto a la creciente tenencia de armas en manos de civiles y no sólo de aquellas relacionadas con el conflicto armado, sino con un desbordado comercio a nivel global que pretende controlarse eficazmente mediante el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), aún pendiente de ser aprobado por el Congreso de la República.

Las estadísticas muestran que en el período 2007-2012 hubo 508.000 muertes por año, producidas con armas de fuego en todo el mundo. El 33% del total ocurrieron en América Latina y el Caribe, casi la mitad de las víctimas son jóvenes entre 15 y 29 años de edad y de cada 5 personas muertas violentamente en el mundo en el 2012 una era colombiana, brasileña o venezolana. Más aún, de los 508.000 muertos por año, 438.000 se produjeron en países en “paz” y 70.000, en países considerados en “guerra”. Por esta razón, e invitados por el profesor Gustavo Vieira Oliveira del Programa de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA), se adelantó en Foz de Iguazú, estado de Paraná (Brasil), la revisión y construcción una estrategia regional sobre desarme para la región con la participación un grupo de 25 interesados que pertenecen a organizaciones de sociedad civil latinoamericana.

El grupo coincidió en la gravedad y rigor del diagnóstico, al tiempo que reconoció avances frente al tema del desarme en alguno de nuestros países, como lo es el involucramiento y apoyo al TCA, ocurrido en abril de 2013. (Ver información sobre el Tratado de Comercio de Armas y elementos para su discusión) Con todo y los avances, se observa que en la región hay incrementos en la venta estatal y adquisición de armas legales con bajísima regulación gubernamental.

Sobre comercio y tenencia, los registros muestran que el número de armas legales en manos de civiles en Colombia es de 3.100.000, en Brasil 17.600.000 y en México 15.500.000. Cifras que no significan mucho vistas en papel, pero cuando se observan a la luz de los altos niveles de ilegalidad que existen en los países mencionados, preocupan y llaman a la acción.

Las armas son un riesgo, por ello políticas de desarme, restricciones a la adquisición, porte y uso deben discutirse e implementarse rápidamente. La experiencia centroamericana en los casos de Guatemala, Honduras y El Salvador evidencia los efectos de la debilidad de control y de la ausencia de protocolos eficaces luego de la confiscación de las mismas por parte de las autoridades. Deja claro que el comercio de armas no exige grandes sofisticaciones y por ello día a día crece el comercio legal e ilegal de las armas que producen el mayor número de muertes en nuestros países, tales como revólveres, pistolas, subametralladoras, fusiles de asalto y granadas de mano. A este escenario debemos sumar la fabricación ilegal que, en el caso de Colombia, ha mostrado no ser un asunto menor. Si bien el tema de desarme es sujeto de titulares en los medios y en muchos municipios y ciudades del continente hay iniciativas de ONG, ciudadanos, iglesias y gobiernos locales, en Colombia hace falta establecer una política de Estado que enfrente el reto planteado.

Como insumo para la construcción de una política de las armas bien vale la pena que Colombia ratifique su adhesión al TCA. Esto permitiría completar el círculo virtuoso de instrumentos internacionales que rigen para el país, como la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal y la de Municiones en Racimo, que dan fuerza a la política internacional de desarme.

Ahora bien, de poco servirán estos esfuerzos si no afrontamos un debate con el Ministerio de la Defensa y las Fuerzas Militares sobre la venta de armas a civiles. ¿Por qué no recoger todas las que se han vendido y suspender este comercio desde el Estado? ¿Por qué insistimos en entregar este poder y capacidad letal a los ciudadanos, cuando sus efectos mortales a diario son tan claros como la afirmación de que el monopolio de las armas debe estar en manos del Estado?

La respuesta a este reto sólo surgirá si profundizamos y ampliamos el número de actores partícipes en el debate y el mismo se define como prioritario.

La irresponsabilidad en el comercio de armas no se presenta sólo en los Estados Unidos, los gobiernos de nuestros países deben de una vez por todas coger este tema por los cachos antes que su embestida sea más grave de lo que ya es.

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