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Opinión

  • | 2016/01/14 15:20

    “¿Cómo voy yo ahí?”

    En cualquier negociación, la justificación de los costos depende de los beneficios esperados.

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Entramos al proceso de paz bajo la creencia generalizada de que su objetivo consistía en establecer mecanismos de excepción para permitir el ingreso a las instituciones políticas y a la vida civil de unos “hijos pródigos” que querían retornar a la casa del “Padre”. En ese contexto tenía sentido que el Congreso, liderado por el Gobierno, adoptara lo que se llamó el “Marco Jurídico para La Paz”, un sistema de justicia transicional que pretendía modular, en aras de alcanzar ese retorno de los rebeldes al sistema político, el rigor de la justicia, es decir, que aceptaba un cierto grado de impunidad que leyes de rango estatutaria debería desarrollar.

Este esquema no fue implementado ni lo será jamás: entra en pugna, en tanto emanación del poder soberano del Estado, con un mecanismo que, al margen de sus bondades, es de carácter bilateral; lo han estipulado, en un plano de elevada simetría, “las partes” que negocian en La Habana con el acompañamiento de la comunidad internacional.

Se trata de una revolución copernicana en el cabal sentido de la metáfora: ya no se trata de redefinir la órbita de un satélite (las FARC) en torno a un planeta de mayor fuerza gravitacional (el Estado colombiano), sino de ajustar las elipsis de dos cuerpos astrales distintos para que giren en torno a un mismo sistema solar (Naciones Unidas, por ejemplo).

¿Cómo pudo ocurrir un cambio tan radical? Por el consenso al que llegaron el Gobierno y las FARC sobre la naturaleza del conflicto armado colombiano, que es, en la versión ya oficial, una “guerra de más de 50 años”. Por supuesto, si esa fuere la realidad, es obvio que Colombia es una suerte de “Estado fallido”: pocas entidades estatales en la historia contemporánea habrían fracasado en proporciones tales en el cumplimiento de su esencial cometido de preservar el orden. Y, de otro lado, si la guerra se ha librado durante un período tan dilatado contra ese movimiento guerrillero, es justamente con él que tiene sentido acordar los términos para superarla.

Bajo esta perspectiva, que considero equivocada pero que, a estas alturas, es irreversible, los beneficios de la paz son claros y se justifican muchos de los costos que pagaríamos, entre ellos la renuncia a que sea el Congreso, en pleno ejercicio de la autonomía que la Constitución lo asigna, quien defina los delitos, las penas, los procesos judiciales y la organización de la Justicia Transicional.

Dicho lo anterior se debe reconocer que el preacuerdo suscrito a fines del año contiene muchos aspectos positivos. El más importante consiste en que los alzados en armas han aceptado someterse ante una jurisdicción especial que, por ahora, supondré de buena calidad e imparcial, para responder por aquellos delitos de excepcional gravedad que no podrán ser amnistiados.

No es un paso sencillo para nuestros adversarios, que preferirían quedar impunes tal como ha sido la tradición colombiana y lo fue en el mundo hasta cuando se inició, con la creación del Tribunal de Nuremberg, el proceso que condujo a la puesta en marcha de la Corte Penal internacional.

El reciente pacto, en conjunto con otros indicios, demuestra con claridad que es firme y, creo yo, irreversible la decisión de abandonar las armas tomadas por la cúpula guerrillera. En los muy pocos meses próximos se deberían resolver los complejos problemas logísticos relativos a la desmovilización y la dejación de armas y los de la refrendación ciudadana, pues, como se sabe, la guerrilla rechaza el plebiscito votado por el Congreso.

Las glosas del Centro Democrático a lo que el senador Duque denomina el “desmantelamiento institucional” son, por lo atrás expuesto, acertadas. También las que versan sobre la estigmatización contra los críticos de las negociaciones a los que se gradúa de “enemigos de la paz”. Esta estrategia puede ser rentable para el Gobierno en el corto plazo, pero dañina en el porvenir. Canjear el conflicto con la guerrilla por una sociedad civil hondamente dividida sería un mal resultado.

Sin embargo, algunas de esas observaciones son disputables. Pretender que el narcotráfico, en ningún caso, sea conexo con los delitos políticos amnistiables, o que las penas deban incluir reclusión carcelaria en los casos más graves, así medie el reconocimiento de culpa y voluntad de reparar a las víctimas, pasa por alto que el comercio de drogas ilegales ha sido el combustible del conflicto y que, en general, quienes con nosotros negocian el fin de la “guerra” tienen prontuarios terribles. Hay que aceptar que como apenas “casi” los vencimos, pregunten: “¿Cómo voy yo ahí?” Y, por obvios motivos, no les simpatiza que la respuesta sea ir a a prisión por períodos dilatados. No importa que la merezcan.
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