Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2016/02/04 15:50

La paz tripartita

La participación de Naciones Unidas es un factor que nos acerca al fin del conflicto.

Jorge Humberto Botero. Foto: Archivo Particular


Consideradas terroristas, con razón, por el gobierno más popular de Colombia en años recientes -el mismo que movilizó millones de personas para protestar contra sus desafueros- no resultaba imaginable que las FARC  pasarán a ser consideradas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como partes en un proceso de paz que la comunidad internacional respalda con unánime entusiasmo. Sin embargo, así ha sucedido. La ganancia política para los alzados en armas es significativa.

Los costos son, también, significativos. La misión encabezada por un delegado del Secretario General se ocupará de verificar el cese al fuego bilateral y definitivo, tanto como la dejación de las armas, que son aspectos centrales del fin del conflicto. No será fácil, por consiguiente, tratar de dilatar, con excusas débiles, las acciones que a tales objetivos conduzcan. Creo que las FARC lo saben y que se meten en este callejón con los ojos abiertos.

Desde el punto de vista del Gobierno, el balance es positivo. No ha sido el Consejo de Seguridad quien ha tomado la decisión de crear motu propio la misión, lo cual habría sido fatal: solo se procede de esta manera cuando las instituciones de un país han colapsado o se encuentran al borde del colapso. Por el contrario -y esto es tan importante como excepcional- ella se establece por iniciativa de un gobierno de origen democrático que tiene, en esencia, control de la población y del territorio. Y la ayuda que pide no es para afrontar la guerra sino para poner en funcionamiento un acuerdo de paz que luce inminente.

La misión que se ha establecido es inerme pues se inscribe en el capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas que trata del “Arreglo Pacífico de Controversias”; y no en el capítulo VII que comporta los famosos “cascos azules”, cuyo historial no ha sido ejemplar. Se les acusa, por ejemplo, de haber facilitado, con su conducta negligente, una masacre étnica ocurrida en Ruanda en 1994.

Más recientemente fueron sindicados de violaciones sexuales masivas en Haití. Indicio muy comprometedor de que la imputación era cierta es que fueron reemplazados por una fuerza integrada exclusivamente por mujeres...  Acusaciones semejantes se han formulado también con relación a los que actuaron en Guinea, Chad y Guinea Ecuatorial. Basta leer la Ilíada para percatarse de lo peligrosos que son grupos de hombres jóvenes, dotados del poder que dispensan las armas, situados en un lugar donde nadie los conoce, y  más aún si han estado privados de sexo por largo tiempo.

De otro lado, para nuestra Fuerza Pública habría resultado lesivo de su dignidad que hubiese tropas extranjeras en el territorio nacional, cumpliendo, así fuere en parte, las funciones que a ella corresponden.

Por todos estos motivos es bueno que no veamos personal armado en los vehículos de Naciones Unidas que pronto van a llegar.

Los observadores que harán parte de la misión provendrán de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, que no pasa de ser un foro de diálogo regional carente de poderes reales, aunque  tiene la ventaja de albergar a todos los países de ambas regiones. No se le dio juego a Unasur, la cual por sus connotaciones chavistas, a muchos hubiera molestado.  

No es asunto menor que la misión tenga un término fijo de un año, período que no puede ser prorrogado sin el consentimiento de nuestro Gobierno. Esta estipulación cancela el riesgo de que, por razones políticas que no se vislumbran en este momento, al Consejo de Seguridad le diere por mantener una presencia que solo se justifica durante un tiempo y para unos objetivos precisos.

El artículo 34 de la Carta de Naciones Unidas prescribe que las misiones civiles se establecen por el Consejo de Seguridad cuando se presenta “una situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia, a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”.  Por lo tanto, aunque no se diga en la resolución, el Consejo de Seguridad en teoría tuvo que verificar que el conflicto colombiano pone en riesgo la estabilidad de otros países. Tal posibilidad no existe, ni siquiera bajo la hipótesis de una guerra interna que ha durado más de medio siglo.

El Consejo ha pasado por encima de esta consideración jurídica  ávido de ayudar a la finalización de un conflicto de proporciones reducidas, que no incide en los juegos estratégicos de las grandes potencias ni implica despliegue de tropas. Otra fuera la situación si se le pidiera intervenir in situ en Siria, Palestina o Ucrania. Casos como estos le quedan grandes a Naciones Unidas o no generan consenso entre sus integrantes.

Quedan pendientes temas importantes: el alcance exacto de la misión, la definición de las zonas de concentración de las FARC, la selección de los observadores internacionales y la destinación que se dará a las armas para que su “dejación” sea irreversible. Así mismo, el espinoso asunto de la ratificación popular y las “salvedades” que el movimiento subversivo, como buen negociador que es, no ha levantado.

Resueltos estos temas, será verdad, como lo dijo De la Calle, que el fin del conflicto es tan irreversible como montarse en una escalera eléctrica.

Coda.  Me informan que en las escuelas en donde se forman los futuros oficiales de la Fuerza Pública se practica la siguiente regla: las faltas individuales generan castigos para todo el curso. Así no se inculcan valores liberales ni respeto por los derechos humanos.

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